La Asamblea retrocede: eliminó la derogatoria de la Ley 406 y reforzó la moratoria minera

Luego de escuchar a juristas, ambientalistas, políticos, gremios y ciudadanos, el pleno de la Asamblea Nacional (AN), en consenso, devolvió a segundo debate el proyecto de ley 1110 y eliminó el artículo que contemplaba la derogatoria de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

La propuesta es la misma que establece una moratoria en las concesiones para minería metálica.

El cambio fue aprobado en segundo debate y ahora espera el tercero. Como el Ejecutivo aprobó dos días para sesiones extraordinarias (1 y 2 de noviembre), el presidente Laurentino Cortizo, a las 7:07 p.m., anunció la extensión de la convocatoria de las sesiones extraordinarias hasta hoy viernes.

La sesión

Fue una jornada movida. En el hemiciclo legislativo los diputados caminaban de un extremo a otro. Se reunían en los salones contiguos, hacían llamadas, se secreteaban. El plato fuerte de todas las conversaciones entre opositores, independientes y oficialistas era si mantenían o no la derogatoria de Ley 406 de 2023, dentro del proyecto de ley 1110.

Un día antes, el miércoles 1 de noviembre, la Asamblea descartó el proyecto de ley 1109, que llamaba a una consulta popular para decidir si se terminaba o no el contrato con Minera Panamá. En cambio, aprobó el proyecto que contemplaba la moratoria (el número 1110), al que agregó un artículo que, como advirtieron varios juristas, era lesivo: el que derogaba la Ley 406.

El constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi advirtió que con eso se llevaría al país a un “atolladero jurídico”. Explicó que le impediría a la Corte Suprema de Justicia declarar la inconstitucionalidad de una ley inexistente, precisamente, por derogada, haciéndole otro nuevo favor a la minera en perjuicio del Estado.

Al mediodía, tras las consultas con asesores y sin iniciar la sesión del pleno legislativo (el cual había sido convocado para las 9:00 a.m.), el perredista Jaime Vargas, presidente de la Asamblea, citó a una reunión a todos los jefes de bancada y se desarrolló una junta directiva ampliada.

Los resultados de ese encuentro se conocieron a las 2:31 p.m., cuando inició la sesión y se leyeron los cambios acordados.

Fue así como el proyecto que esperaba tercer debate fue devuelto a segundo, para hacerle los cambios. Entre las modificaciones acordadas por las bancadas está la reforma del título del proyecto y de los artículos 2 y 3 y la eliminación de los artículos 5 y 6.

Mientras los diputados maniobraban, en las calles del país el clamor de los ciudadanos por la apertura de las vías originó enfrentamientos de pueblo contra pueblo.

Manifestantes en San Félix, provincia de Chiriquí, lanzaron piedras a los productores que intentaban circular con sus vehículos cargados de frutas y vegetales. Una situación similar tuvo lugar en Volcán, donde los productores en caravana trataban de pasar en uno de los tantos puntos cerrados por algunos manifestantes.

En Capira, Panamá Oeste, los conductores volvieron a quedar atrapados en los cierres. Escenario similar se vivió en Veraguas y Coclé, entre otras provincias.

En tanto, afuera de los predios de la Asamblea Nacional, los docentes protestaban. Llegaron a la plaza 5 de Mayo, contigua al palacio legislativo con banderas de Panamá y paraguas para protegerse de la lluvia. Gritaban consignas en contra de las acciones de la Policía Nacional para dispersarlos.

Pero dentro del Palacio Justo Arosemena, la acción seguía. Después de leer las modificaciones al proyecto de ley 1110, el pleno declaró un largo receso hasta las 4:02 p.m., que fue el momento aprovechado por los diputados para plantear las modificaciones.

Los cambios

Así las cosas, el título del proyecto de ley quedó así: “que prohíbe el otorgamiento de concesiones para exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en todo el territorio nacional”.

El acuerdo entre las bancadas también estableció un cambio en el artículo 2, para que “lo dispuesto en el artículo uno conlleve al Ministerio de Comercio e Industria a no “otorgar concesiones para exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá”.

Además, “rechazará de plano toda nueva solicitud presentada para la obtención de concesiones a partir de la promulgación de la presente ley”.

Eliminaron el artículo 5 y 6 referentes a la derogatoria de la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Se modificó el artículo 3 del proyecto para que, “a partir de la promulgación de la ley, queden rechazadas todas las solicitudes en trámite para la obtención de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos; y el Ministerio de Comercio e Industria dispondrá el archivo de estos expedientes dentro de un término de tres meses siguientes a la promulgación”

A las 4:02 p.m. se retomó la sesión. Se abrió el debate para que los diputados hablaran. El independiente Juan Diego Vásquez manifestó que, para brindarle paz social al país, hay que ponerse de acuerdo sobre la vía a seguir. Por eso, añadió, presentaron las modificaciones. Pidió a la Corte Suprema de Justicia jugar su papel en el tema, en referencia a las varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que han sido admitidas.

El diputado perredista Ariel Alba pidió al Ejecutivo extender las sesiones extraordinarias. Señaló que las modificaciones son un mecanismo para que “el país pueda avanzar”.

Dijo que escucharon otros planteamientos jurídicos. “Permitamos que sea la Corte Suprema de Justicia, que es la garante de la constitucionalidad del país, que falle en derecho”, sustentó.

El diputado perredista Leandro Ávila confesó que la sesión se atrasó debido a que estaban reunidos desde las 9:00 a.m.

Luego, rápidamente, se fueron a votar por las modificaciones del proyecto. Los cambios se aprobaron en su mayoría con 63 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Con la eliminación del artículo que derogaba la Ley 406, la Corte será la que tenga la última palabra sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Aminta Bustamante

Reportera Política.