El exdiputado Juan Diego Vásquez, uno de los mentores de la bancada independiente Vamos, habló sobre uno de los temas que en los últimos días ha dominado la conversación pública: la narcopolítica, un fenómeno que ha penetrado los tres poderes del Estado, principalmente el Legislativo.
Las tres patas: políticos corruptos, el crimen organizado y la empresa privada
Vásquez, abogado criminalista, recordó que este fenómeno no es exclusivo de Panamá, sino que se repite en otros países, afectando especialmente la política. “El narcotráfico no solo impacta la vida cotidiana, sino que tiene una injerencia desproporcionada en la política”, expresó Vásquez.
Para el exdiputado, este problema se enmarca dentro de un “triángulo” que incluye a políticos corruptos, el crimen organizado y la empresa privada que colabora en estos actos ilícitos. “Son tres patas de las que hay que hablar siempre, y por eso hay que atacarlas siempre”, enfatizó.
Para combatir este flagelo, el exdiputado señaló que se requiere una mayor responsabilidad tanto de la justicia como del electorado. Llamó a los votantes a ser más conscientes al elegir a sus representantes, evitando respaldar a candidatos vinculados a actividades delictivas. “Lo que hay que hacer es buscar los mejores perfiles, alejados de esa clase de práctica, porque es lo triste; este país es tan chico y los barrios son tan chicos que uno sabe quién es quién”, comentó.
Por estos días, dos de la diputados de la Asamblea Nacional, están en la mira de las autoridades por supuestos nexos con tráfico de droga. A uno de ellos, incluso, se le relaciona con blanqueo de capitales.
Se trata del perredista Raúl Pineda, a quien se le vincula con la Operación Jericó, un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional que desmanteló una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigue a Pineda por este caso, pues cuenta con interceptaciones telefónicas que probarían que su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, supuestamente lavó dinero para el grupo investigado por Jericó.
El otro caso es el de Isaac Mosquera Rivas, diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Recientemente, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales envió a la Corte Suprema de Justicia el proceso que se le sigue a este diputado por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.
Prueba idónea
Además, destacó la necesidad de que la justicia funcione con independencia y sin componendas políticas. En este sentido, fue tajante al señalar que, en casos de diputados involucrados en delitos, “la figura de la prueba idónea debe ser eliminada”. Según Vásquez, esta norma ha permitido que algunos políticos continúen en sus cargos a pesar de estar señalados por delitos graves, ya que se escudan en la falta de pruebas directas para evitar investigaciones profundas.
“La justicia tiene que hacer su trabajo, y en el caso de los diputados, la prueba idónea tiene que eliminarse. No puede ser que, con señalamientos tan graves, estas personas sigan ejerciendo sus cargos”, aseveró.
Aquí también abogó por erradicar “el binomio” yo te investigo, tu me investigas, en los poderes Ejecutivo y Judicial. Es decir, los diputados de la Asamblea Nacional investigan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo este tribunal investiga a los diputados. “Ese binomio hay que acabarlo”, advirtió.
En los últimos 10 años, la Corte Suprema de Justicia ha desestimado múltiples casos contra diputados, argumentando falta de prueba idónea, uno de los requisitos para admitir una denuncia o querella contra los hombres y mujeres encargados de hacer las leyes en el país.
‘Fallaron los controles del Tribunal Electoral’
El exdiputado también habló de la falta de controles efectivos por parte del Tribunal Electoral (TE) en cuanto al financiamiento de las campañas políticas. Vásquez criticó al TE por su actitud pasiva ante el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo durante las elecciones. “El Tribunal es ciego, sordo y mudo cuando le conviene. Solamente decide ver lo que le conviene ver”, afirmó. Recordó que en las pasadas elecciones del 5 de mayo, algunas campañas movieron sumas de dinero en efectivo sin una supervisión adecuada.
Para erradicar la narcopolítica y mejorar el sistema electoral y judicial, se requiere un esfuerzo conjunto entre los líderes políticos, la justicia y la sociedad civil, sugirió.
De acuerdo con datos del TE, los ocho candidatos que compitieron por la presidencia de la República el pasado 5 de mayo, reportaron gastos de financiamiento privado por $13,998,763.
Sin embargo, la inversión total de las distintas campañas presidenciales que participaron en los comicios podría ser más alto, pues se desconocen los gastos del financiamiento público que individualmente recibió cada candidato.
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