Después de varias reuniones exploratorias con los sectores “representativos” que están dispuestos a participar en la segunda fase de la mesa única del Diálogo por Panamá, la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (EI-DiSTReC) de la Universidad de Panamá (UP), que ha dicho que puede ser facilitador en ese encuentro, dejó claro que su participación depende de que todas las partes logren un acuerdo en cinco aspectos.
Solo después de lograr ese consenso entre el Bastión de Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Gobierno, “la EI-DiSTReC estaría en condiciones, si las partes así lo aceptan, de asumir la facilitación de la segunda fase de la Mesa”.
Esta decisión quedó plasmada en el informe de 22 páginas que Vasco Torres De León, director de la EI-DiSTReC, entregó a los principales grupos interesados en ser parte del diálogo.
El pasado 2 de diciembre, el arzobispo José Domingo Ulloa, quien lideró la etapa anterior del diálogo originado a raíz de las protestas de julio de 2022, pidió a la UP que iniciara de manera expedita el contacto con los actores que han manifestado su interés de participar de la segunda fase, con el propósito de explorar las expectativas que hay.
La EI-DiSTReC se reunió la semana pasada con representantes de las tres alianzas, el Gobierno y el Conep y redactó un informe sobre estos encuentros. En el documento, al que tuvo acceso este medio, se detalla, por ejemplo, la posición planteada por cada uno de los grupos. A su vez, la escuela da conclusiones y hace recomendaciones para poder avanzar a la segunda fase.
“Finalizada esta etapa exploratoria, la EI-DiSTReC de la Universidad de Panamá reitera su compromiso con el país y sus ciudadanos y mantiene su disposición de poder servir de facilitador para esta segunda fase de la Mesa Única de Diálogo por Panamá, tan pronto se avance y resuelvan los principales elementos plateados en este informe”, se lee en el documento.
Sin acuerdo
Son cinco los temas que las partes aún deben decidir: el lugar del diálogo, la logística, la confidencialidad y comunicación de las negociaciones, los temas a debatir y la participación en condiciones de igualdad. Y es que en estos aspectos, tanto las alianzas como el gobierno y el gremio empresarial tuvieron opiniones encontradas.
Por ejemplo, el documento detalla, sobre el tema de la “confidencialidad y comunicaciones”, que dos grupos asumen fuertemente que los debates del diálogo “deben ser televisados o directamente abiertos al público”. Esta es la posición de Anadepo y el Bastión de Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos.
La Alianza Pueblo Unido, en tanto, considera que es un tema que se debe discutir en la mesa, pero que “es posible que haya momentos donde se transmiten las discusiones y momentos donde de manera privada se haga la redacción de los acuerdos, como funcionaban las comisiones de acercamiento en la primera fase”.
La primera fase del diálogo fue transmitida, en directo, por SerTv.
Las alianzas, además, explicaron a la EI-DiSTReC que se hace necesario la transmisión del diálogo, debido a que, entre otros aspectos, se daría fe de lo que se habla en la mesa y permitirá que no se ponga en duda la legitimidad de lo que se acuerda.
Mientras que el Conep planteó que “no debe ser televisado, sino que la rendición de cuentas debería ser mediante otro mecanismo, como [divulgar] las actas del diálogo y las declaraciones que haga cada sector”.
Desde el Gobierno señalan que “deberían ser los resultados los que se transmitan al resto de la ciudadanía; aun así, puede darse la transmisión mediante SerTv, pero no por señal abierta, sino por medio de los canales digitales”.
En general, dice el informe, “de forma mayoritaria parece que los grupos estarían dispuestos a encontrar una vía entre la confidencialidad y la comunicación transparente del diálogo a la población, lo cual, en todo caso, se debería negociar y acordar por las partes”.
Sobre el tema de la participación con igualdad, la EI-DiSTReC señala que “si bien este punto parece haberse discutido en una reunión de trabajo [en la que no estuvo representado el sector de empresarios], la interpretación de lo acordado varía entre las partes. Sin duda este es un punto que debe ser tratado y decidido por las partes”.
Con respecto a este tema, que ha sido un reclamo permanente del sector empresarial que no participó en la primera fase del diálogo, el documento precisa que el Bastión de Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, considera que deben participar las tres alianzas, el Órgano Ejecutivo (haciéndose representar de acuerdo con el tema que se trate), el Órgano Legislativo (para que se aprueban leyes que garanticen el desarrollo regional) y el Órgano Judicial (para ser cuestionados por casos de corrupción). También concuerda que debe sumarse el sector empresarial, para que haya cumplimiento de los acuerdos pactados.
Desde Anadepo y Alianza Pueblo Unido añaden que si existen otros actores que quieran entrar a la mesa de diálogo, aparte de los empresarios, estos “deberían incorporarse a alguna de las tres alianzas para ser representados en la mesa”.
Pero desde la perspectiva del Conep, se debería usar el esquema de representación que existe en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, al ser temas estructurales y de alcance nacional, con apertura a otros grupos que se quieran añadir.
Por su parte, el Gobierno favorece las tres alianzas, el Ejecutivo y el sector empresarial. Sostiene, además, que para que pueda darse la segunda fase, “debe contarse con la seguridad de participación de todos los sectores, teniendo como mínimo una primera reunión con todos en la mesa”.
En cuanto a los temas a tratar, el Bastión plantea como prioritario la canasta básica y la producción, la infraestructura y la educación. Mientras que para Anadepo se debe verificar el cumplimiento de los acuerdos de la primera fase de la mesa: combustible, canasta básica, medicamentos, energía, educación, seguridad social y transparencia y corrupción. Por su parte, la Alianza Pueblo Unido expresó que todos los temas son prioridad.
Para Conep, sería prioritario revisar los acuerdos anteriores y el tema de la productividad.
Al Gobierno, en tanto, le preocupan temas como derechos humanos, seguridad alimentaria y producción nacional y, por último, salud y seguridad social.
Los sectores tampoco precisan la duración de la segunda fase. Algunos, como el Gobierno, proponen tres meses, mientras que las alianzas hablan hasta de un año.
Bajo este escenario, la EI-DiSTReC recomendó a la Iglesia católica, entre otros cosas, citar a las cinco partes mencionadas en el informe, “para intentar acordar los temas que, de acuerdo con el informe y lo que consideren las partes, precisan de acuerdo entre todas (...)”.
Cumplidas estas dos recomendaciones, la EI-DiSTReC estaría en condiciones de “asumir la facilitación de la segunda fase”, finaliza el informe que entregó Vasco Torres.
