La práctica de modificar el presupuesto a medida que avanza el año, a espaldas de la ciudadanía, parece ser una constante en la Asamblea Nacional.
Por lo menos, así ocurrió en el 2021. La prueba está en que el Legislativo, órgano que preside el diputado perredista Crispiano Adames, en diciembre del año pasado concluyó con un presupuesto de $200.9 millones, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Administración y Finanzas del Legislativo.
Es decir, que en un año gastó lo presupuestado hasta julio pasado: $200.4 millones.
El incremento
En 2021, la Asamblea arrancó el año con una suma de $107 millones, y en 11 meses, esta institución se inyectó otros $93.8 millones. Probablemente lo hizo en 11 meses, y no en los 12 que tiene el año, porque la Ley 248 del 29 de octubre de 2021 que dictó el presupuesto del Estado no permite modificar el presupuesto antes de febrero.
Al finalizar el 2021, la Asamblea reportó una ejecución presupuestaria del 98%. Lo que significa que el Legislativo desembolsó pagos por $196.6 millones el año pasado.
El grueso de ese monto, como era de esperarse, se destinó a funcionamiento: planillas, contratación de servicios, compra de bienes, mantenimiento de edificios, viajes, alquiler de vehículos, publicidad, alimentos, y consultorías, entre otros. En 2021, solo $16.2 millones se destinaron a inversión.
El patrón
Este 2022, el Legislativo parece seguir un patrón similar al que trazaron el año pasado con opacas modificaciones. Empezó el año con un presupuesto de $143.9 millones, pero hasta julio pasado, ya lo había incrementado a $200.4 millones con silenciosas modificaciones. Todo ello mientras el país atraviesa una complicada situación económica y social, momento en que la ciudadanía apela por la austeridad y la contención del gasto público.
Una de las principales funciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, instancia que preside el diputado perredista Benicio Robinson, es evaluar las peticiones de partidas y créditos adiciones de los ministerios y demás instituciones.
Según la norma, la cual se revisa cada año, el presupuesto se puede modificar de dos maneras: con traslados de partida y a través de créditos adicionales. En el caso de los créditos, estos deben ser avalados por el Consejo de Gabinete, y luego deben tener el visto de la Comisión de Presupuesto.
Pero, si se trata de traslados de partida menores a $200 mil, no tienen que ser discutidos en la comisión.
En la mira
En los últimos días los presupuestos de la Asamblea han estado en el centro de las críticas. La mirada está puesta en la cifra con la que este órgano pretende trabajar en 2023: $150 millones, o las modificaciones al presupuesto hasta julio pasado: $200.4 millones.
“Si la Asamblea en teoría suspendió viajes, viáticos, compra de equipos, pago de horas extra, seminarios, pago de alimentación, publicidad; ¿por qué ahora necesitarían más presupuesto? ¿Dónde está la coherencia entre una cosa y la otra?”, aseguró en Twitter Cristian Ábrego, de la agrupación Conciencia Ciudadana.
“Asamblea Nacional, ha sido, es y seguirá siendo el principal centro de poder político y de corrupción de Panamá. El aumento de $150 millones en su presupuesto para el 2023 es prueba de su histórico abuso y prepotencia”, opinó la educadora Ileana Gólcher en la misma red social.
Mal calificado
La opacidad del presupuesto legislativo en la Asamblea Nacional es un tema que ha sido objeto de análisis a nivel internacional. En el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020, elaborado y publicado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Panamá puntúa por debajo de la media regional, con 35.2%.
Sin embargo, en la subcategoría correspondiente a presupuesto y gestión administrativa, el país fue calificado con 11.8%, casi 13 puntos por debajo de la media regional (24.5%). Aquí se evalúa el nivel de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para la labor de los congresos.
El Legislativo panameño obtuvo cero en cuatro puntos, uno de ellos relacionados precisamente a la publicación del presupuesto, pues la Asamblea Nacional no hace pública la manera sobre cómo distribuye sus números.
Si bien algunos informes publicados permiten conocer el “ejercicio presupuestal”, no da a conocer el detalle del mismo. El Informe Latinoamericano de Transparencia Legislativa resalta, entre otras cosas, que el Legislativo panameño no aplica mecanismos de participación ciudadana para involucrar a la comunidad en el proceso presupuestario de la entidad.
