Seis de los nueve magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia, han sido nombrados por el presidente de la República Laurentino Cortizo.
Ayer martes 3 de enero tomó posesión como magistrada de la Sala Segunda de lo Penal, Ariadne Maribel García Angulo, designada en octubre pasado para reemplazar a José Ayú Prado, a quien se le venció su periodo en la Corte el pasado 31 de diciembre.
En 2019, cuando se estrenaba en el poder, Cortizo designó a María Eugenia López, en reemplazo de Jerónimo Mejía, a raíz de que la Asamblea Nacional del quinquenio pasado no ratificó a las personas que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) propuso para ese puesto.
Por esa época, el mandatario perredista, también designó en la Corte a Carlos Vásquez Reyes y a Maribel Cornejo Batista. Vásquez reemplazó a Abel Zamorano, quien completó el periodo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna (2010-2019), condenado en 2015 por enriquecimiento injustificado y falsedad. Mientras que Cornejo sustituyó a Harry Díaz, quien terminó su periodo en diciembre de 2019.
En 2021, el gobernante designó a Miriam Cheng Rosas y María Cristina Chen Stanziola en reemplazo de Hernán De León y Luis Ramón Fábrega.
Completan el pleno Cecilio Cedalise, Angela Russo y Olmedo Arrocha, todos nombrados por Varela.
“Están allí por sus méritos y no porque tienen, o porque han tenido relación o vínculo personal con el Presidente de la República. A la nueva magistrada (Ariadne García) les recuerdo que en adelante se deben a la patria, a la Constitución, a la ley y a su conciencia en la difícil tarea de administrar justicia de manera imparcial”, manifestó el mandatario ayer martes en el salón amarillo del Palacio Las Garzas, donde se celebró la toma de posesión de García, al igual que la de Manuel Mata Avendaño, quien se desempeñará como magistrado suplente de la Sala Segunda de lo Penal; y la de Lilianne Ducruet, quien será suplente de la actual magistrada de la Sala Civil, Miriam Chen.
Para los seis nombramientos, Cortizo ha seguido el modelo de la Comisión de Estado por la Justicia, aunque el de Ariadne García generó controversia porque ella no estaba en la lista corta con los nombre que la comisión sugirió para ocupar el puesto, luego de escudriñar las hojas de vidas de los candidatos y de un periodo de entrevistas públicas.
A prueba
La Corte de Cortizo estará a prueba en este 2023, el que es considerado como un año clave para la administración de justicia. En la agenda están los juicios de dos procesos judiciales relevantes: New Business y Odebrecht.
También gravitan en el ambiente las voces de los que llaman la atención sobre el hecho de que un Presidente de la República tenga a seis magistrados nombrados en la Corte.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó por ejemplo, que el artículo 203 de la Constitución y la respectiva aprobación de la Asamblea Nacional, establecen un diseño que busca que dichos nombramientos no representen una extensión del poder político del Ejecutivo. Sin embargo, añadió que la falta de verdaderos mecanismos de control del abuso del poder, convierte a esta fórmula “en un sistema perverso que repercute negativamente a la administración de justicia”, pues, a su juicio, la hace “muy vulnerable frente al poder político”.
Agregó que es necesario cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte y para eso se requiere “un profundo debate”. “En los acuerdos del Pacto de Estado se incorporan dos acuerdos en ese sentido. Uno transitorio (que aplicaría) mientras no se dé un cambio constitucional y otro para incorporarlo en un cambio constitucional. El acuerdo transitorio hace referencia a la designación de una comisión especial de evaluación que haga una preselección y de esta preselección el Presidente designe el nuevo magistrado”, explicó.
Mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez asegura que aquí la gran pregunta es ¿quién consolida el poder?, “si el Presidente de la República, quien ha afirmado no tener ningún vínculo con las nombradas, o la persona que movió sus fichas para presentarlas al Presidente como las mejores opciones”, dijo.
Y añadió: “no creo que al Presidente le preocupe tener ese control, porque no ha tomado parte directa en nada que pudiera ponerlo a subir y bajar escaleras ¿Pero y su entorno? La justicia panameña está a prueba con este caso tan emblemático y ni con la decisión correcta, podrá desligarse de la desconfianza generalizada que se ha acumulado por décadas de tráfico de influencias y prebendas burocráticas que han acompañado a la sociedad panameña desde sus orígenes pero que ha hecho crisis en los últimos 15 años”.
José Ayú Prado, un periodo marcado por los escándalos
José Ayú Prado se despidió de la Corte el pasado 30 de enero con un video en el que más que hacer un balance de su gestión, solo dio las gracias. Agradeció a los funcionarios del Órgano Judicial, a los del Ministerio Público y a las personas “de entidades públicas y privadas” que apostaron por él.
Su partida marcó el final de una era plagada de escándalos. Su vida en el sistema de justicia empezó en el Ministerio Público. En 1984 fungió como oficial mayor en una fiscalía, con el tiempo escaló al cargo de fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada (2009), año en que Ricardo Martinelli llegó a la Presidencia de la República. En 2010, Martinelli lo nombró procurador general de la Nación y en 2013, lo designó magistrado de la Sala Penal de la Corte. En 2014, fue elegido presidente de ese órgano del Estado, puesto en el que se reeligió.
Su gestión tanto en la Procuraduría, como en la Corte, estuvo en el centro de las miradas porque presuntos casos de corrupción ligados a la administración del presidente que lo nombró terminaron sin culpables o archivados. En la lista figuran el caso del florista de Paitilla, Juan Hombrón, radares, entre otros. En 2014, el entonces juez Alexis Ballesteros, denunció que había sido presionado por los magistrados Ayú Prado y Alejandro Moncada Luna, entre otros, para fallar a favor de allegados de Martinelli en distintos casos.
En la Corte, formó grupo con Cecilio Cedalise y Ángela Russo para fallar en distintos grupos, según denunció varias veces el exmagistrado Harry Díaz.
