Argumentando que los manejos de los dineros “se producen dentro de un marco legal”, la Fiscalía General Electoral, a cargo de Dilio Arcia, no investigará el escándalo surgido por la distribución de al menos $202.4 millones a juntas comunales a través de la descentralización paralela y en época de campaña política.
La fiscalía aseguró a La Prensa que en este momento no hay impedimento alguno para que el uso discrecional de los fondos de la descentralización se produzca en el marco del torneo electoral.
“Esta situación del manejo de dineros por las alcaldías y juntas comunales no es exclusivo de este proceso electoral. Recordamos que se ha dado anteriormente dentro del marco de las regulaciones respectivas. Y en cuanto a cualquier posible infracción por parte de un diputado que pudiese constituir delito electoral, la competencia corresponderá siempre a la Corte Suprema de Justicia”, añadió la institución.
Gobierno de Cortizo guarda silencio
Robo, fraude electoral, escándalo. Son apenas tres de los calificativos con que distintos actores de la sociedad se refieren a la descentralización paralela, la fórmula que encontró el gobierno de Laurentino Nito Cortizo para inyectarle cuantiosos fondos a juntas comunales y municipios, principalmente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros aliados.
Entre 2021 y 2023, el gobierno destinó al menos $202 millones a 475 juntas comunales adicionales a los que ya reciben producto de dos programas oficiales de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). De esos, $149.8 millones fueron directamente a gobiernos locales controlados por militantes del PRD.
Además, en ese mismo periodo, juntas comunales de Capira, en la provincia de Panamá Oeste y feudo de la diputada Yanibel Ábrego, recibieron al menos $4.4 millones. El gran premio al circuito de Ábrego llegó entre marzo y mayo de este año, cuando se les otorgó $3.3 millones, justamente en momentos en que Cambio Democrático (CD), partido del que Ábrego es secretaria general, ha estado inmerso en elecciones internas.
Ábrego busca arrebatarle el control del partido a Rómulo Roux, presidente del colectivo. Por estos días, ambos libran una batalla por la candidatura presidencial de CD rumbo a las elecciones de 2024.
“Llevo meses investigando al respecto y finalmente se confirma parte de la información. Están asignando fondos públicos de manera antojadiza para hacer política en todo el país. Esto es grave. Así comienzan los fraudes. Esto no es descentralizar, es robar”, escribió el diputado Juan Diego Vásquez, en su cuenta de Twitter.
Vásquez emprendió una cruzada desde mediados de 2022 para que le digan a cuáles gobiernos locales se han destinado los millones de la descentralización paralela y bajo qué criterio, entre otras preguntas. No ha tenido suerte. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia lo escuchó. Este tribunal le negó un habeas data alegando asuntos de forma.
“Es una vergüenza que a falta de una justificación legal contundente, la Autoridad de Descentralización oculte a qué gobierno local transfiere fondos olvidando que es dinero de todos. Si uno se sienta a ver todo, parecería que violan la Constitución y usan fondos públicos para patrocinar indirectamente algunas campañas dentro y fuera del PRD. Si me equivoco, que el director [de la AND] cumpla la ley, publique y explique todas las transferencias”, declaró el diputado independiente a este medio.
Vásquez se refiere a Edward Mosley Ibarra, director de la AND, quien una y otra vez ha negado la información. Este medio ha intentado obtener su versión desde el pasado lunes, pero no responde.
Otro que reaccionó sobre el tema fue Ricardo Ricky Domínguez, del Partido Panameñista y representante del corregimiento de Bella Vista, en la capital. Aseguró que esos traslados de partidas no están amparados por la ley y que él desconocía del tema.
“La descentralización fue algo que, los que estamos metidos en gobierno locales, peleamos por muchos años. Es preocupante que se esté desvirtuando lo que en realidad era el propósito de la ley que era ayudar a las comunidades”, manifestó Domínguez.
La complicidad de la Fiscalía Electoral
Otros como el abogado Carlos Ernesto González Ramírez advierten directamente que se trata de una forma de “fraude electoral”. Su comentario surgió en Twitter luego de que La Prensa publicara sobre los millones que recibió Capira entre marzo y mayo de este año.
“A ver si entendemos lo que está pasando. La noticia de abajo es una forma de fraude electoral. Ya comenzó y es preocupante porque se extiende a todo el territorio nacional”, escribió.
Pero, ¿acaso la Fiscalía General Electoral investigará el tema?
Este medio consultó ayer a esta entidad. Respondieron por escrito, en un documento en formato Word, enviado vía correo electrónico.
Después de recordar que la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización en la administración pública, ha sufrido modificaciones, aseguraron que el manejo de esos dineros adicionales se “produce dentro de un marco legal, no existiendo en este momento impedimento alguno para que su uso discrecional se produzca en el marco del torneo electoral”.
Recordaron los supuestos controles de los dineros que se invierten en la campaña electoral y hasta los topes de gasto de campaña por cargo de elección popular.
“Esta situación del manejo de dineros por las alcaldías y juntas comunales no es exclusivo de este proceso electoral. Recordamos que se ha dado anteriormente dentro del marco de las regulaciones respectivas. Y en cuanto a cualquier posible infracción por parte de un diputado que pudiese constituir delito electoral, la competencia corresponderá siempre a la Corte Suprema de Justicia”, aseguraron.
Por último, cerraron el tema con el siguiente comentario: “como vemos, no corresponde a la Fiscalía General Electoral adelantar investigaciones por el uso de dineros de la denominada descentralización”.
La Fiscalía General Electoral está a cargo de Dilio Arcia, un antiguo militante del PRD.
Silencio
Este medio también consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema ¿Por qué se entregan partidas paralelas a los dos fondos de la descentralización? ¿A qué se debe que las partidas se asignen a juntas comunales y municipios específicos? ¿Los fondos adicionales se contemplaron en el presupuesto del Estado de 2023? ¿Cómo se supervisa ese dinero? Esas fueron algunas de las preguntas que se enviaron por correo, pero desde la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la entidad solo se limitaron a decir que “se confirma recibido y se procede a dirigir el cuestionario a las Autoridades del MEF”. Al cierre de esta edición no había respuesta.
También se intentó obtener la versión de Alexander Hepburn, presidente de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización, un abogado que trabaja en el Ministerio de la Presidencia y es allegado al vicepresidente José Gabriel Carrizo. ¿Por qué se han otorgado partidas al margen de los dos programas de la descentralización, por $149.8 millones a juntas comunales del PRD? ¿Por qué las juntas comunales de Capira han recibido $3.3 millones entre marzo y mayo, justamente en pleno periodo de campaña de Cambio Democrático? ¿Con qué criterio se asignan esos fondos? ¿Este tema es discutido en el seno de la junta directiva de la AND?
A Hepburn también se le llamó, se le dejó mensajes y se le remitió las consultas a su correo personal y al que usa como funcionario del Ministerio de la Presidencia. Incluso, se puso en conocimiento a la Dirección de Comunicación del Estado de que se estaba tratando de localizar al funcionario, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta.
