El país amaneció ayer sábado con una gran resaca cortesía de la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Laurentino Cotizo.
En cinco días, el proyecto de ley 1100, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, fue presentado a la Asamblea, aprobado en tres debates, devuelto al Ejecutivo, sancionado, enumerado (ahora es la Ley 406 de 2023) y publicado en Gaceta Oficial.
La premura, la falta de consulta ciudadana y la decisión de sesionar a puerta cerrada, con las gradas del hemiciclo vacías, dejó consecuencias: calles trancadas, enfrentamientos en los predios de la Asamblea Nacional, una persona con heridas graves y pérdidas calculadas en $50 millones por cada día de protesta.
Los cuestionamientos
Una de las primeras organizaciones que se pronunció ayer sábado fue la Red Eclesial Ecológica de Mesoamérica, conformada por una veintena de entidades de la iglesia católica. La Red consideró como una práctica contraria a la “ética profesional” la forma “acelerada” en la que el Gobierno y la Asamblea Nacional manejaron la aprobación del contrato minero.
La Red advierte que este método de actuar puede producir efectos “impredecibles” para la débil institucionalidad del país y tiene un impacto directo en la vida socioambiental que desarrollan distintas comunidades.
El proyecto de ley que adopta el contrato minero, con sus modificaciones, llegó el pasado lunes 16 de octubre a la Asamblea Nacional, cuando fue presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
¡Rechazamos Contrato Minero! pic.twitter.com/zG9NkLbv6w
— Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) October 21, 2023
Luego, el 18 de octubre, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y, al día siguiente, fue al pleno legislativo, donde recibió segundo debate. Finalmente, el viernes 20 de octubre, fue avalado en tercer debate, en una sesión que si acaso duró 40 minutos. Nueve horas después, apareció publicado en Gaceta Oficial, convertido en ley de la República.
“Desaprobamos la violencia desproporcionada con la cual intervino la Policía Nacional contra los manifestantes el 20 de octubre, cuando, acompañados por nuestros obispos, nos manifestamos pacíficamente”, indicó la Red en su comunicado.
Víctimas
El fotógrafo Aubrey Baxter, miembro del colectivo ambientalista Ya es Ya, estaba en los predios legislativos el pasado jueves, para documentar las protestas que se llevaban a cabo mientras los diputados discutían el proyecto en segundo debate.
En esas estaba, cuando recibió el impacto de un perdigón en la cara, que se cree fue disparado deliberadamente por uno de los agentes de las unidades de control de multitudes. Ahora todo el país ha podido ver los videos en los que Baxter cae de rodillas, con el rostro lleno de sangre. Al día siguiente, ingresó al salón de operaciones del Hospital Santo Tomás, pero los doctores no pudieron hacer nada por salvar su ojo derecho.
La agrupación en redes sociales plasmó que hay total consternación en la familia, amigos y compañeros de Baxter, y que ningún panameño debe sufrir una situación como esta, simplemente por salir a la calle a ejercer sus derechos ciudadanos.
Tras los diferentes incidentes, la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al Ministerio Público la apertura de una investigación de oficio para que las autoridades brinden información que esclarezca los hechos.
Según observaciones realizadas por los oficiales de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, ha habido una escalada en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional en las protestas ciudadanas en rechazo al contrato minero.
En tanto, la Policía negó que guarde relación con los hechos ocurridos al fotógrafo Baxter y que, por el contrario, acusa a los manifestantes de usar “armas de fabricación casera, objetos contundentes y fuegos pirotécnicos en contra de los agentes policiales”. El comunicado no indica cuántos agentes policiales están heridos y no hay constancia de eso haya sucedido siquiera.
Las convocatorias
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) convocó para hoy domingo a un consejo nacional sindical, para que la dirigencia decida cuáles son las próximas acciones de protesta, luego de la aprobación del contrato minero.
“Vamos a seguir librando esta pelea. Llegó la hora de poner orden en este país”, dijo Saúl Méndez, durante una conferencia de prensa ayer sábado.
Suntracs (@SuntracsPanama) sobre el Contrato Minero:
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2023
"No es un contrato minero, es un contrato que vende a la patria", señala @SaulAlFrente
Este domingo realizarán un Consejo Nacional Sindical para analizar nuevas acciones.pic.twitter.com/WVSjrenJif https://t.co/rLx5Yn2AoO
Lo mismo hizo ayer la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que invitó a los educadores a concentrarse en distintos puntos del país este lunes. En la ciudad de Panamá, lo harán en la vía España; en Colón, estarán en calle novena, y en Chiriquí, en el parque Cervantes de David.
La Universidad de Panamá, que el pasado viernes suspendió las clases en el campus central por la “salvaguarda” de sus estudiantes y profesores, no ha dicho nada sobre la jornada de mañana.
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, está en contra de los cierres de vías.
“Nosotros buscamos siempre la seguridad jurídica, la libertad de empresa y la preservación de los puestos de trabajo. Lo que no estamos de acuerdo es con las acciones de cierres de calles, en detrimento de la actividad económica y los propios trabajadores”, acotó.
Tomando en cuenta que los cierres afectan el sector turismo, los puertos y muchos comercios del país, Rosas calcula que las pérdidas económicas suman unos $50 millones por día.
“Hay una afectación importante, porque no se realizan transacciones, no hay actividad económica y los efectos en la parte logística y el comercio que se mueve en sí no pueden funcionar”, dijo.
A su juicio, lo ocurrido esta semana deja dos lecciones al país.
“La primera es que la justicia tardía, no es justicia. Hubo una demora de 11 años para que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley [de 1997] que aprobó el contrato. Eso ha generado el problema que tenemos hoy y de allí emana el problema”, añadió.
Como se recordará, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) promovió una demanda contra el contrato ley 9 de 1997, que autorizó la explotación minera en Donoso, el cual fue declarado inconstitucional en 2017, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Para el presidente de Apede, el país debe contar con un Código de Recursos Minerales robusto, para que esa actividad sea regulada de una manera más efectiva y conforme a la dinámica del mercado. El código actual data de 1963.
El ministro de Comercio también se refirió a las protestas. “Cada cual tiene el derecho a expresarse, pero como he dicho siempre, sin afectar a terceros y cerrar calle”, puntualizó.
De acuerdo a Alfaro, la nueva Ley 406 aplica exclusivamente para la explotación en una concesión en Donoso, lo cual no implica que se esté decidiendo sobre el futuro minero del país. “Yo he dicho que si queremos ese debate, primero se debe modificar el Código Minero”, remarcó.
Otras voces
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, integrada por los siete pueblos originarios, expresó su rechazo a la aprobación “a tambor batiente” del polémico contrato minero.
“Hacemos un llamado a la población indígena a sumarse a las acciones hasta lograr la derogación de la ley. Haremos valer la posición generalizada del pueblo panameño en contra de este nefasto contrato que, más que beneficios, es un despojo al país de sus riquezas a cambio de nada, condenando la biodiversidad y la vida de la presente y futura generación”, dijo Marcelo Guerra, coordinador de la organización.
El Ciam planteó que el fallo de la Corte de 2017 afirma que la aprobación de un contrato ley de concesión minera no puede “pasar por encima de las exigencias constitucionales que obligan a las autoridades públicas y a los particulares a cumplir con los procedimientos establecidos para su realización”.
“A pesar de ello, el contrato ha obviado los parámetros impuestos por el Código de Recursos Minerales vigente para el otorgamiento de una concesión minera y el procedimiento especial establecido por el Decreto de Gabinete 267 de 1969, que obliga a la realización de una licitación internacional”, indicaron.
Se buscó una reacción de Minera Panamá para conocer su posición sobre la aprobación del contrato minero, pero informaron que se pronunciarán mañana lunes.
