La Contraloría General de la República negó información sobre los pagos del Gobierno Central que han recibido refrendo de la entidad y que es información de carácter público, según dicta la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia.
La información fue solicitada por escrito el pasado 29 de febrero al contralor Gerardo Solís por la presidenta de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), Lina Vega.
Específicamente, Vega, “ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y el principio de acceso público”, solicitó la base de datos de todos los gastos del Estado a los que la Contraloría dio trámite y que reposan en sus archivos, desde el 1 de julio de 2019 (cuando se estrenó el gobierno de Laurentino Cortizo) hasta la fecha.
La Ley de Transparencia, en su artículo 2, indica que cualquier persona puede solicitar información de acceso público en poder de las instituciones del Estado, si necesidad de sustentar ni justificar nada. La misma norma señala que la Contraloría deberá publicar (en su sitio web) un informe sobre la ejecución presupuestaria, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a dicha ejecución.
Pero la Contraloría, en lugar de proveer la información solicitada, respondió a Vega que debía dirigirse al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dado que en esa cartera está la Dirección General de Tesorería, adscrita al Viceministerio de Finanzas, que “tiene entre sus objetivos el proveer información confiable y oportuna sobre los pagos del Gobierno Central”.
La respuesta de la Contraloría fue remitida a Vega el 29 de marzo por la secretaria general Zenia Vásquez de Palacios.
El economista Iván Zarak, que fue viceministro en el gobierno pasado, considera que “el mero hecho de que se tenga que solicitar la información es una falta de transparencia”.
“Esta información debería ser fácilmente consultable a través de medios electrónicos. Ya no estamos en el siglo XX”, indicó.
Zarak reconoce que parte de la información que solicita la Fundación puede ser consultada a través del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid). “Puede ser que no esté en el formato que uno desea, pero ese es otro asunto. Aparte de eso, está en la iniciativa que se llama datos abiertos, bajo la cual se debe suministrar la información en un formato predeterminado”, agregó.
De hecho, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana conoce que hay mecanismos de consulta en línea, pero advierte en su nota a Solís que esa herramienta está condicionada a la disposición del número de tramite, lo que impide analizar, consultar por nombre de destinatario, empresa o institución y cruzar con otros datos.
“El mecanismo dispuesto es insuficiente y no garantiza el acceso público a la información que es de naturaleza pública”, escribió Lina Vega, la presidenta de la Fundación, a Solís.
Ingrese a la base de datos de los auxilios del Ifarhu aquí.
La transparencia en la Contraloría está en tela de duda, después de que La Prensa publicara una base de datos con la información de 4,909 auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), lo que representa un gasto conjunto de $141.1 millones. La Contraloría ocultó el nombre del 56% de los beneficiarios, pese a que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) advirtió que uso de fondos del Estado es información de acceso público.
