La planilla de la Asamblea Nacional, de acuerdo con información disponible en la página web de la Contraloría General de la República, tiene un costo mensual de $6,866,298 e incluye a 3,724 funcionarios eventuales y permanentes.
Contiene 376 asesores que ganan salarios mensuales que van desde $1,000 hasta $5,000, de los cuales 72 reciben $5,000 por mes.
Igualmente, cuenta con 1,320 asistentes administrativos con salarios diversos de $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, entre otros. También figuran 109 promotores comunales y 146 conductores de vehículos, entre ellos Jorge Ramos, exalcalde del municipio de Capira y primo de la exdiputada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego.
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No son los únicos cargos; hay oficinistas, secretarias, técnicos, relacionistas públicos, ujieres, mensajeros, mecánicos de refrigeración, ayudantes generales, entre otros.
El tema de la planilla del Legislativo volvió a la escena pública luego de que el diputado independiente Roberto Zúñiga presentara un hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, le entregue información sobre la planilla del personal del Órgano Legislativo de los meses de julio y agosto de 2024.
Zúñiga envió dos notas a Castañeda, la primera el 11 de julio y la segunda el 31 de julio, solicitando aclaraciones sobre el movimiento de personal en las planillas 001, 002, 080 y 172.
Paralelamente, el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó la opacidad de la jefa del Legislativo, precisamente por no publicar el registro del personal del órgano que lidera.
Aseguró que la jefa de este poder del Estado (Dana Castañeda) “no puede desmontar un sistema al que ella pertenece”.
“Ella decía que de los más de 3,000 empleados —repito, más de 3,000 empleados que tiene la Asamblea— había encontrado 300 ‘botellas’, lo que es una mentira, porque yo, que estuve 5 años allí, en esa Asamblea no trabajan más de 500 personas que hacen una labor. Hay mucha gente honesta que trabaja allí, pero lamentablemente no son la mayoría, y los funcionarios lo saben, y los que vamos a trabajar lo sabemos. Usted va a las comisiones y encuentra a la misma gente trabajando de sol a sol, pero hay 15 más nombrados que nunca nadie ve...”, manifestó en una entrevista con La Prensa.
La versión de Dana Castañeda
En una entrevista concedida a ECOtv, la presidenta de la Asamblea afirmó que se comenzó a publicar información de las planillas en el sitio web del palacio Justo Arosemena.
#EsNoticia🔴 El periodista @felixchaveztv entrevista de manera exclusiva a la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. pic.twitter.com/cjm3VAqZW1
— ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 9, 2024
En efecto, se actualizó la planilla de funcionarios permanentes, pero una búsqueda hecha por este medio permite establecer que no contiene a los funcionarios eventuales, como se registra en el sitio de la Contraloría.
En la entrevista, la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, contó que recibió la planilla 001 con 3,301 personas y ahora hay 730 menos, por lo que quedó con 2,551 funcionarios. “Hemos desvinculado entre 300 y 400 personas a las que no les veíamos que tenían un lugar de trabajo. Tengo que reconocer que producto de las leyes, hemos tenido que reintegrar a una persona que fue destituida porque sufre de insuficiencia renal”, sustentó.
Añadió que la 172, la que abarcaba los famosos contratos de la Asamblea, y que tenía entre 2 mil 500 a 3,000 contratos, fue eliminada.
Los VIP
En la planilla publicada en el sitio web de la Contraloría, figuran exdiputados y varios de sus familiares cercanos, exdirectores de instituciones, personal de confianza de dirigentes de partidos políticos, entre otros.
En esa lista están, por ejemplo, Jessica Canto, amiga de la diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas y presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Ambas son abogadas del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua para evadir su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.
Canto tiene el cargo de asesora II, con un salario de $5,000. Fue condenada a ocho años de prisión como “cómplice primaria” del delito internacional de tráfico de drogas, según fallo del Segundo Tribunal Superior del 23 de mayo de 2002, disponible en los registros digitales del Órgano Judicial.