Los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz (quien será reemplazado por Luis Guerra), Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá , anunciaron ayer lunes, en conferencia de prensa, la reactivación de la recolección de firmas para precandidatos por libre postulación, a través de la aplicación electrónica.
El uso de la plataforma, que fue suspendido desde el 25 de octubre del 2022 por denuncias sobre la mala utilización de la herramienta por parte de activistas de precandidatos a cargos de elección popular por la vía de la libre postulación, se encuentra sometido a una auditoría por parte de la Dirección de Auditoría Interna (DAI) del TE.
Heriberto Araúz, que hasta ayer ejerció como magistrado presidente, afirmó a los medios de comunicación que a las 7:30 a.m. del domingo 13 de noviembre del 2022 se había analizado el 64% de las 286 mil 644 firmas que están bajo escrutinio. De la cantidad de firmas ya analizadas, el 83% son válidas y el 16% son anulables por violar el artículo 37 del Decreto 29 del 2022, “ya que no se puede detectar claramente la imagen del ciudadano dando o ratificando su firma de respaldo o bien el ciudadano ha omitido expresar de forma clara y por cuenta propia su intención de apoyar al precandidato”. Mientras que el restante 1% son impugnables, “porque los ciudadanos tenían su cédula de identidad vencida”, lo que riñe con el artículo 22 del precitado decreto.
Se tiene previsto concluir dicho informe el 29 de noviembre del 2022, siete días después de que se reinicie el uso de la app para recolectar firmas.
Auditorías
En la conferencia del 24 de octubre de 2022, cuando Araúz, Valdés y Juncá anunciaron la suspensión del uso de la app para recolectar firmas y el inicio de las auditorías, confirmaron que se convocaría a empresas externas para contratar un servicio independiente que revise lo ya auditado por el TE.
Según los magistrados, tres empresas fueron convocadas: KPMG, Deloitte y Rissco. No obstante, aseguran que dos no han presentado propuestas para hacerse cargo del tema y la tercera manifestó no contar con recursos disponibles para llevar a cabo el trabajo.
La Prensa pudo confirmar los contactos del Tribunal Electoral con las empresas citadas, pero solo a nivel de sondeo con cada una de ellas.
Por lo que es el mismo TE quien se audita y, según afirman los magistrados, ahora será la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) la entidad externa encargada de “la validación del trabajo final llevado por la DAI, a fin de que emita su criterio técnico al respecto”.
Impugnaciones a firmas
El magistrado Valdés Escoffery señaló que se introdujo una modificación en el Decreto 29 del 2022, en el cual se establece una metodología para atender el proceso que se inicia producto de la auditoría de la app.
“A todos los precandidatos que vayan a ser afectados se les convocará simultáneamente a través de las distintas estructuras descentralizadas del TE y, con los precandidatos presidenciales, [será] a nivel de la Dirección Nacional, para que vengan a ver los videos que sirven de base para estas anulaciones. De forma que ellos mismos puedan constatar cómo le fallaron a ellos sus activistas”, señaló Valdés.
Y es que según los magistrados, la herramienta no tiene problemas de funcionamiento.
“Todo se debe a conductas de los activistas, que tomaron mal los videos o no le pidieron la declaración al ciudadano. Todas las causas son actuaciones de los activistas, no hubo ninguna falla en el ‘app’, la aplicación pudo tomar el video y ellos lo tomaron mal”, recalcó Valdés.
Valdés Escoffery sostiene que “el único problema” detectado fue solucionado el 11 de octubre, tras una denuncia por parte de un grupo de precandidatos.
“El único problema que se detectó es que daba paso cuando se tapaba el lente. Esto era en las etapas del proceso. No tenía nada que ver con fallas de seguridad”, dijo.
Responsabilidades
El TE espera los resultados de la auditoría para definir si cabe presentar una denuncia. Valdés Escoffery afirmó que estas responsabilidades penales o por faltas electorales las tendrá que determinar la Fiscalía General Electoral. “La Dirección Nacional de Organización Electoral, como ya hizo con un caso previo, enviará [el informe] a la Fiscalía General Electoral o a la Fiscalía de Administración Electoral para que haga las investigaciones y sean los que decidan si hacen imputaciones o no”.
Según él, lo ocurrido el pasado 17 de octubre del 2022, cuando el TE reconoció que había 1,019 firmas dudosas logradas a través de la app, a las cuales no se les podía comprobar legitimidad a través de los videos -como lo establece el Decreto 29 de 2022-, es un tema “aparte” de la nueva auditoría que desarrolla la institución en estos momentos.
“Eso se corrigió el 11 de octubre y se hizo un barrido de toda la base de datos de la cantidad de firmas que se llevaban hasta ese día. Ese barrido por parte de la Dirección de Tecnología fue verificado por el Departamento de Informática de la Dirección de Auditoría, donde validaron que solamente existían 1,019 firmas que habían sido procesadas en donde no había video ni foto”, remarcó.
Sin culpa
Los magistrados sostienen que los hechos investigados no son culpa de la institución, sino de los activistas de los precandidatos que “mal utilizaron” la herramienta.
“Esas dos situaciones no son imputables al TE, son imputables a los activistas. Por eso es que vamos a ‘recapacitar’ a los instructores del Tribunal para asegurarnos de su responsabilidad para capacitar a los activistas; que hagan las cosas bien, como la hicieron en el 83% de los casos validados”, indicó Valdés.
Precandidatos reaccionan
El precandidato por libre postulación a la Presidencia de la República, Dimitri Flores, quien presenció la conferencia de prensa de los magistrados del Tribunal Electoral, deslindó de culpabilidades al TE y afirmó que la institución no es la que usa la aplicación.
“La confianza tenemos que darla nosotros – los precandidatos- no el TE. Ellos no usan la aplicación, nada más validan el trabajo que nosotros hacemos, y debemos darle esa confianza a la población y, por favor, no hablemos doble discurso. Hagamos las cosas bien y a todos nos va a ir bien”, señaló Flores.
También la precandidata a diputada del circuito 8-3, Samantha Acrich, manifestó estar sorprendida con la auditoría en proceso. “El lunes 7 de noviembre presenté una solicitud de información preguntando detalles punto por punto. Esa solicitud nunca fue respondida y demuestra que el TE tuvo oportunidades de poder hablar acerca de lo que establecen. Se ha auditado un 64% sin la presencia de los precandidatos. En elecciones pasadas, cuando ingresaban los libros, se le permitía al precandidato la presencia de alguien de su equipo, para ver cuáles firmas se tomaban como válidas y cuales se anulaban”.
Denuncias
En la Fiscalía General Electoral ya hay dos denuncias sobre el tema. Una presentada por el precandidato presidencial por libre postulación Francisco Carreira Pitty y otra por el precandidato a diputado por el circuito 8-3 Elías López.
