El municipio ha sido la base de la democracia y de la República.
Una acción del alcalde de La Villa de Los Santos en 1821 inició la vida republicana del país.
Un cabildo del municipio de la ciudad de Panamá fue el método para declarar la independencia del 3 de noviembre de 1903.
A pesar de este importantísimo rol histórico, los municipios han sido actores secundarios en las políticas públicas del Estado panameño.
Una de las razones fundamentales por las cuales Panamá es un país con un alto grado de concentración de la riqueza es la vigencia de una cultura política de centralismo administrativo heredada de la colonia española, que se combinó con un modelo económico fundamentado en el transitismo, es decir el movimiento de personas y bienes de un océano a otro a través de la parte más estrecha del país. En cuestión de cinco siglos, la región del tránsito se convirtió en el área metropolitana, centro neurálgico de las actividades políticas, sociales y económicas de la nación.
El nacimiento de un paradigma
Los principales diagnósticos sociales y económicos focalizados sobre la realidad panameña, han expresado en los últimos 30 años un conjunto de facetas de una misma realidad. La coincidencia en líneas generales, en su diagnóstico, es el de una sociedad en la que el área metropolitana lo tiene y lo recibe todo, alcanzando un índice de desarrollo humano similar al de Portugal para las comunidades de más altos ingresos, mientras el gran interior, la zona caribeña, la región oriental, las áreas insulares y por supuesto las comarcas indígenas, llegan a caer en su desarrollo humano a niveles del continente africano.
Recuperada la democracia después de la invasión de 1989, una sucesión de gobiernos de distintas banderas políticas intentó esquemas de redistribución de recursos de alcance muy limitado. Originalmente, el Fondo de Emergencia Social de la Presidencia de la República atendía peticiones de distintos niveles de urgencia comunitaria, que se convertían en nuevas capillas, canchas deportivas, veredas, acueductos rurales y una que otra escuela o centro de salud. Ese fue el tenor de nuevas iniciativas de inversión local o de desarrollo comunitario.
A la salida del gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009), el 29 de junio del 2009 nació la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización en la administración pública. Sus mandatos fueron suspendidos durante la siguiente administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Durante ese gobierno, se integraron todas las iniciativas dirigidas a financiar proyectos locales en una sola entidad conocida como el Programa Nacional de Desarrollo Local (Pronadel), aunque esto no duró mucho. En la administración del mandatario Juan Carlos Varela (2014-2019), se restableció la Ley 37 del 2009 y, por medio de la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, se le asignan los ingresos provenientes del impuesto de inmuebles para ser utilizados en la descentralización.
El esquema era muy sencillo: el municipio consulta con la comunidad para identificar los proyectos prioritarios. Se le presentaba la propuesta al gobierno central y, si no había algún proyecto parecido del propio gobierno central en ese municipio, se le daba el visto bueno. Una vez se escogía a la empresa encargada de la obra, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le pagaba directamente. El municipio solo recibía el 10% de los fondos asignados para sus gastos, cantidad que podía ser hasta 25 % para los municipios más pobres o remotos.
Se desarrollaron varias dinámicas en respuesta a este esquema. El municipio más beneficiado fue el capitalino, que recibió un poco más del 50% de los fondos de la descentralización. Proyectos como las aceras de la vía España y las renovaciones de la calle Uruguay y de la vía Argentina fueron realizados con estos fondos. En otros municipios, se dio un reparto equitativo entre todos los corregimientos, lo que fraccionó los escasos fondos de la descentralización. El resultado concreto fue que esta primera versión de la descentralización no sacudió los índices de desarrollo humano, ni mejoró la distribución de los ingresos.
Una descentralización paralela
Con la llegada del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), la descentralización tomó otro rumbo.
Como una reacción inicial a la pandemia de covid-19, se permitió a los municipios usar más fondos de la descentralización para cubrir su presupuesto de funcionamiento. Por medio del Decreto Ejecutivo 587 de 23 de septiembre de 2020, se elevó a la Secretaría de Descentralización, entidad que estaba encargada del tema, al rango de Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El control efectivo de los recursos pasó del MEF hacia los propios gobiernos locales. Aunque ha seguido el sesgo en favor del Municipio de Panamá, el gasto de la descentralización se ha convertido en un apoyo electoral disimulado.
Esto se consiguió implementando una descentralización paralela, por medio de la cual fondos del gobierno central fueron asignados predominantemente entre los años 2021 a 2023 en favor de gobiernos locales controlados por el partido de gobierno. Al menos $202.4 millones han sido transferidos a juntas comunales en momentos en que varios partidos políticos adelantan sus procesos electorales internos, a fin de definir su oferta para mayo de 2024.
Frente a esta situación, se manifiesta un panorama de total impunidad. El contralor general de la República, Gerardo Solís, ha manifestado públicamente su respaldo a estas asignaciones, mientras que el fiscal general electoral Dilio Arcia se ha negado a intervenir porque considera que estos desembolsos se han dado por años y, por tanto, no existe vinculación con algún proceso electoral. Otras instituciones como la Defensoría del Pueblo o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tampoco han hecho declaraciones sobre este tema.
El Ministerio Público (MP) pudiera intervenir si existiese algún indicio de acto de corrupción o favoritismo en las contrataciones con estos fondos o si pudiera comprobarse algún beneficio directo a las autoridades locales proveniente de los contratistas. Incluso, el MP pudiera investigar si existen sobreprecios en estos contratos.
Sin embargo, sin una colaboración activa de la Contraloría, el MP se vería muy limitado. La descentralización se ha convertido en el nuevo rostro absurdo del clientelismo.
