El proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo, por conducto de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que deroga la Ley 6 de 2002 sobre transparencia, “obstaculizará que periodistas y ciudadanos accedan a información pública y blindará casos de corrupción en la administración pública”.
Esta fue la advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que este 13 de septiembre solicitó al presidente Laurentino Cortizo que retire el proyecto de ley 1038. De ese modo, la SIP se suma al creciente número de organizaciones y gremios empresariales y periodísticos que le han solicitado a Cortizo que retire la propuestañ.
El presidente la SIP, Michael Greenspon, expresó que es un “absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país y que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región”.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que la SIP se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que “no existió un proceso de consulta” para discutir una iniciativa que destrona los atributos que tiene la anterior de 2002.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Voz del Interior de Argentina, Carlos Jornet, mostró su preocupación por “la evidencia de que en la región crece la resistencia de los gobiernos a garantizar el derecho de acceso a la información pública”.
Greenspon y Jornet recordaron que el presidente Cortizo firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta en 2020, y que su compromiso implica mantener un gobierno de puertas abiertas y transparente.
El punto 2 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”, mientras que el 3 señala que: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
La SIP reconocía como un hecho positivo que Cortizo recibiera a una delegación del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y del Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información, el pasado lunes, en la Presidencia.
Ambas organizaciones defendieron los atributos de la Ley 6 de 2002, que permite a cualquier ciudadano solicitar información pública de forma directa.
