Una de las críticas ciudadanas que pesa sobre la Contraloría General de la República, cuyo titular es Gerardo Solís, es que sus acciones frente a escándalos de presunta corrupción no tienen mayor trascendencia, pues en algunos casos pasan inadvertidos y, en otros, sale en defensa de los actos cuestionados.
Por ahora, Solís no se ha pronunciado públicamente sobre los “auxilios económicos” que, bajo un aparente criterio político y discrecional, ha repartido el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Ello, pese a que la Contraloría refrendó pagos para auxilios económicos a Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional ($15 mil); Paola Testa, hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); María Alejandra Panay, hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y antigua asistente de Bernardo Meneses, actual director del Ifarhu ($81 mil), y Estefanía Guardia, exnovia del diputado Juan Diego Vásquez ($99,478), entre otros.
La Contraloría no se pronunció ni siquiera después de que la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, le informó que se había presentado una denuncia para investigar lo sucedido con los auxilios económicos del Ifarhu, recordando que es la Contraloría la entidad que tiene facultades para hacer inspecciones e investigaciones, con el propósito de determinar la “corrección e incorrección” de las operaciones que afectan patrimonios públicos y, en ese caso, “presentar las denuncias respectivas”.
Lo que sí hizo Solís fue enviarle una nota al abogado Ernesto Cedeño, quien presentó a la Fiscalía de Cuentas la denuncia para que la Contraloría investigara las supuestas irregularidades en el manejo del programa del Ifarhu.
Cedeño pidió que el contralor no refrendara más ayudas a los estudiantes postulados por los representantes de corregimiento y concejales, prerrogativa establecida en el reglamento de becas, asistencias económicas educativas y auxilios económicos del IFarhu. El abogado advirtió que en ese reglamento hay “vicios de inconstitucionalidad”.
Cabe señalar que el presupuesto de 2023 para becas y auxilios del Ifarhu será de $369.7 millones, $8.5 millones más que en 2022, cuando se asignaron $361.2 millones.
La respuesta
En su respuesta a Cedeño, la Contraloría se limitó a indicar que la institución, como dicta su ley orgánica (la Ley 32 de 1984), “improbará” toda orden de pago contra el tesoro público y los actos administrativos que afecten el patrimonio público, “siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida”.
La respuesta de la Contraloría fue proporcionada por la secretaria general, Zenia Vásquez. Señala que, “de existir razones de índole legal o económica que sustentan la negativa al refrendo de las asistencias económicas a las que se refiere la Contraloría, actuará en consecuencia”.
Finaliza su respuesta advirtiendo a Cedeño que le “corresponde al Tribunal Electoral y no a la Contraloría conocer los aspectos que menciona en su misiva en referencia al artículo 136 de la Constitución”, artículo que señala que las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio.
‘Decepción’
Esta respuesta es una “decepción”, según ha dicho Cedeño. Pero no es la única vez que la Contraloría le envía notas explicativas a Cedeño sobre sus múltiples solicitudes. A su juicio, el contralor trabaja “de espaldas” a la ciudadanía.
El contralor Solís, que ha merecido el llamado de atención de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para que ejerza sus funciones, podría tener más poder para echarle tierra a las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos: en octubre pasado, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 907, que reforma la ley orgánica de la Contraloría. Con esta iniciativa, se pretende otorgarle al contralor, entre otras cosas, la facultad de aprobar, cerrar y archivar informes de auditoría, según “sea su criterio”.
También los funcionarios de la institución estarán excluidos de responsabilidad patrimonial en el ejercicio de sus tareas de fiscalización, siendo esa la principal función de la Contraloría. Esta propuesta legislativa aún está en manos del presidente Laurentino Cortizo, para su correspondiente veto o sanción.
Pasan inadvertidos
Entre los escándalos recientes que han pasado inadvertidos por la Contraloría están el caso del Consejo Municipal de San Lorenzo, en Chiriquí, que, en su momento, aprobó un acuerdo municipal que aumentó en al menos cinco veces los gastos de representación que recibía el alcalde de ese distrito. Sobre este tema, Cedeño solicitó a la Contraloría una revisión del referido acuerdo municipal, pero la entidad le sugirió demandar el documento ante la Corte Suprema de Justicia.
Después del escándalo sobre irregularidades en el uso de los fondos por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Contraloría anunció una auditoría, cuyos resultados se desconocen. Además, el país sigue sin saber si se han auditado las planillas de la Asamblea Nacional, como en su momento lo solicitó la Fiscalía de Cuentas.
En tanto, las quejas por el descontrol de los fondos públicos y el despilfarro han marcado varias de las protestas ciudadanas y cierres de calles que este año se han dado en el país.
