Alonso Rodríguez, asegurado y miembro del Grupo de Pacientes de Hemodiálisis (Grupadi), compartió sus reflexiones sobre las fallas estructurales de la Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá durante el primer debate sobre las reformas a la entidad.
Con décadas de contribuciones al sistema, Rodríguez cuestionó cómo la institución administra sus recursos, señalando que enfrenta una crisis derivada de la falta de planificación, el nepotismo y los malos manejos administrativos. “Salvar al Seguro Social no debería ser una utopía, pero actualmente parece una tarea monumental”, enfatizó en su intervención.
Rodríguez comparó la situación de los asegurados con una familia donde un solo miembro sostiene económicamente al resto. Según cifras oficiales, de los 3.1 millones de afiliados al Seguro Social, solo 1.5 millones son cotizantes activos.
“¿Cómo se sostiene un sistema donde el número de beneficiarios duplica al de contribuyentes?”, cuestionó. Para él, la solución no pasa por aumentar las cuotas o la edad de jubilación, sino por realizar un análisis más detallado del balance entre cotizantes y beneficiarios.
Funcionarios jubilados y eficiencia laboral
Una de las principales preocupaciones de Rodríguez es la eficiencia del personal en la CSS. Señaló que gran parte de los 38,000 funcionarios ya están jubilados o próximos a jubilarse, lo que, según él, afecta la productividad y la calidad del servicio.
También criticó los largos tiempos de espera en emergencias y los cambios de turno, que pueden extenderse por hasta dos horas, cuestionando si la distribución del personal realmente responde a las necesidades del sistema.
Asimismo, denunció el nepotismo dentro de la CSS, comparándolo con prácticas similares en otras instituciones públicas. Aseguró que los nombramientos basados en conexiones políticas y no en méritos han empobrecido a la institución.
“No hay un sistema de competencia real en el ámbito laboral. Esto afecta tanto a los asegurados como a los funcionarios comprometidos”, afirmó.
El costo de la ineficiencia
Con una visión crítica pero respetuosa, Rodríguez cuestionó las prácticas laborales de algunos médicos de la CSS. Relató su experiencia personal en los complejos hospitalarios, observando que los tiempos efectivos de atención médica se reducen debido a pausas prolongadas y reuniones informales.
“¿Cómo salvamos al Seguro Social si no cumplimos con los horarios establecidos?”, preguntó, instando a una mayor responsabilidad profesional en todos los niveles.
Para Rodríguez, la solución para salvar al Seguro Social radica en la prevención. Enfatizó que enfermedades como las que requieren hemodiálisis representan una de las mayores cargas económicas para la CSS, con costos que alcanzan los 30 millones de dólares anuales.
Propuso la implementación de programas sólidos de prevención en lugar de depender exclusivamente del tratamiento. “Si no frenamos este crecimiento, los costos serán insostenibles”, concluyó.
Visión médica
Por su parte, Fernando Castañeda, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), denunció que el programa de enfermedad y maternidad de la CSS ha sufrido fuertes pérdidas durante los últimos tres años, atribuyéndolo a una mala planificación, como en el caso de Ciudad Salud.
Señaló que el proyecto de ley 163 pretende cargar a la CSS con responsabilidades de la población no asegurada, una obligación constitucionalmente asignada al Estado. Además, expresó su preocupación por la falta de medidas para frenar la evasión fiscal y la informalidad laboral que, según él, el proyecto parece incentivar.
Según Castañeda, en la propuesta de ley se limita a la institución y facilita que el gobierno utilice los fondos de la CSS para adquirir deuda pública. En el mismo tenor, criticó que el artículo tres restringe el derecho a huelga, considerando que busca silenciar las demandas de los gremios ante problemas como la falta de insumos médicos y medicamentos esenciales.
Aunque uno de los puntos más alarmantes, según Castañeda, es el artículo 65, que permitiría al director general delegar la administración de los fondos de pensiones a empresas privadas, abriendo la puerta a la privatización.
No obstante, tanto el director de la CSS, Dino Mon, como el propio presidente de la república, José Raúl Mulino, han negado que con la propuesta de ley se pretende privatizar la CSS.
