Pese a que es la entidad encargada de fiscalizar el uso del dinero público, la Contraloría General de la República asegura no tener injerencia en los fondos que entrega la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a juntas comunales y municipios.
Se trata de fondos que se reparten a los gobiernos locales a discreción, de manera secreta o de forma paralela, adicionales a aquellos que ya reciben por los dos programas oficiales de la descentralización: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI).
Esa es parte de la respuesta de la secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez, al diputado Juan Diego Vásquez, quien desde mediados de 2022 ha tocado innumerables puertas de entidades oficiales para que le informen cuáles son los municipios y juntas comunales del país que reciben partidas al margen de los dos programas y cuál es el monto que eso representa.
En la carta que la secretaria general de la Contraloría le envió al diputado el pasado 9 de mayo, se advierte que esa institución no “tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes junta comunales o municipios”.
La funcionaria agregó que la Autoridad Nacional de Descentralización decide qué hacer con las transferencias solicitadas por los gobierno locales, por lo que corresponde a esa entidad “suministrar los montos, detalles y justificaciones, en atención a que es la responsable de custodiar toda la información relacionada con los desembolsos que realiza”.
Sin embargo, Edward Mosley Ibarra González, director la Autoridad Nacional de Descentralización, se ha negado a proporcionar esa información pública.
El diputado Vásquez, en su intento por conseguir la información, presentó un habeas data contra la AND, pero la Corte Suprema de Justicia no le concedió el recurso, argumentando asuntos de forma.
Lo que sí admitió por escrito Ibarra González, es que su despacho proporciona partidas a los gobiernos locales que piden a la entidad que les asigne recursos adicionales, pero no dijo quiénes son los beneficiados, con qué criterios se otorgan los fondos ni cuántos millones se han entregado. El diputado Vásquez sospecha que se están distribuyendo millonarios fondos con criterio político.
Ibarra explicó que esos desembolsos adicionales están amparados en el artículo 236 de la Constitución, que establece que “el Estado complementará la gestión municipal cuando esta sea insuficiente, en casos de epidemia, grave alteración de orden público, u otros motivos de interés general en la forma que determine la ley”.
Hepburn
Vasquez también preguntó sobre el tema al ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, quien le respondió que en la Resolución 9 del 3 de febrero de 2021, se designó a Alexander Alex Hepburn como representante del Ministro de la Presidencia en la junta directiva de la AND.
Hepburn es uno de los hombres de confianza del exministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, quien ahora está en campaña política para ser el abanderado del gobernante PRD, en las elecciones de 2024.
Hepburn es el presidente del Consejo Directivo Nacional del PRD por el circuito 8-3 (antiguo 8-7) y además es otra figura vinculada a los círculos de poder que sale retratado con Caridad Kanelón, quien fue detenida recientemente en medio de un operativo anti lavado de activos.
El artículo 21 de la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización en la administración pública, indica que el “ministro de la Presidencia o quien él designe” es la persona que “presidirá” la AND. Según la misma norma, la junta directiva tiene 14 funciones, entre ellas, de “informar las propuestas de transferencias de recursos y traslado de competencias” y “conducir, ejecutar, monitorear y evaluar el traslado de competencias y la transferencia de recursos a los gobiernos locales”.
Entre junio y agosto pasado del 2021, doce juntas comunales de Bocas del Toro, feudo político del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, recibieron $2.6 millones de la Autoridad Nacional de Descentralización, entidad que en ese momento estaba a cargo de Francisco Vigil, perredista y exalcalde de David, Chiriquí. Esos gobiernos locales tienen una cosa en común: están controlados por autoridades del PRD leales Robinson.
Esos fondos no tienen que ver con las partidas que asigna la Ley 37 de 2009; son extraordinarios. Se otorgan de manera selectiva. En una gira que realizó este medio a Bocas del Toro, se entrevistó a varios de los representantes de corregimiento que recibieron el dinero. Como si se tratara de un libreto previamente aprendido, coincidieron en que ellos acudieron directamente a la Presidencia en busca de las partidas y admitieron que el dinero provenía de la descentralización.
