El exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, ha ejercido su derecho a réplica, mediante anuncio pagado, publicado este martes, en respuesta a reportajes que fueron dados a la luz pública por La Prensa los pasados días 4, 6 y 13 de diciembre.
Oliva afirma que en esas entregas periodísticas “se sugiere de forma tendenciosa” que, tras su renuncia de la AIG, “formalicé y firmé procesos documentarios atenientes a la institución gubernamental, luego de despojarme de la investidura de servidor público”. Y asegura que son “falsas y se contraponen a la data de trazabilidad que siguió el trámite formal de solicitud de refrendo de acuerdo entre la entidad y la empresa Fintek, S.A. que, durante mi ejercicio al frente de la AIG”, gestionó ante la Contraloría.
Oliva, hoy candidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito, sostiene que la carta en la que solicita el refrendo de la Contraloría al acuerdo entre la AIG y la empresa Fintek, contiene su “firma electrónica inalterable”, colocada el 9 de octubre de 2023, cuando aún era administrador de la AIG (renunció al cargo para hacer política el 13 de octubre).
“Esta data fiel, que no está a expensas de errores humanos, debió ser consultada como una segunda validación que hubiese dejado al descubierto que el sello de recibido colocado en la nota de refrendo indicada, por parte de la Contraloría, tiene un error al registrar como fecha de ingreso el 19 de octubre, en vez del 9 de octubre como se mantiene en la plataforma digital”, aseguró Oliva en su comunicado pagado.
Pero el anuncio con la réplica de Oliva deja más dudas que aclaraciones. Sobre ese último punto, por ejemplo, no aclara, sino que abre a debate la veracidad de las dos versiones: la de Contraloría y la de Oliva. Asumiendo que sea cierto lo que plantea el exdirector –que hubo un error en la fecha del sello de recibido de su carta–, su versión no bastaría, pues entraría en duda la autenticidad de los documentos físicos y digitales de la Contraloría: hay un sello de recibido en la Contraloría con fecha del 19 de octubre de 2023 y otro digital en la plataforma de la Contraloría, con fecha del 9 de octubre de 2023. ¿Cuál es la fecha auténtica?
Pero no es todo. El exfuncionario no dedica una sola palabra al hecho de que el acuerdo de la AIG con Fintek, S.A. –asumiendo como cierta su versión– que habría ingresado a la Contraloría el 9 de octubre, tiene fecha del 2 de diciembre de 2022 (y no es una forma electrónica).
Oliva no explica por qué respaldó un documento que, al momento de su firma y refrendo de la Contaloría, estaría ejecutado y sin vida jurídica, ya que este acuerdo tenía vigencia de solo seis meses, que se habrían cumplido en junio de 2023, pero que Oliva firmó casi cuatro meses después de haberse cumplido ese plazo.
Tampoco dice una palabra sobre el hecho de que en Asesoría Legal de la AIG, según una denuncia que interpuso el subadministrador de la autoridad, Luis Carlos Stoute, no se sabía nada de este acuerdo con Fintek hasta el día de su firma. Y si el departamento legal de la AIG no tenía idea de este acuerdo, entonces, ¿quién lo redactó? ¿quién lo revisó? Oliva dijo a La Prensa que estaba seguro de que en Asesoría Legal sí sabían, pero no aportó pruebas de que ello fuera así.
En los documentos presentados por Oliva para probar su versión hay una discordancia: su firma digital va acompañada de la hora en que fue estampada, a las 11:04:17, del 9 de octubre de 2023. Pero en el documento de la Contraloría (Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos - Scafid) se lee: “Fecha de entrada a Contraloría 09-oct.-23 12:00 a.m.”. Es decir, el documento habría entrado en la madrugada del 9 de octubre de 2023, ¿horas antes de que lo firmara digitalmente Oliva?
Actualmente, este trámite ante la Contraloría no se ha cumplido, pues, de acuerdo con la plataforma Scafid de la Contraloría, el acuerdo con Fintek ha sido devuelto a la AIG para “subsanación”.
