La eficacia de las autoridades de control del país está a prueba una vez más, con el escándalo de la descentralización paralela. En mayo pasado, cuando este medio dio a conocer que más de $200 millones de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) habían sido transferidos a gobiernos locales, controlados por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático, y otros aliados, ninguna autoridad se pronunció.
Ni la Presidencia de la República, cartera que cobija a la AND; ni la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía General Electoral. Este último despacho, incluso, aseguró en ese momento que las transferencias eran legales.
La ciudadanía se activa
Sin embargo, la ciudadanía se activó. Empezó a tocar puertas y exigir a los responsables de los entes de control que investiguen el desvío de millones a municipios y juntas comunales en pleno proceso electoral.
Fue así como a petición del abogado Ernesto Cedeño, la Procuraduría de la Administración, bajo el mando de Rigoberto González, inició una investigación administrativa del asunto, pero la misma quedó en pausa por una jugada de Edward Mosley Ibarra, director de la AND: presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de frenar la pesquisa del procurador González. La movida del director de la AND dio resultado, ya que puso en pausa la investigación, hasta tanto se resuelva el amparo, acción legal que quedó en manos de la magistrada Ariadne Maribel García Angulo.
En una entrevista que Ibarra concedió a Telemetro, aseguró que “el programa no se puede detener”.
En el Ministerio Público
Días después, el Movimiento Arraiján 2,000 que lidera el abogado Abdiel González, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, organismo que está bajo el mando del procurador encargado, Javier Caraballo. El recurso apuntó directamente a Edward Mosley Ibarra, director de la AND y a Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas.
El abogado pidió que se les investigue por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos y asociación ilícita para delinquir.
Fiscalía de Cuentas
Por esos días, ciudadanos y un grupo de precandidatos independientes acudieron a la Fiscalía General de Cuentas a solicitarle a la fiscal Waleska Hormechea que “le ruegue al contralor de la República, Gerardo Solís, para que le haga un audito” a la AND, específicamente a los fondos de la descentralización paralela.
Entre los que acudieron estaban, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, aspirante a la presidencia de la República; Eduardo Quirós, quien también pretende llegar al Palacio de Las Garzas, por la libre postulación; el diputado independiente Juan Diego Vásquez, uno de los líderes de la coalición Vamos; y el abogado Cedeño, entre otros.
La Fiscalía General de Cuentas, creada mediante Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, tiene como función investigar las presuntas irregularidades contenidas en los reparos efectuados por la Contraloría en las cuentas de empleados y agentes de manejo, que afecten los fondos y bienes públicos. Ese día, la fiscal Hormechea dijo que no podía iniciar investigaciones de oficio, pero que le solicitaría al contralor Solís que audite los fondos de la descentralización.
Contraloría ordena rendición de cuentas
El pasado 1 de julio, después de casi dos meses de silencio, y en medio de la efervescencia suscitada por la instalación del nuevo periodo legislativo, Solís informó que la Contraloría había dado instrucciones para realizar y exigir una rendición de cuentas de los fondos públicos que han sido utilizados y administrados por las juntas comunales. El mismo, dijo, es parte de un programa quinquenal, diseñado en el año 2020 cuando inició labores. En un video, el contralor explicó que la Dirección Nacional de Fiscalización sugirió la creación de la Subdirección nacional de rendición de cuentas, y siguiendo con la “programación planificada previamente”, corresponde a las juntas comunales rendir cuentas de los fondos públicos que han recibido producto de “la transferencia legal” que el Gobierno ha estado haciendo a la Autoridad Nacional de de Descentralización y “de allí a las juntas locales”.
El hombre encargado de fiscalizar las finanzas públicas, añadió que de detectar malos manejos, entonces se harían auditorías. El pasado martes, la Contraloría emitió otro comunicado advirtiendo que “por primera vez en la historia”, la Contraloría está exigiendo rendición de cuentas a las juntas comunales de todos los fondos que le han sido asignados.
La nota de prensa cita palabras del subdirector de Rendición de Cuentas Emanuel Ayala, quien aseguró que “no estamos en la etapa de auditoría, sino en la etapa de exigir rendición de cuentas para revisarlas, examinarlas y dictaminar la corrección e incorrección de las mismas”.
La Fiscalía General Electoral
El grupo de precandidatos que fue a la Fiscalía General de Cuentas, también tocó otra puerta: la de la Fiscalía General Electoral, a cargo de Dilio Arcia. Este despacho, comunicó al abogado Ernesto Cedeño, el pasado martes, que adelantan tres casos: dos de oficio, y otro más producto de la denuncia interpuesta.
La fiscalía considera que los hechos denunciados podrían configurar con lo que dispone el Código Electoral en el artículo 523: “Se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual tiempo al de la pena principal, a quienes “utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos o en formación”.
Paralelamente, en algunos municipios, grupos de pobladores le han pedido cuentas a los alcaldes y representantes de corregimiento sobre qué uso le han dado al dinero producto de la descentralización paralela. Ocurrió en Capira, Panamá Oeste; y en San Miguelito, entre otros.
Por inconstitucionalidad
Mientras tanto, el abogado Daniel Lombana Franceschi, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 37 de 2009 (y sus posteriores modificaciones), sobre la descentralización en la administración pública. Este jurista sustenta que a la Autoridad Nacional de Descentralización se le han “traspasado” responsabilidades que la Constitución atribuye al Órgano Ejecutivo.
Citó las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo, cuando, el 11 de junio pasado, le dijo a los periodistas que él no “maneja” los dineros de la descentralización, sino la AND.
