Dos palabras definen el nivel de transparencia del poder legislativo de Panamá: opaco y cerrado. La Asamblea Nacional sigue estando en los últimos lugares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL): quedó en el puesto 10 de 14 países evaluados y obtuvo una calificación de 38.93%, en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto.
En 2020, el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%, y aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%), no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que si lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador.
El estudio ubica a Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras. La investigación, que se hace pública a 32 días de las elecciones generales del próximo 5 de mayo, fue presentada este miércoles 3 de abril en el atrio del Tribunal Electoral, en un acto organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El ILTL 2023 evaluó cuatro aspectos:
Normatividad: toma en cuenta la existencia de leyes y reglamentos respecto a temas de transparencia y participación. En este asunto, Panamá sacó 55.3%. En 2020 obtuvo 15.5%.
Labor del congreso: mide las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo de la función legislativa. La Asamblea local obtuvo 47.9% vs 48.6% que tenía hace dos años.
Presupuesto y gestión administrativa: evalúa el nivel de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para la labor del congreso. Panamá fue calificado con 9.8%, mientras que en 2020 le dieron una nota de 11.8%.
Participación ciudadana: mide la existencia de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en los diferentes procesos legislativos. El palacio Justo Arosemena sacó 46.3% y en 2020 obtuvo 50%.
En lo que concierne a normatividad, el ILTL destaca que en Panamá no existe ninguna regulación que obligue a los diputados a proporcionar información sobre sus gastos. Sin estos datos, advierte el estudio, la ciudadanía “rara vez” tiene conocimiento del trabajo de los diputados, lo que diluye la capacidad ciudadana de fiscalización.
La investigación califica de “desfasada en exceso” la actual legislación sobre declaración patrimonial. También advierte que “carece de los requisitos mínimos para ser considerada un instrumento de transparencia”.
La Asamblea Nacional sigue en tinieblas; índice la ubica entre las menos transparentes
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 3, 2024
El estudio ubica a Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras. https://t.co/279cpCLUTn pic.twitter.com/15fiwfDBG6
“En general, los diputados no están obligados a hacer declaración patrimonial al iniciar o finalizar sus respectivos periodos. En el ámbito legislativo, esta obligación solo existe para el presidente y para los funcionarios de manejo. Sin una reforma apropiada a la Ley, los documentos que hoy conocemos como declaraciones patrimoniales carecen de eficacia como instrumento de fiscalización ciudadana”, se lee en el documento.
En la mesa redonda denominada Retos y oportunidades para la Transparencia Legislativa en Panamá, se analizaron los resultados. En esta dinámica participaron Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico; Carlos González, gerente de proyectos de IDEA Internacional Panamá; Hernán Larraín Fernández, expresidente del Senado de Chile; Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del TE; y Juan Diego Vásquez, diputado independiente.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, presentó el ILTL 2023.
