La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) deploró este jueves el uso de demandas judiciales civiles y criminales como instrumento contra medios y hombres de prensa, con el fin de amedrentar y desalentar investigaciones periodísticas y “generar autocensura”.
En una resolución aprobada en la conclusión de su reunión semestral, la SIP aludió a un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que alerta sobre el uso de las leyes contra la difamación que se utilizan para “criminalizar la libertad de expresión” en países como Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
Se refirió también al caso de Panamá, donde las demandas contra medios y periodistas son “la principal amenaza a la libertad de prensa”, a lo cual se suma que la legislación actual de ese país permite que “el demandante promueva el congelamiento de activos de los medios o intervenir su administración sin que se haya admitido la querella”.
En Cuba, dijo la SIP, “se reprime a los periodistas independientes mediante aplicación del Código Penal, de la Ley de Asociaciones, de la Ley 88, de la Constitución y decretos específicos”, mientras que medios y periodistas de Bolivia y El Salvador han sido acosados mediante auditorías de los ministerios de Hacienda.
En Guatemala, la Fiscalía ordenó la investigación de seis periodistas y dos columnistas de elPeriódico, entre ellos el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín, por supuesta obstrucción a la justicia en el caso del presidente del medio, José Rubén Zamora, encarcelado desde julio de 2022 y quien es miembro de la junta de directores de la SIP.
El organismo, con sede en Miami (Florida, Estados Unidos), consignó de igual modo casos puntuales en Perú, Venezuela y Paraguay donde los hombres y medios de prensa han sido objeto de querellas judiciales tras la publicación de investigaciones periodísticas independientes.
Pidió la SIP que los países donde sus leyes contemplan la figura de “difamación criminal” se adhieran a la declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “sólo deberían existir recursos civiles por difamación”.
En su resolución, el organismo rechazó en términos generales “la presión gubernamental contra medios y periodistas, ejercida a través de agencias tributarias o investigativas oficiales con el fin de frenar el trabajo periodístico independiente”.
La SIP inició el martes su reunión semestral en la que a lo largo de sus tres jornadas se puso de manifiesto la alarma que suscita el deterioro de las libertades en la región, incluso en países con Gobiernos elegidos de forma democrática.
“Tenemos síntomas inequívocos de que estamos atravesando uno de los peores momentos para la democracia en nuestras Américas”, alertó en la inauguración del encuentro el presidente de la SIP, Michael Greenspon, directivo del diario The New York Times.
