El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), debe entregar información sobre sus ingresos, compras, activos, pasivos y gastos, correspondientes a cuatro años (2018 a 2022), según se desprende de un documento que fue parcialmente divulgado por su vocero, Luis Eduardo Camacho.
En su cuenta en la red social Twitter, Camacho publicó este martes 28 de junio una orden de Publio De Gracia, jefe de la Dirección General de Ingresas (DGI), en la que pide la colaboración de Martinelli “durante una diligencia exhibitoria y/o inspección ocular, en el sentido de que facilite la obtención de copias cotejadas de la información electrónica almacenada en dispositivos electrónicos y toda la información inherente al desarrollo de la auditoría”.
En la primera de las dos hojas divulgadas por Camacho está la lista de la información requerida por la DGI al “contribuyente” Martinelli: registros legales de contabilidad (diarios y mayor general) 2018-2022; detalle de ingresos (con sus respectivos comprobantes); contratos por servicios prestados, con sus facturas; detalle de ingresos por comisiones (con sus documentos) y por honorarios profesionales; detalle de compras (locales e importadas), con su respectiva liquidación de Aduana; detalle de activos, pasivos y cuadro de depreciación; detalle de los gastos (con sus comprobantes), según requerimiento del fiscalizador, y cualquier otro documento en formato electrónico, cartas, faxes, memorandos o medio que evidencie hechos generadores de tributos.
En la segunda hoja, que sería la última del documento completo, están los nombres y cédulas de los auditores comisionados por la DGI, para llevar a cabo la diligencia. En esa página, De Gracia se despide y aparece su nombre, pero no su firma a mano.
Gaby Carrizo, siguió la agenda de persecución política que inició Varela contra @rmartinelli .Varela no pudo derrotarlo, el tampoco podrá. Ahora funcionarios de esta administración (DGI) buscan intimidarlo haciendole auditoría; pese a que él, es uno de los mayores contribuyentes. pic.twitter.com/csrJTjMnW3
— Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) June 28, 2022
También se pide “acceso al sistema computarizado de datos, como el almacenamiento de información electrónica, digital o magnética relacionada con las actividades de la empresa, así como a la información contable relacionada con las cuentas y depósitos bancarios de la empresa”. En las dos hojas que divulgó Camacho no se precisa el nombre de la referida empresa.
Toda la información requerida es a partir de 2018, año en que Martinelli llegó extraditado a Panamá, después de haber permanecido desde enero de 2015 en Estados Unidos.
El expresidente, que se ha autoproclamado el mayor generador de empleos del país, dijo que estas acciones son una persecución política en su contra. “Responsabilizo al gobierno por las amenazas”, escribió, también en Twitter.
Después, en un video, dijo que no ha sido notificado por la DGI y que la auditoría presuntamente alcanzaría a sus empresas, familiares, abogados, “allegados y otros más”.
Hoy denunciare la persecución política que soy objeto por el gobierno. Estoy listo, han tratado de todo y no pudieron. Yo tengo todo en orden y hace más de 40 años que genero miles de plazas de trabajo. Responsabilizo al Gobierno por las amenazas. Sean valientes, vengan de frente
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) June 28, 2022
Su vocero acusa directamente al vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo.
En Panamá, desde 2019, la evasión fiscal es delito precedente del blanqueo de capitales. La Ley 70 de 2019, que modificó el Código Penal, dicta penas de hasta cuatro años de prisión a quien incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional.
Consultado por La Prensa, Publio De Gracia dijo que no puede hacer comentarios sobre el tema.
