El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el abogado colombiano Pedro Vaca, defendió la libertad de prensa y condenó el uso del sistema judicial para amedrentar periodistas y medios de comunicación.
“No en pocas oportunidades, las acciones judiciales se invocan para obstaculizar el debate público”, dijo Vaca, en su primera visita a Panamá desde que asumió el cargo, en el año 2020.
Vaca catalogó esta práctica como una “litigación estratégica contra la participación pública”.
El relator participó en un conversatorio organizado por el Consejo Nacional de Periodistas (CNP), el cual preside Guillermo Adames. Ambos compartieron la mesa principal con la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney; la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, y el embajador de la OEA en Panamá, Rubén Farje.
Adames contó que la visita de Vaca surgió en medio de las discusiones por el proyecto de ley que presentó la diputada oficialista Zulay Rodríguez, para modificar la legislación actual sobre el derecho a réplica y rectificación de los medios de comunicación.
“Es importante advertir que hay compromisos internacionales, pero este no es el escenario para analizar un proyecto de ley que no ha sido remitido a mi oficina y que pueden hacer en un momento que parezca conveniente”, dijo el relator.

Vaca describió tres funciones del derecho a la libertad de expresión: el poder pensar por cuenta propia al recibir información plural y diversa; una llave para la garantía de otros derechos, y un pre requisito del debate democrático.
Actualmente, en Panamá, a pesar de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos internacionales recomiendan lo contrario, las demandas por calumnia e injuria continúan siendo atendidas en la jurisdicción penal. Adames resaltó que eso se ha convertido en un obstáculo a las libertades de expresión y de prensa, dado que -además- no existen límites para las cuantías de los reclamos, así como para las medidas cautelares y secuestros contra periodistas y medios.


