Citaciones van y vienen, pero la silla reservada para altos funcionarios del Órgano Ejecutivo, llamados a comparecer por la Asamblea Nacional, sigue vacía.
A pesar de ello, este martes 22 de abril el Legislativo aprobó nuevas citaciones que se suman a una lista en incremento: Luis Alberto Roquebert, administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y Miguel Ordóñez, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Los tres fueron citados por la Comisión de Infraestructura y asuntos del Canal de Panamá.
En el caso de Roquebert, esta es la segunda citación en lo que va del año, tras haber sido convocado también en marzo.
Sus nombres se suman a otros convocados anteriormente: Gabriel Cajiga, director del Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos; Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal de Panamá; e incluso, Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes no han acudido a la cita legislativa.
¿Fundamento inefectivo?
La Constitución Política de la República, en su artículo 161, otorga a la Asamblea Nacional la facultad de citar a ministros de Estado, directores de entidades autónomas y semiautónomas y otros altos funcionarios para que rindan informes.
“… Las citaciones se harán con anticipación no menor de cuarenta y ocho horas y se formulará en cuestionario escrito y específico. Los funcionarios que hayan de rendir el informe deberán concurrir y ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea Nacional…”, detalla la Constitución.
A esta disposición se suma el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea, que contempla, incluso, la posibilidad de conducir a los funcionarios que, de forma reiterada, hagan caso omiso a la comparecencia.
“La Comisión podrá ordenar la conducción ante ella de los citados a comparecer o a rendir declaraciones que, de forma reiterada, no comparezcan a la citación. Igualmente, la Comisión podrá denunciar dicha conducta ante las autoridades correspondientes, para la determinación de las responsabilidades penales”, señala la norma.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo del 23 de diciembre de 2022, declaró inconstitucional esta disposición del RORI, junto a otro párrafo que permite a comisiones de la Asamblea Nacional emplazar a “a toda persona, natural o al representante legal de una persona jurídica, para que rinda declaraciones verbales o escritas".
El fallo de la CSJ ha puesto en duda la efectividad de las citaciones y la realidad ha golpeado a la cara de diputados y la ciudadanía: hay altos funcionarios que simplemente hacen caso omiso a las citaciones.
El foco sobre el canciller y el Canal
Todos los reflectores apuntan al canciller Martínez-Acha. Tras haber sorteado las citaciones, ahora la presión aumenta luego de que la diputada Janine Prado, jefa de bancada de la coalición Vamos, presentó una resolución para aplicar un voto de censura en su contra.
La iniciativa, respaldada por 39 firmas, lo acusa de cometer “actos atentatorios y errores graves en perjuicio de los intereses del Estado”; según lo expuesto por Prado en el pleno de la Asamblea Nacional.
La diputada argumentó que el ministro ha evadido de forma reiterada sus citaciones a comparecer, pero además señaló faltas graves relacionadas con su participación en la elaboración del polémico Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, que abriría la puerta a presencia militar estadounidense en bases panameñas.
El canciller ha concentrado la atención pública, luego de un extenso comunicado donde dijo “no aceptar críticas” sobre la forma en que ha gestionado este asunto.
Por otro lado, el ministro José Ramón Icaza y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez —quienes también asistieron al acto de firma del memorándum— se mantienen entre los citados por el Legislativo para responder cuestionarios.
Los recientes acontecimientos han dejado dudas sobre la efectividad de las citaciones, así como un voto de censura que marca un precedente en el ejercicio del poder legislativo reciente.
