Los periodistas panameños afrontan presiones políticas, lo que se refleja en la proliferación de procesos judiciales en curso, en algunos casos con el consecuente embargo de bienes y salarios de comunicadores y medios, “por presuntos daños a la imagen y la reputación de los políticos”, advirtió la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su última clasificación sobre el estado de la libertad de prensa en 180 países.
Quienes están particularmente en el “punto de mira de la justicia”, son los periodistas panameños críticos con las políticas gubernamentales y los que cubren los casos de corrupción, especialmente los escándalos financieros internacionales, señala el informe, en el que Panamá cayó 14 posiciones en el índice de libertad de prensa: en 2023 estaba en el puesto 69 y ahora está en el 83. En la clasificación mundial, Panamá está mejor que Colombia (puesto 119), México (121) y Venezuela (156), pero peor que Costa Rica (26), República Dominicana (35), Belice (54) y Argentina (66).
La caída de Panamá se refleja no solo en el orden de la clasificación, sino en su puntuación. En 2023 obtuvo 64.67 puntos en un índice en el que “100″ significa un alto grado de libertad de prensa y “0″ implica lo contrario (un bajo grado). En 2024, la puntuación fue de 58.55, lo que representa 5.12 puntos menos.
El informe también resalta que las leyes panameñas ofrecen poca protección a la profesión del periodismo.
“Los juicios por difamación contra los periodistas son muy frecuentes, y concluyen, la mayoría de las veces, con sanciones económicas, representando así un obstáculo para la libertad de información. Varios procesos judiciales están en curso para reclamar el embargo de los bienes y salarios de los periodistas por presuntos daños a la imagen y la reputación de los políticos”, remarca RSF.
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Desde hace cuatro años, Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, tiene sus bienes y cuentas embargados por una concurrencia de hasta $1.13 millones, como parte de una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en el año 2011. El secuestro fue ordenado por una juez civil en plena pandemia del coronavirus, en junio de 2020, cuando todavía no existía una condena ni se habían practicado pruebas dentro del proceso.
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En un fallo de primera instancia, el 23 de junio de 2023, la juez Lina Castro de León negó la indemnización solicitada por Pérez Balladares y le condenó a pagar $581 mil en costas a favor de Corprensa. El expresidente apeló y, el 16 de noviembre, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión de la juez Castro y condenó a Corprensa a pagar $5,000 a Pérez Balladares.
El caso depende ahora de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El informe de RSF también se refiere a la autocensura de los periodistas.
“Las relaciones entre los políticos y la prensa se han deteriorado, fomentando la autocensura de los periodistas que temen ser demandados ante la justicia”, dice el documento, que salió a la luz pública el 3 de mayo pasado.
“La autocensura ha crecido, al igual que los contratos de publicidad que el gobierno asigna a los medios digitales, lo que limita su independencia”, agrega.
Este aspecto ya se había advertido en la clasificación de 2023.
Hay más
El acoso judicial a los periodistas en Panamá es un asunto recurrente en los informes internacionales que analizan las condiciones en que se ejerce el periodismo a nivel local.
En abril de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe de medio año, recriminó las 15 demandas civiles que recaen sobre Corprensa y la ratificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la condena civil contra Geo Media, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, a pagar $24,735 dólares en una demanda por $400 mil por presuntos daños y perjuicios causados por la publicación de dos glosas en 2012.
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En el contexto económico, el reporte de RSF dice que el gobierno intenta controlar la información, principalmente mediante la adjudicación de contratos publicitarios.
“Mientras los medios de comunicación tradicionales recortan sus plantillas por sus problemas económicos, la mayoría de los nuevos medios digitales dependen de los ingresos publicitarios del Estado para sobrevivir”, se lee en el documento.
Salió el Índice de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras: Panamá pasó del puesto 69 en 2023 al 83 en 2024.
— Rekha Chandiramani (@rekhapacitando) July 31, 2024
¿Qué dice sobre el ejercicio del periodismo en Panamá?
-"En Panamá, los periodistas que critican las políticas gubernamentales o cubren temas relacionados… pic.twitter.com/10thHhXsaL
En lo que se refiere a seguridad, RSF dice que “los periodistas panameños trabajan en un entorno relativamente estable, ya que las agresiones físicas contra la prensa son muy escasas. La principal amenaza hacia la profesión proviene del entorno judicial”.
En la clasificación, RSF evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, teniendo en cuenta la siguiente definición: “la libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones, en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental.”