Al Ejecutivo solo le queda el mes de diciembre para enviar a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado para el 2024, proyecto de ley que debe ser aprobado en sus tres debates.
El 1 de agosto pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó el proyecto de ley con la cifra $32,754 millones. Pero, a mediados de octubre pasado, la Comisión de Presupuesto, organismo que preside el diputado perredista Benicio Robinson, devolvió el proyecto al consejo de gabinete con una propuesta: un reajuste de $780.2 millones; pero a la fecha, el documento no ha regresado al Legislativo.
El pasado 31 de octubre, la Asamblea cerró el periodo de sesiones ordinarias sin analizar el asunto.
“Si hoy la comisión quisiera discutir el presupuesto, no puede porque no está en la Asamblea”, expresó el diputado independiente Juan Diego Vásquez, miembro de la mencionada comisión.
¿Sin que se discuta en la Asamblea?
Sin embargo, en medio de la crisis social y económica que vive el país por los cierres de calles en contra del contrato minero, surge la posibilidad de que el presidente Laurentino Cortizo, junto a su gabinete, avale los $32,754 millones que propuso en concepto de presupuesto para el próximo año. Es decir, podría omitir los debates en la Asamblea.
El artículo 272 de la Constitución dice que “si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete”.
Ninguno de los tres últimos gobiernos usó esta estrategia.
Pero, mientras el consejo de gabinete analiza lo recomendado por la Comisión de Presupuesto, ya hay voces que se oponen a que el Ejecutivo saque la carta del artículo 272. “Yo no quiero pensar que ellos (El Ejecutivo) pretenden marearnos para que llegue el 1 de enero y como mandata la Constitución, el proyecto presentado entre a regir a través del consejo de gabinete”, manifestó el diputado Vásquez ayer miércoles en Telemetro.
Si se compara con el de 2023 ($27,579) la cifra propuesta para 2024 implica $5 mil 175 millones adicionales que tendrá el Gobierno para seguir asumiendo más gastos corrientes, inversiones en obras y la amortización de la deuda.
Con el aumento de más de $5 mil millones se podría construir un nuevo juego de esclusas del Canal o hasta dos líneas del metro, dependiendo de su longitud.
‘Reducir el presupuesto’
Vásquez plantea que los $32,754 millones implican un aumento “excesivo e innecesario” al presupuesto de la Asamblea, opacidad para la Autoridad Nacional de Descentralización, y un “aumento inexplicable” en la planilla del Estado.
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Recordó que ese presupuesto no incluye artículos que expliquen cómo el gobierno va a gastar fondos en viáticos, alquileres y consultorías.
El presupuesto del Ejecutivo representa $5,175 millones más que el aprobado para la vigencia fiscal 2023, que fue de $21,463 millones.
‘Inconveniente’
El analista político José Stoute es otro que considera “inconveniente” que el presupuesto 2024 se apruebe vía artículo 272 de la Constitución, “con el agravante de concederle a la Asamblea más de $200 millones” .
A su juicio, el intento de aprobarlo, “puede provocar nuevas movilizaciones contra la Asamblea”. El analista propone una “reducción sensata” de la cifra.
En tanto, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), que ha llamado al Gobierno a “restaurar la confianza social” y que no permita “que se rompa el orden constitucional”, exigió que se frene el abuso de los fondos públicos y que se reformule el presupuesto para 2024, año que coincide con el de las elecciones generales.
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Redirigir la presión para una reducción
En tanto que el analista político Edwin Cabrera, considera que están las condiciones dadas para exigir que se reduzca “notablemente” el presupuesto.
Propone que en vez de darle $200 millones al Legislativo, se le otorgue $50 o $60 millones, sumas con las que según él, “podría funcionar perfectamente”.
Cabrera piensa que si los grupos de jóvenes que lideran las protestas contra el contrato minero presionan para que se reduzca el monto a la Asamblea, “estarían cambiando la ecuación para la configuración de la Asamblea en mayo de 2024″. De acuerdo con el analista, se le cortaría el oxígeno a los diputados que pretenden reelegirse, pues dependen de las partidas y contratos del Legislativo.
