‘No tengo ningún problema con la ley como esta’, dice Cortizo sobre derogar la ley de transparencia



“Le he estado dando seguimiento”, dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre el proyecto que deroga la ley de transparencia de 2002 y la remplaza por una nueva norma que limita el acceso a la información pública y burocratiza el curso de las acciones de habeas data.

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“Personalmente, no tengo ningún problema con la ley tal como está”, dijo Cortizo este viernes, durante una gira por la comarca Ngäbe-Buglé.

Aunque dice estar conforme con la ley actual, la propuesta que elimina la actual ley de transparencia (Ley 6d e 2002) fue presentada por el Ministerio de la Presidencia, que participó en su elaboración, junto con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

‘No tengo ningún problema con la ley como esta’, dice Cortizo sobre derogar la ley de transparencia
Cortizo conversa con los periodistas que lo acompañaron en su gira por la comarca, este 8 de septiembre de 2023. Foto tomada de @NitoCortizo

El proyecto de ley 1031 ha sido ampliamente rechazado por diferentes gremios y organizaciones de la sociedad civil. Los últimos en sumarse al coro creciente de voces que se ha alzado para pedir al Ejecutivo que retire el proyecto son la Fundación Libertad y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

Sin embargo, Cortizo no se pronunció sobre esta solicitud. Lo que sí dijo es que la próxima semana tendrá dos reuniones con grupos “vinculados” a medios de comunicación (no precisó cuáles son esos grupos), para “escucharlos, a ver qué les preocupa”.

La Fundación Libertad pidió este viernes la convocatoria a un amplio debate ciudadano y el retiro del proyecto 1031.

“Una ley de transparencia aprobada sin consulta ciudadana e impuesta a espaldas de la sociedad sería una contradicción en sí misma”, señala la fundación, en un comunicado.

Advierte que el proyecto 1031, como está redactado, representa un “retroceso” en materia de transparencia y acceso a la información.

“Contiene disposiciones que resultarían en una regresión, entre otras razones, al diluir la eficacia real de las sanciones contra los funcionarios que incumplan el deber de proveer información al público”, sostiene la organización.

En ese aspecto, la Ley 6 de 2002 contempla el despido de aquellos funcionarios que, de manera reincidente, incumplan con la entrega de la información pública que está bajo su custodia. En cambio, el proyecto 1031 elimina la destitución del catálogo de sanciones a los funcionarios infractores.

La fundación remarca que la transparencia en la gestión pública y el libre acceso a la información son pilares fundamentales para el ejercicio de una democracia saludable y es reconocido como un derecho humano en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Por su parte, Apede recordó que la Ley 6 de 2002 ha sido “instrumental para mejorar la calidad de la democracia y gobernanza en nuestro país”.

“El proyecto de ley 1031, en lugar de crear nuevos instrumentos para actualizar y mejorar la Ley 6 de 2002, crea un nuevo sistema concentrado para el manejo de la información pública en el que la Antai se erige como un ente central que controla desde la petición de información hasta su incumplimiento, dotándole de una amplia discrecionalidad”, señala la Apede en un comunicado, divulgado la tarde de este viernes.

El proyecto de ley 1031 está actualmente a la espera de recibir primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Apede, además de solicitar al Ejecutivo que retire el proyecto, pidió a la Asamblea que suspenda su discusión.


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