Las imprecisiones de los candidatos que fueron a Visión 2024

El candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, dijo que seguirá “tolerante” frente a “muchas mentiras repetidas y que vamos a seguir escuchando de quienes nos acompañan”, en referencia a otros seis aspirantes a la Presidencia de la República que participaron, con él, en el foro económico Visión 2024, organizado por el diario La Prensa.

Es cierto lo que dice Carrizo: hay muchas “mentiras” en la carrera hacia las urnas. Pero Carrizo no solo las “escucha”. En su participación en Visión 2024, hizo varios señalamientos inexactos o equivocados. Él no fue el único. En esta nota, hemos intentado resumirlos y contrastarlos con los hechos.

En su primera intervención en el foro económico, Carrizo dijo que la Caja de Seguro Social (CSS) “no está en quiebra”.

“Es una institución que tiene activos por alrededor de $14 mil millones, tiene una deuda de $3,500 millones, activos corrientes de $5,800 millones y, sin duda, dos sistemas de jubilación, el sistema mixto y el sistema que en realidad tiene el déficit de $623 millones”, señaló.

Es cierto que ni un tribunal o entidad ha declarado formalmente la “quiebra” de la CSS. Pero Carrizo desconoció que los economistas, gremios, especialistas y hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y exmiembros de la junta directiva de la CSS han advertido que urgen acciones concretas para salvar la entidad, porque la plata se acaba. El sistema de pensiones de beneficio definido tiene un deuda que es 69% superior a la deuda púbica de todo el país. Si no se hace nada, el déficit acumulado del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) superaría los $11,000 millones de aquí al año 2030.

El gobierno de Laurentino Cortizo (al que pertenece Carrizo, como vicepresidente de la República) reconoce que hay un problema, pero Rafael Mezquita, vocero presidencial, ha dicho que no harán nada, porque a estas alturas ya no tienen “capital político”.

Sobre la CSS, la candidata presidencial por la libre postulación y actual diputada del PRD, Zulay Rodríguez, dijo en el foro que las “nuevas generaciones” se jubilarán “con el 20% de sus aportaciones”. En realidad, el cálculo correcto es con el 40% de sus aportes.

Río Indio

También hubo preguntas sobre otra gran crisis nacional: el desabastecimiento de agua, evidenciada por la fuerte sequía que ha azotado al país y que se refleja tanto en el suministro para el consumo de la población, como para el paso de los barcos por el Canal. El río Indio es una de las áreas más estudiadas y sugeridas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para construir embalses y un nuevo reservorio de agua.

“Yo lo escuché del señor [Jorge] Quijano en una entrevista, que pagaron $23 millones a Mirei Endara para que dijera que era río Indio”, dijo Rodríguez.

Endara era la ministra de Ambiente en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) y antes fue directora del Instituto de Recursos Naturales Renovables (Inrenare) en el de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). El hecho al que se refiere la diputada Rodríguez ocurrió entre los años 2015 y 2016, cuando Quijano, que entonces era el administrador de la ACP, le solicitó unos estudios de los ríos Indio y Bayano, como posibles fuentes de agua para atender la escasez que ya se estaba empezando a experimentar. Pero la ACP no podía costear esos estudios, porque ambos ríos estaban fuera de la cuenca del Canal. Quien sí podía hacerlo era el Ministerio de Ambiente (Miambiente), al mando de Endara. Lo que ocurrió entonces fue que el ministerio consiguió los fondos para hacer los estudios de Indio y Bayano y, para esa tarea, contrató a la ACP, como administrador del proyecto, que incluyó no solo los estudios, sino también el impacto social y ambiental del mismo y un cronograma de ejecución. El informe se completó en el año 2019 y se entregó a Miambiente en 2020.

Como se aprecia, nadie le “pagó” $23 millones a Endara; en todo caso, fue ella la que pagó a la ACP por esa cantidad, a cambio de los estudios.

‘Los ninis no existen’

La candidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón también fue invitada a Visión 2024.

Gordón hablaba sobre el mercado laboral y la generación sostenible de empleos, cuando hizo el siguiente señalamiento: “me disculpan, los ninis no existen”.

Los “ninis” es el mote con el que se conoce a aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Según la OIT, en Panamá, los ninis representan el 18.4%, al cierre de 2022. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) advirtió que hay 110,139 desempleados entre los 15 y 29 años de edad, lo que equivale al 54% del total de desempleados del país. Gordón no explicó porqué considera que este segmento de la población es inexistente.

Gordón también indicó que el crecimiento económico es muy desigual y que Panamá es el séptimo país con peor distribución de la riqueza en el mundo y el segundo en América Latina. Según el Banco Mundial, Panamá ni siquiera figura entre los 10 países con mayor desigualdad.

La minera y los cierres

En el foro también hubo espacio para hablar del cese de operaciones de Minera Panamá, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró que su contrato de concesión violó 25 artículos de la Constitución, en un fallo del pasado 28 de noviembre que puso fin a mes y medio de manifestaciones pacíficas, bloqueos y protestas callejeras.

“En mi gobierno, Chiriquí no se cierra más. No hay ninguna arteria que tiene justificación de cerrarse”, dijo Carrizo. Mientras duraron las protestas, no se le escuchó pedir el fin de las protestas o la suspensión del contrato minero, ni como vicepresidente de la República ni como candidato presidencial del PRD.

Ahora, Carrizo dice que propondrá una consulta “al soberano, al pueblo, si esta de acuerdo o no con nacionalizar esa mina para generar alternativas de desarrollo económico para el país”.

¿Cómo será esa consulta “al soberano”? En noviembre pasado, cuando Cortizo propuso un referéndum para decidir la terminación o no del contrato con Minera Panamá, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) advirtieron, en una conferencia de prensa, que ni la Constitución ni el Código Electoral contemplan una consulta como la planteada por el Ejecutivo, salvo que se apruebe una ley específica sobre ese asunto.

A favor de operar la mina en Donoso, pero “en función del beneficio nacional”, también se mostró Melitón Arrocha (que compite por la libre postulación). “El problema de la salud, el problema de las inversiones en materia de agua, sólo van a ser posibles si nosotros les mandamos una señal inequívoca al mundo de que en este país se respeta la inversión extranjera directa”, indicó. De ese modo, también desconoció el fallo de la Corte del 28 de noviembre pasado.

Tanto Carrizo como Arrocha también pasan por alto de que desde el 3 de noviembre de 2023 fue firmada la Ley 407, que prohibe otorgar concesiones para la explotación de la minería metálica en el país. La mina en Donoso es esencialmente para la extracción de cobre.

Carrizo también dijo que el PRD sabe “resolver crisis”. Pero los cierres y bloqueos entre octubre y noviembre de 2023 fueron producto de un contrato minero que, en menos de 10 días, fue aprobado por el Consejo de Gabinete, refrendado por la Contraloría General de la República, presentado a la Asamblea, aprobado en tercer debate, sancionado por el Ejecutivo y promulgado en Gaceta Oficial (los últimos tres eventos se produjeron el mismo día). Antes, en julio de 2022, el país también se paralizó luego de que la población se hartara por el alza en el precio de los combustibles, el alto costo de la vida y descontrol en el gasto público.

Sobre la minera, la diputada Rodríguez mencionó que “el presidente [Cortizo] dijo ‘estoy recibiendo casi $800 millones’. Le dieron $525 millones”. Lo que anunció el Ejecutivo, el 18 de noviembre pasado, es que había recibido $567 millones por parte de Minera Panamá, producto de las obligaciones establecidas en el contrato ley (que entonces estaba vigente y no había sido declarado inconstitucional por la Corte). Ese monto correspondía a los aportes al Estado del periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2021 y octubre de 2023.

Fondos públicos para hacer campaña

También hubo oportunidad de hablar sobre el financiamiento público a los candidatos presidenciales.

Lea aquí la nota 'La danza de millones para la campaña electoral 2024'

Al respecto, Arrocha dijo que se considera a sí mismo “un asterisco en la historia de este país”, ya que le toca recibir $805 mil.

“Para tener una idea de lo que es el tema electoral, la alianza Cambio Democrático-Partido Panameñista va a recibir $20 millones de los impuestos de todos nosotros… Esa es una pelea de tigre suelto contra burro amarrado”, remarcó.

Lo que obvió Arrocha es que como el Partido Alternativa Independiente (PAIS) ha decidido apoyarlo, también podrá (en teoría…) disponer de $1.4 millones que le corresponden a ese colectivo, como financiamiento preelectoral, para inyectarlo a su campaña. Además, la norma le permite recaudar hasta $19.3 millones en donaciones privadas ($10 millones como candidato por la libre postulación y $9.3 millones como candidato de PAIS) para gastarlo en su campaña.

Sobre este tema, Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (MOCA) no se quedó callado.

“Tampoco tenemos subsidio por ser un partido nuevo, Melitón”, le dijo a Arrocha.

MOCA sí recibirá $1.4 millones de financiamiento preelectoral para su campaña presidencial y podrá recaudar $20.1 millones en donaciones privadas.

Lombana también dijo no tener experiencia “como funcionario del Gobierno Central”, pero en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) fue cónsul de Panamá en Washington.

A Torrijos le preguntaron en el foro si estaría dispuesto a reducir la cantidad de agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) que es asignada a cada expresidente. Respondió que no tenía “ningún problema en hacerlo”, pero que había problemas mas graves que discutir sobre “unas cuantas unidades del SPI”.

En realidad, son más que “unas cuantas”. Según el Decreto Ejecutivo 172 de 2019, cada expresidente puede disponer de hasta 12 agentes.

¿Todos vuelve?

Rómulo Roux, candidato presidencial de las alianza de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista, propuso recortar gastos “de forma drástica” y “achicar” el tamaño del gobierno. “Todo lo que es funcionamiento, botella, Asamblea y descentralización paralela”, indicó.

Agregó que está listo para tomar las decisiones “correctas”, aunque sean difíciles, “porque yo no dependo de la política, no vivo de la política... Eso me da independencia para hacer lo correcto”.

“Yo no vivo ni he vivido del sistema”, remarcó. Sin embargo, su discurso contrasta con una realidad: CD está postulando a viejos políticos, algunos ligados a sonados casos de corrupción, para que regresen a la Asamblea: Tito Afú, Manuel Cohen, Abraham Martínez...

Mónica Palm

Jefe editorial.