Uno de los episodios más indignantes en la historia reciente del país fue el escándalo de la “descentralización paralela”, que sacudió los cimientos del gobierno durante el período 2019-2024 y provocó un clamor generalizado por justicia.
A través de este esquema, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ordenó pagos por más de $200 millones a 473 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la ley. Corregimientos con representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se llevaron la mayor parte, incrementándose los fondos en 2022 y 2023, en tiempos de campaña. La estructura paralela de reparto de fondos fue patrocinada por el gobierno anterior y sus diputados.
El rechazo fue tal que el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, y la nueva directora de la AND, Roxana Méndez, indicaron que lo que se conoce como descentralización paralela “no va más”.
La distribución no fue equitativa. Por ejemplo, solo 10 juntas comunales recibieron $57.4 millones. La que más obtuvo fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo Bolota Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
Luego, sobresale la junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito. Allí, el representante del corregimiento era César Caballero, quien el año pasado fue ultimado a tiros mientras llegaba a su vivienda. Mientras tanto, el diputado del PRD con mayor presencia en la zona es Raúl Pineda. En esta área, es decir, en Belisario Porras, se entregaron $6.6 millones.
En tercer lugar está la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, con $6.0 millones, donde el representante del corregimiento cuando se repartieron estos recursos era José de La Lastra, del PRD.
Aquí, todas las versiones apuntan al diputado de ese circuito, excabeza de la cotizada Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) entre 2019 y 2024, y presidente del partido de gobierno, el PRD, Benicio Robinson, reconocido en la provincia como el que controla la política. Aunque todo Bocas del Toro recibió casi $30 millones como parte de la descentralización paralela.
El resto de las juntas comunales fueron Cristóbal Este, en Colón, con $5 millones, seguido de David cabecera, en Chiriquí, con $4.9 millones. La junta de De Salud, también en Colón, y la de Bocas del Toro, en la provincia homónima, recibieron $4.6 millones cada una. Asimismo, Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, obtuvo $4 millones, mientras que Ancón, en Panamá, recibió $3.9 millones y Omar Torrijos, en San Miguelito, cerró con $3.7 millones.
Descargue aquí la base de datos de la Descentralización paralela.
Este esquema fue dado a conocer por el diario La Prensa a través de la periodista Sol Lauría, quien recibió un premio del Fórum de Periodistas por su trabajo. Incluso, quedaron publicados para su descarga los 2,649 registros de la Contraloría de la República con órdenes de transferencias a 466 juntas comunales, 64 municipios, dos asociaciones de alcaldes y cuatro consejos provinciales.
Nuevas autoridades
La nueva directora de la AND dijo ayer, viernes 16 de agosto, que cerraron una cuenta relacionada con este esquema, en la que se desviaron $150 millones correspondientes al año 2023.
Méndez subrayó en el noticiero matutino de Telemetro que se descubrió la existencia de varias cuentas financieras a través de las cuales se realizaban transferencias para fortalecer las capacidades de los municipios y juntas comunales. Sin embargo, acotó que un cuarto programa, identificado como de “interés social”, carecía de la reglamentación y fiscalización que acompañaba a los otros programas.
De hecho, destacó que, a diferencia de las otras cuentas, este programa no contaba con ninguna normativa de uso ni de supervisión, lo que permitió la transferencia de fondos sin justificación detallada. “Estos fondos no tenían que ser justificados; solamente se giraba una instrucción sobre hacia dónde iban,” explicó la directora, subrayando que, en un primer análisis, se identificaron más de $150 millones transferidos bajo este esquema.
La situación es aún más preocupante cuando se considera que, al revisar las transferencias desde 2021, se contabilizó un total de $320 millones distribuidos sin la debida justificación. A raíz de esto, afirmó que no existe evidencia en los expedientes sobre el uso de estos fondos, por lo que se ha iniciado un proceso de requerimiento de información detallada a los representantes para esclarecer el destino de estos recursos.
Otro uso
Además de desviar fondos sin fiscalización, en el pasado gobierno se modificó la ley de descentralización para el pago de planillas. Como se recordará, esos recursos solo podían usarse para inversión y no para gastos de funcionamiento.
Por ejemplo, se sancionó la Ley 338 de 14 de noviembre de 2022, que modificó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública. Hasta entonces, estaba prohibido utilizar los fondos de la descentralización para pagar los gastos de funcionamiento.
Esa normativa permitió a los municipios asignar hasta el 40% del monto final que reciban en concepto de impuesto de inmuebles, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de funcionamiento administrativos y obras sociales, incluidos en el presupuesto. Esto incluía el pago de planillas.
