Luis Eduardo Camacho, diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), logró que sus colegas de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dieran luz verde a su propuesta legislativa para ampliar las sanciones a fiscales, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante la sesión que la Comisión de Gobierno celebró este martes 27 de agosto, prohijó la propuesta, lo que significa que podrá ser discutida en primer debate. El proyecto de ley de Camacho propone modificar el artículo 389 del Código Penal para extender la figura de prevaricato a fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa, que fue presentada ante el pleno legislativo el lunes 8 de julio de este año, también contempla aumentar las penas de cuatro a seis años de cárcel para quienes cometan este delito.
El artículo 389 del Código Penal define la figura del prevaricato de la siguiente manera: “el apoderado que, mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, perjudique la causa que le ha sido confiada o que, en una misma causa, sirva a partes con intereses opuestos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se aumentará hasta la mitad”.
En la Comisión de Gobierno se prohijó el Anteproyecto de ley 22, que reforma el artículo 389 del Código Penal, para adicionar el Prevaricato a Jueces y Fiscales. Proponente, el H.D. Luis Eduardo Camacho. #UnaNuevaAsamblea pic.twitter.com/gZ6j9UXiF4
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 27, 2024
Además de Camacho, la Comisión de Gobierno está integrada por los siguientes diputados: Crispiano Adames y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático; Ariel Vallarino, de RM; Roberto Zúñiga y Luis Cheng, de Vamos; Francisco Brea, del Partido Panameñista; y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino.
La de este martes fue la tercera sesión de la Comisión de Gobierno.
Durante la discusión, Camacho dijo que el prevaricato no es una figura que inventa su iniciativa de ley. “Es una figura que incluso existe en nuestro país, pero a diferencia de países con más tradición legislativa y constitucional, en Panamá está tipificado a limitar ese delito cuando los abogados en una parte del proceso se ponen de acuerdo para perjudicar a una de las partes”, añadió.
‘No busca venganza’
Según Camacho su propuesta “no busca venganza”, por el contrario, añadió, busca “fortalecer la democracia”.
Recordó que cuando él presentó la propuesta (8 de julio pasado) “sus enemigos gratuitos” dijeron la propuesta buscaba castigar a personas (fiscales, jueces y magistrados) que recientemente han tenido actuaciones “ajenas a la ley”. “Cosa que no es cierta”, añadió, pues las normas que se aprueban no tienen carácter retroactivo.
El proyecto llegó al pleno legislativo (8 de julio pasado) días después de que el procurador Javier Caraballo destituyó a Zuleyka Moore y Adecio Mojica, quienes desde las fiscalías anticorrupción investigaron casos de alto perfil como Odebrecht y Blue Apple, entre otros. Varios de los procesados en estos casos en la actualidad son cercanos al poder.
Camacho es persona cercana al expresidente Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá para evadir su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.
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El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, tomó la palabra para explicar que en efecto, el prevaricato es una figura que está muy presente no solo en las situaciones legales no solo del país, sino de toda la región, no obstante, recordó que el capítulo del Código Penal de Panamá, existe el artículo 346. El mismo dice lo siguiente: “El servidor público que, desempeñándose como miembro del Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”.
Propuso que a este artículo se le podría introducir una adición.
Roberto Zuñiga, diputado de Vamos, destacó la importancia que esta iniciativa legislativa debe tener en primer debate.
“Este proyecto no está escrito en piedra, si hay que mejorarlo se mejora, y si hay que rechazarlo se rechaza”, dijo Camacho. Pero dijo que no quiere “dejarle ninguna ventana abierta” a los abusos en materia de aplicación de la justicia.
Después de escuchar los distintos argumentos el proyecto fue prohijado. Contó con el voto favorable de siete de los nueve diputados que estaban en la comisión.
