El mensaje de texto vino desde un centro remoto del gobierno panameño, a horas de la capital de ese país y en el borde de la selva de Darién.
Lo había escrito un migrante que había logrado esconder su teléfono celular dentro de sus shorts. Dijo que las autoridades lo habían detenido sin darle acceso a un abogado ni facilitarle algún medio para comunicarse con sus familiares. Tenía hambre porque solo le daban pequeñas raciones de pan y arroz para comer. Su teléfono era la única forma de buscar ayuda.
Era uno de los afortunados. La mayoría de los aproximadamente cien migrantes detenidos junto con él no tenían forma de comunicarse con el mundo exterior. Fueron enviados a Panamá como parte de la campaña de alto perfil del Presidente Donald Trump para intensificar las deportaciones. Además de Afganistán, los migrantes habían viajado desde Irán, Uzbekistán, Nepal, Vietnam, India y China, entre otros países. Algunos dijeron a los reporteros que acababan de cruzar la frontera de Estados Unidos y México cuando fueron detenidos, y que lo que pretendían era solicitar asilo. Pero, según dijeron, las autoridades estadounidenses se negaron a escuchar sus peticiones y los trataron como criminales. Los esposaron y los acarrearon en aviones militares desde California a Panamá.
Tres vuelos con un total de 299 migrantes, incluidos niños de hasta 5 años, aterrizaron en Panamá a mediados de febrero. Durante las siguientes tres semanas, en medio de un clamor internacional sobre lo que los críticos describen como un impresionante quebrantamiento del derecho estadounidense e internacional, los migrantes que no habían cometido ningún crimen estuvieron detenidos contra su voluntad.
Mientras aumentaba la presión pública sobre Panamá y los activistas presentaban denuncias civiles contra el país, las autoridades liberaron a los migrantes entre el 8 y 9 de marzo, bajo la condición de que buscaran por su propia cuenta como salir de ese país dentro de los siguientes 90 días.
De cualquier modo, su liberación no ha solucionado el asunto del todo entre los grupos que se consideran parte de la red de seguridad internacional que proporciona apoyo humanitario a los migrantes. Entre ellos está la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ayudó a Panamá a repatriar a los migrantes que optaron por volver a sus países en lugar de quedarse detenidos. La OIM dijo que participó en este esfuerzo porque creía que, sin su presencia, la situación para los migrantes sería “mucho peor”. Los críticos alegan que el papel del grupo muestra hasta qué punto la red de seguridad se apoya en Estados Unidos, y como consecuencia puede fácilmente deshacerse.
“Reconozco que algunos individuos tienen la perspectiva de que suministrar una detención y deportación más humanas, o un regreso voluntario, es mejor que una versión menos humana de estas violaciones claras de los derechos”, dijo Hannah Flamm, una abogada del International Refugee Assistance Project (Proyecto Internacional de Ayuda a Refugiados). “Pero en el contexto de la conducta flagrantemente ilegal de la administración Trump, este es un momento que llama a una introspección profunda sobre donde queda la línea de la complicidad”.
Añadió: “Si todo el mundo cumpliera con sus obligaciones legales y éticas de no violar los derechos de la gente que busca protección en Estados Unidos, estas devoluciones a terceros países no podrían realizarse”.
Desde que asumió el cargo, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas que eliminaron opciones para pedir asilo en la frontera, designaron como ilegales todos los cruces y autorizaron ampliamente la expulsión de migrantes interceptados allí. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de apoyo interpusieron denuncias civiles contra las órdenes del presidente. Estados Unidos no ha respondido a estas denuncias en los tribunales. Los procedimientos contra Panamá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se tramitan en público. Pero en una conferencia de prensa el día después del aterrizaje del primer avión lleno de migrantes el mes pasado, el presidente del país, José Raúl Mulino, evadió responsabilidad y aseguró que los migrantes solo pasaban por Panamá en camino a otros sitios. Su estadía sería breve y sin costos, dijo, y añadió que todo había sido “organizado y pagado por la Organización Internacional para la Migración”.
La OIM, fundada después de la Segunda Guerra Mundial y ahora parte de las Naciones Unidas, típicamente tiene un papel clave, pero de bajo perfil, al ayudar a los migrantes, incluidos aquellos que al enfrentarse con la posibilidad de ser deportados deciden volver a sus casas. Proporciona todo, desde asesoría a los gobiernos que manejan movimientos repentinos y masivos de refugiados hasta documentos de viaje, comida y hospedaje para migrantes individuales. Y su declaración de principios la compromete a defender los derechos de la gente en tránsito.
Pero su papel en la repatriación de solicitantes de asilo que han sido expulsados de Estados Unidos, sin la oportunidad de presentar sus peticiones de protección contra la persecución. ha expuesto lo fácil que es que se quiebre la red de seguridad.
En respuesta a la letanía de amenazas de la administración Trump contra México y Centroamérica —imponer aranceles, cortar ayudas y, en el caso de Panamá, tomar por la fuerza su canal— esos gobiernos han tomado medidas extraordinarias que han derribado normas internacionales y diplomáticas, y han permitido que esa administración Trump convierta a sus países en extensiones del sistema de inmigración estadounidense. El presidente Rodrigo Chaves Robles, de Costa Rica, cuyo gobierno históricamente se ha esforzado en mantener su neutralidad en conflictos y desacuerdos regionales, también ha permitido que aterricen en su país vuelos de migrantes procedentes de Estados Unidos. En una gira presidencial el mes pasado, dejó en claro lo que estaba en juego.
“Estamos ayudando a nuestro poderoso hermano económico en el norte”, dijo, “a quien, si nos pone un impuesto en zona franca, nos friega”.
Mientras tanto, grupos como la OIM son igual de vulnerables ante la presión estadounidense. Alrededor del 40 por ciento de las donaciones que financian su trabajo provienen de los Estados Unidos. En las semanas recientes, la organización se vio forzada a despedir a miles de empleados después de que Trump congeló miles de millones de dólares en ayuda internacional. Esto significa, según un ex funcionario de la administración Biden que trabajó en temas de migración, que cuando los Estados Unidos pide algo, aunque sea algo que va en contra de la misión de la OIM, “no hay mucho margen para decir que no”.
Al hablar de la OIM, el funcionario añadió que “casi no puede existir sin Estados Unidos”.
Sin las protecciones legales establecidas por el derecho internacional, los solicitantes de asilo como aquellos que fueron transportados por los Estados Unidos a Panamá no les dejan otra que defenderse por ellos mismos. Cuando llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos tenían poco más que la ropa que llevaban puesta y el dinero en sus bolsillos. Y las autoridades estadounidenses los expulsaron exactamente tal y como llegaron. Al aterrizar en Panamá, los oficiales confiscaron cualquier teléfono celular que encontraron en posesión de los migrantes. Omagh fue uno de los pocos que logró evitar que descubrieran su teléfono.
Angustiosos mensajes de texto como este se convirtieron en la única ventana a lo que estaban pasando los migrantes durante su detención. Antes de ser enviados al campamento del Darién, las autoridades panameñas los mantuvieron 24 horas bajo la vigilancia de guardias armados, en un hotel en el centro de la Ciudad de Panamá. Cuando las escenas de estos migrantes y sus mensajes de texto aparecieron frente a las ventanas del hotel, con peticiones de ayuda escritas a mano, algunas garabateadas con pasta de dientes sobre el cristal, causaron indignación internacional. Entonces, funcionarios de la OIM se movieron rápidamente para enviar en avión a más de la mitad de los migrantes que aceptaron ser devueltos a casa, mientras que el gobierno de Panamá trasladó al resto de personas al remoto campamento del Darién.
En al menos dos ocasiones, funcionarios panameños ofrecieron a los periodistas permiso de entrada al campamento para hablar con los detenidos, pero las dos veces cancelaron las visitas sin explicación. Desde entonces, han rechazado múltiples solicitudes de entrevistas. Abogados panameños dijeron que a ellos también les negaron el acceso a los migrantes.
Conversaciones secretas a través de teléfonos celulares llenaron el vacío informativo y esbozaron imágenes de las condiciones en el campamento. Los migrantes escribieron que los baños y las duchas no tenían puertas para garantizar la privacidad y que fueron encerrados sin aire acondicionado, a temperaturas sofocantes. Un migrante llevó a cabo una huelga de hambre durante siete días. Omagh escribió que, cuando él y otros se quejaron por la calidad y cantidad de la comida, las autoridades ofrecieron comprar más, pero solo si la pagaban los detenidos.
El 7 de marzo, el gobierno panameño anunció que liberaría a los 112 migrantes que aún quedaban. Las autoridades advirtieron que aquellos que permanecieran más del tiempo límite de tres meses, se arriesgaban a ser deportados. Los migrantes afirmaron que también se les dijo que solo podrían abandonar el campamento si aceptaban firmar un documento declarando que no habían sido maltratados, lo que podría dificultarles la posibilidad de interponer una denuncia legal en el futuro.
Al día siguiente, funcionarios panameños y de la OIM regresaron al campamento y les dijeron a los migrantes que se les pediría desocupar el lugar en cuestión de horas, lo que ocasionó una nueva ola de desorden y ansiedad entre los detenidos, la mayoría de los cuales no habla español y no tienen contactos ni donde quedarse en Panamá. Omagh, que entendió lo que pasaba porque había aprendido un poco de español durante su recorrido por México hacia los Estados Unidos, envió un mensaje comentando sobre el disturbio.
Cuando se le preguntó sobre estos comentarios, la OIM respondió que, debido a que su equipo había ayudado a los funcionarios panameños con la traducción, los migrantes en el campamento frecuentemente confundían quién era quién. Jorge Gallo, un portavoz regional para la OIM en América Latina y el Caribe, defendió el papel de su organización en Panamá. Dijo que el trabajo de la agencia, “empoderar a los migrantes para tomar decisiones informadas, aun cuando se enfrenten con opciones restringidas, es preferible a no tener opción alguna”.
Gallo y otros oficiales de la OIM dijeron que la organización ayuda a los migrantes a encontrar “alternativas seguras”, lo que incluye asistirlos para trasladarse a otros países donde puedan obtener un estatus legal si deciden no regresar a sus países de origen.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a preguntas detalladas sobre las expulsiones. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado expresó agradecimiento a los países que han aceptado cooperar y que muestran que están “comprometidos a terminar con la crisis de inmigración ilegal en Estados Unidos”.
Dentro de la comunidad de los que trabajan por los derechos humanos, los defensores de migrantes no saben qué hacer. Mientras el gobierno panameño se preparaba para sacar a los migrantes del campamento del Darién, funcionarios de la OIM contactaron con administradores de refugios religiosos para buscar lugares que pudieran acoger a los migrantes. Elías Cornejo, el coordinador de servicios para migrantes de la orden jesuita Fe y Alegría en la Ciudad de Panamá, dijo que algunos de los administradores dudaron porque temían que cualquier paso que diera la apariencia de que ellos defendían políticas contrarias a la ley podría manchar sus reputaciones.
La OIM, según Cornejo, “queriendo hacer algo bueno, está lavando la cara del gobierno, y participando y manchándose las manos con una política improvisada sin control y sin posibilidades de hacer algo bueno por la gente”.
Mientras los migrantes en el campamento del Darién trataban de decidir qué hacer cuando salieran de Panamá, empezaron a usar sus teléfonos abiertamente y a compartirlos entre ellos.
Tatiana Nikitina recibió un mensaje de su hermano de 28 años, que había emigrado a los Estados Unidos desde Rusia. Había sido detenido después de cruzar la frontera cerca de San Diego, pero su familia no había tenido noticias de él durante días y estaba aterrada de que lo forzaran a volver a su país. Sin saber a dónde dirigirse para conseguir respuestas sobre su paradero, en su desesperación, su hermana buscó información en chats grupales y empezó a comunicarse con ProPublica.
Su hermano, Nikita Gaponov, usó el teléfono de Omagh para comunicarse también con ProPublica y explicó por qué había huido de su país.
Dijo que había hablado con representantes de la OIM sobre sus temores.
Omagh, también, dijo que la idea de volver a Afganistán lo aterroriza. Contó que pertenece a un grupo étnico que sistemáticamente ha sido perseguido por los Talibanes que gobiernan y que estuvo encarcelado brevemente.
Investigación de Lexi Churchill de ProPublica y The Texas Tribune.
Traducción por Carmen Méndez.
Esta historia fue publicada originalmente en ProPublica, un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público.
