El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el 6 de febrero: “Me parece absurdo que tengamos que pagar cuotas en una zona donde tenemos la obligación de protegerla en momentos de conflicto”.
Sus declaraciones se refirieron al pago de peajes que la marina de guerra estadounidense debe realizar al transitar por el Canal de Panamá. El cobro de estos peajes a los navíos militares de Estados Unidos inició al mediodía del 31 de diciembre de 1999, cuando el Canal fue transferido a manos panameñas.
Lo puntualizado por Rubio esbozó el trofeo que la administración de Donald Trump espera obtener de las presiones públicas contra Panamá. Esta petición de exoneración de peajes, junto con el tema de la concesión portuaria a la empresa Panamá Ports Company, filial de la multinacional china CK Hutchinson, representa la fuente más evidente de la controversia entre Panamá y Estados Unidos.
Como hay un proceso de auditoría en desarrollo por parte de la Contraloría General de la República sobre la concesión portuaria, lo legítimo es esperar su resultado para tomar una determinación al respecto. En cambio, los peajes son otro asunto.
El problema jurídico de los peajes
El pago de peajes y otras tasas por servicios que presta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a los barcos de todas las naciones que transitan por la vía interoceánica tiene una regla fundamental: el principio de igualdad de peajes para todos los usuarios.
En virtud del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá, ese es uno de los mandatos fundamentales que Panamá y Estados Unidos aceptaron el 7 de septiembre de 1977, cuando se firmaron los tratados en Washington.
Si la norma que establece el cobro universal de peajes a todos los navíos sin importar su pabellón está contenida en un tratado internacional, en principio el requerimiento de la administración Trump en favor de la marina de guerra estadounidense solo se podría obtener con una modificación al Tratado de Neutralidad.
Que Panamá y Estados Unidos acuerden modificar el Tratado de Neutralidad implica dos riesgos importantes. El principal es que la administración Trump aproveche la oportunidad para introducir otras reformas sobre distintos temas, y que el gobierno panameño deba aceptarlas por presión.
El otro riesgo es que, al modificar el tratado para complacer a Estados Unidos, otros países firmantes decidan no respaldar la modificación por considerar que la neutralidad ha sido vulnerada, dejando sin efecto el acuerdo. Esto implicaría la terminación del régimen de neutralidad del Canal de Panamá como pilar del comercio mundial y del Derecho Internacional Público, exponiendo al país a un mayor riesgo geopolítico.
Una solución bilateral
Como a Panamá le conviene preservar el régimen del Tratado de Neutralidad, una ruta que podría explorarse es un acuerdo binacional de cooperación en seguridad marítima, navegación y pesca. Este acuerdo debería suscribirse como un mecanismo de apoyo técnico y colaboración para promover los fines que el Estado panameño necesita cumplir en esas materias.
Así, el servicio de guardacostas y la marina de Estados Unidos podrían proveer al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) entrenamiento en combate al narcotráfico, búsqueda y rescate, y vigilancia de la pesca y la navegación. Además, podrían apoyar a Panamá en el control de la flota mercante que lleva su pabellón, en especial la flota pesquera internacional, cuestionada por prácticas que debilitan el control y verificación de la pesca sostenible.
La marina de Estados Unidos también cuenta con barcos hospitales que visitan periódicamente puertos panameños. Se podría negociar un programa de visitas más frecuentes a áreas marginadas y la capacitación del personal de salud panameño en esos barcos.
A cambio, Panamá aportaría recursos humanos, infraestructuras y recursos financieros para sufragar estos programas. Esos costos deben superar los peajes que paga la marina de Estados Unidos cuando cruza el Canal de Panamá. De esta forma, se mantienen intactos los peajes y cobros del Canal, se respeta el principio de igualdad y se evita el riesgo de perder el Tratado de Neutralidad.
En el acuerdo bilateral se establecería que Panamá le pagaría al servicio de guardacostas y a la marina estadounidense por sus servicios al final de cada año fiscal. El presupuesto del Ministerio de Seguridad para el presente año fiscal es de unos 1,032 millones de dólares, por lo que el costo del acuerdo de cooperación podría limitarse a un rango del 3% al 5% de ese presupuesto, superando con creces los peajes pagados por los navíos del gobierno de Estados Unidos.
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