Si bien la Contraloría General de la República se vio obligada a suspender el pago de los controversiales gastos de movilización a alcaldes y representantes de corregimientos del país, poco a poco algunas autoridades locales dejan ver su estrategia para compensar esta partida.
En Panamá Oeste
Por ejemplo, los tres distritos más grandes de la provincia de Panamá Oeste, Capira, Arraiján, y La Chorrera han modificado sus proyecciones mediante acuerdos para hacer uso de los fondos presupuestados para el pago de gastos de movilización, ya suspendido.
En Arraiján, una docena de funcionarios, tanto del despacho del alcalde perredista, Rollyns Rodríguez, como del Consejo Municipal, recibieron un ajuste de salario correspondiente a los gastos de movilización que recibían anteriormente.
El presupuesto de ese municipio para la vigencia fiscal 2022 fue modificado mediante el Acuerdo Municipal 13, publicado en Gaceta Oficial, número 29509, del 4 de abril pasado. En dicho acuerdo no constan ajustes de salarios para el alcalde Rodríguez ni para los concejales. Ante las críticas, los concejales anunciaron la anulación de este aumento.
En Capira, el Acuerdo Municipal 10-22 del pasado 22 de marzo, y publicado en la Gaceta Oficial 29508, aprobó la transferencia de fondos que anteriormente se destinaban a gastos de movilización al renglón que corresponde a gastos de representación. “Dichos fondos siguen activos por lo que es viable gestionar su traslado para las asignaciones que sean definidas conforme las facultades de las autoridades locales”, dice el documento.
Entonces $408 mil 100 que anteriormente eran destinados para gastos de movilización de los concejales, ahora serán usados para gastos de representación. Y $39 mil 600 que estaban destinados para gastos de transporte de la Alcaldía, ahora se convirtieron en gastos de representación para los altos funcionarios de la comuna. Por ejemplo, se le asignan $3 mil 500 mensuales al alcalde Jorge Ramos, del partido Cambio Democrático.
Mientras que en La Chorrera, municipio a cargo del alcalde Tomás Velásquez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), se emitió el Acuerdo Municipal 14, publicado en Gaceta Oficial 29541, que aprobó trasladar $720 mil de una partida destinada al “transporte de personas dentro del país”, directamente a las juntas comunales. Con esta medida, se le asignan $5 mil mensuales a cada una de las 18 juntas comunales del distrito.
En tanto, en la provincia de Chiriquí, el Consejo Municipal de San Lorenzo también aprobó una transferencia de fondos interna como la aplicada en Capira. En un acuerdo municipal se aprobó pagar $2 mil 100 mensuales en gastos de representación al alcalde perredista César Raúl Hernández. Antes de que se suspendieran los gastos de movilización, el alcalde del distrito chiricano recibía $1,400 mensuales para ese fin.
Otro municipio que recurrió a una estrategia similar es el de La Pintada, en Coclé, comuna a cargo del alcalde Edgar Isai D’Angelo, del Partido Panameñista.
Aquí el Consejo Municipal también aprobó transferir $77 mil 100 presupuestados para transporte dentro del país al renglón de gastos representación y a otra partida destinada a “imprevistos”. En el acuerdo se detalla que el presidente del Concejo y el alcalde del distrito recibirán $2 mil mensuales cada uno en gastos de representación.
Luis Pinedo Velázquez, activista a favor de la consulta ciudadana y de la descentralización, asegura que el problema no está en la ley ni las normas. “El problema son los funcionarios. Un representante honesto, un alcalde honesto, no transfiere fondos de un lado a otro... si se prohíben, se utiliza en la comunidad”, manifestó.
Considera que “las áreas grises en la ley son inllenables”, pues quien tenga la voluntad de “hacer las cosas mal, siempre encontrará la forma”. A su juicio, la Ley de Descentralización, el régimen municipal, y la Constitución son claras en cuanto a la función de los gobiernos locales.
El contralor Gerardo Solís se vio obligado a suspender los gastos de movilización porque había alcaldes y representantes que elevaban sus emolumentos a más de $10 mil producto del uso de esa partida.
