La Contraloría General de la República está en mora con la entrega de auditorías determinantes para sustentar casos de corrupción que investiga el Ministerio Público, o investigaciones por lesiones al patrimonio del Estado, que adelanta la Fiscalía de Cuentas.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación revela que de 101 auditorías que solicitaron las fiscalías anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio (SPA), del 2 enero de 2020 a la fecha, solo han recibido cuatro.
Mientras que de 10 que solicitó la Fiscalía Anticorrupción de Veraguas apenas recibió una y de cuatro que solicitó la Fiscalía Superior de Descarga, no ha recibido ninguna.
De hecho, las fiscalías de anticorrupción del SPA, se vieron obligadas a archivar 11 de esos expedientes por falta del documento de la Contraloría; mientras que la de Veraguas también desestimó dos.
Solís llegó al puesto el 2 de enero de 2020, nombrado por la Asamblea Nacional, poder del Estado que está controlado por sus antiguos copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). “Todo funcionario nombrado o electo por votación popular tiene la obligación de rendir cuentas, y esta será nuestra hoja de ruta, exigirla”, prometió cuando llegó al puesto.
Lea también: Gerardo Solís asume como contralor: ‘Todo funcionario nombrado o electo tiene que rendir cuentas’
En las regionales
Y los ejemplos se repiten en las fiscalías superiores regionales. La de Chiriquí, por ejemplo, gestionó 23, pero solo recibió respuesta sobre tres. Esta oficina judicial se vio obligada a archivar seis pesquisas por falta de la información solicitada a la institución que dirige Gerardo Solís. Algo similar ocurrió en Bocas del Toro: pidió 13 y solo le entregaron una. Por el momento, esta fiscalía engavetó un proceso.
En Herrera también le tocaron la puerta a la Contraloría para solicitarle ocho auditos y hasta la fecha no han tenido respuesta. Esto provocó que los investigadores se vieran obligados a desestimar cuatro expedientes, es decir la mitad de los casos de corrupción que se manejan en la provincia.
En la comarca Guna Yala también acudieron donde Solís. Le solicitaron tres auditorías, pero no han recibido ninguna, razón por la que archivaron dos.
El fenómeno también ha impactado a Panamá Oeste: de cuatro auditorías gestionadas, solo han recibido una. Esto ocasionó que archivaran una pesquisa.
La Fiscalía Superior de Veraguas, también solicitó siete auditorías, sin embargo, tuvo eco en tres. Este despacho ya engavetó tres casos. La historia sigue. Casi todos los casos de corrupción en la provincia de Coclé, se han desestimado por falta de auditorías: de seis solicitudes, solo han tenido respuesta en dos. Mientras que han archivado cinco.
En Darién pidieron tres informes de auditorías y hasta ahora no han recibido ninguno.
El informe de la Procuraduría General de la República, documento que está firmado por José Antonio Candanedo Chian, secretario general de la institución, tiene fecha del pasado 29 de agosto. El mismo surgió a raíz de una solicitud de información que gestionó el abogado Ernesto Cedeño.
Ciudadano. Aquí están tus impuestos reflejados en el trabajo de Gerardo Solís. pic.twitter.com/rJfkrDstvQ
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) September 5, 2023
“La asamblea cometió un error histórico y fue nombrar al contralor Solís. No está apoyando a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción de manera pronta y efectiva. La Asamblea que lo nombró, debería hacer lo correcto y exigirle que juegue su papel y/o exigirle su renuncia de manera inmediata, si corresponde, para el fortalecimiento del buen manejo de las finanzas públicas”, aseguró Cedeño.
Incluso, el abogado dice que Solís podría haber incurrido en la supuesta comisión del delito de infracciones de los deberes de los servidores públicos. Evaluó denunciarlo ante la Procuraduría, o pedirle a la Asamblea que le exigiera rendición de cuentas y optó por la última opción.
En la Fiscalía de Cuentas
Pero el escenario en la Fiscalía de Cuentas, entidad que está en manos de Waleska Hormechea, es peor. La Contraloría no ha remitido ni gestionado ninguna de las 37 auditorías que le pidió esta institución para determinar casos de lesión patrimonial. De esas 37 solicitudes, la entidad de Solís, dio respuesta sobre 14, pero con estos resultados: aseguró que investigaría tres, no obstante, la Fiscalía de Cuentas no ha recibido los resultados. Y de las 11 restantes, manifestó que investigaría cuando cuenten con los recursos.
Estos datos se suman al reciente reclamo del magistrado Alberto Cigarruista, quien manifestó: “A nosotros la Contraloría nos enviaba entre 12 y 15 expedientes [auditorías] por mes y, en lo que va del año, solo nos ha enviado 14. Va a llegar un momento, si esto sigue así, que no vamos a tener trabajo en el Tribunal de Cuentas”.
Las palabras de Cigarruista surgieron el pasado 22 de agosto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a raíz de consultas que le hizo el diputado independiente Juan Diego Vásquez.
Le puede interesar: ‘Esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción’: Alberto Cigarruista
Mientras que en entrevista con La Prensa, el magistrado reiteró que son muy pocos los expedientes de auditoría nuevos que reciben por parte de la Contraloría General de la República.
Cigarruista culpa de eso a la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (la Ley 32 de 1984) y la ley que adopta la jurisdicción de cuentas en el país (la Ley 67 de 2008).
“Nosotros, en el Tribunal de Cuentas, lo advertimos: que esta ley era nefasta para el país y que esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción”, puntualizó.
También recordó que esa normativa le quitó a los auditores de la Contraloría todo tipo de responsabilidad patrimonial, un privilegio que -remarca- no tiene ningún otro funcionario del país.
La Ley 351 fue demandada en la Corte Suprema de Justicia por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Este recurso legal fue admitido este año y está bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.
