La Defensoría del Pueblo, institución que dirige Eduardo Leblanc, admitió una queja presentada contra la resolución de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que multó a La Prensa por usar una foto del diputado oficialista Benicio Robinson, sin su permiso.
En consecuencia, el Defensor ordenó el inicio de una investigación sobre el tema y autorizó a la Dirección de Protección de Derechos Humanos de la entidad, para que realice inspecciones a “cualquier institución pública” y demás diligencias pertinentes para la pesquisa. Además, pedirá a la Antai que rinda un informe del caso dentro de los cinco días posteriores a la notificación.
La investigación de la Defensoría del Pueblo se inició luego de que el abogado Ernesto Cedeño presentara una queja a la entidad (28 de abril pasado), en la que explicó que la resolución de la Antai con la que multó al medio de comunicación, establece una “censura” y en el futuro lo privaría de su “derecho supremo a estar informado”.
El jurista también le advirtió al Defensor del Pueblo que el fallo de la Antai es “absurdo y atenta contra la libertad de expresión y pensamiento”.
Para sustentar su decisión Leblanc sacó a relucir el artículo 37 de la Constitución Política sobre libertad de expresión, el artículo 19 de la Convención Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso
De acuerdo con la Dirección de Protección de la Antai, La Prensa violó la Ley 81 de marzo de 2019 sobre datos personales, al publicar una fotografía en la que se observa el rostro del diputado Robinson, dentro de la investigación periodística titulada Ruta de los cupos llega hasta Benicio Robinson, que salió a la luz pública el 24 de febrero de 2022. Para usar esa imagen, según la Antai, había que tener el permiso de Robinson, ya que se trata de un dato biométrico “sensible” y el mal uso del mismo puede poner en “riesgo grave” al dueño de la imagen (Robinson).
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Esta entidad también considera que las bases de datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que dan cuenta sobre quiénes son los dueños de los cupos de transporte público, material que fue utilizado en el trabajo periodístico de la periodista Mary Triny Zea, no son de acceso público, pues se obtuvieron a través de una solicitud de acceso a la información, amparado en la Ley 6 de 2002, de transparencia.
La decisión de la Antai ocasionó una tormenta de críticas. Ciudadanos, periodistas, múltiples gremios y otras agrupaciones civiles condenaron la medida. La Prensa presentó una reconsideración sobre el caso.
