En el Auto Vario 69 del 31 de marzo del presente año, la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, comunicó su decisión sobre las pruebas admitidas y rechazadas en el caso New Business.
En las 70 páginas del documento se sustenta la aceptación o rechazo de las pruebas aducidas por el Ministerio Público (MP), y por la defensa de 15 de los 20 imputados en este caso.
En la primera instancia de un proceso penal en el sistema inquisitivo mixto, las partes del caso deben presentarle al juzgador la lista de pruebas que solicitan sean aceptadas para que formen parte del juicio. Solo las pruebas que hayan sido solicitadas y aceptadas serán consideradas.
En lo referente al expresidente Ricardo Martinelli, el fiscal Emeldo Márquez pidió cuatro pruebas testimoniales correspondientes a empresarios que hicieron acuerdos de colaboración con la fiscalía. Además, el fiscal Márquez pidió, como pruebas documentales, esos cuatro acuerdos de colaboración.
Por su parte, el abogado defensor de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, pidió 67 pruebas testimoniales que incluían a otros imputados del caso y a directivos de los bancos General y Global Bank, así como otros testigos que -según él- aportarían información sobre temas contables, el análisis jurídico del principio de especialidad y el grupo familiar de accionistas originales de Editora Panamá América, S.A. (Epasa). También pidió incorporar el testimonio de una diputada y un exdiputado de la Asamblea Nacional. La lista de testigos incluye a varias personas que fallecieron hace años, por lo que esta falta de depuración puede revelar la verdadera intención para convocar a tanta gente.
En lo referente a pruebas documentales, el abogado Camacho solicitó 27, entre las que se destacan certificaciones de la Contraloría General de la República sobre la presunta ausencia de auditorías en el caso New Business; del Tribunal Electoral sobre el fuero electoral penal; del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en relación a la toma de posesión y la renuncia al cargo de diputado centroamericano de Martinelli; del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Contraloría General de la República sobre un análisis financiero del caso, entre otros.
Camacho incluye como pruebas la declaración de un perito para repreguntar sobre su propio informe, y cinco peritajes que abarcan el estudio contable y financiero de las cuentas bancarias del expresidente y el movimiento de fondos hacia Epasa, así como una verificación de los controles realizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá para validar si su personal ejerció alguna acción de supervisión sobre los bancos locales que participaron de la transacción. Igualmente, se solicitó información a los bancos General y Global Bank para aclarar la trazabilidad de los fondos de la operación de compra, y si dichas entidades habían efectuado algún reporte o denuncia a alguna entidad oficial sobre el tema. Se incluyó un peritaje para documentar la trazabilidad de fondos de la Fundación Radegal y si se había hecho algún reporte de actividad sospechosa a alguna autoridad. Esta última pericia se complementaba con otra similar de Global Bank Overseas, LTD, filial de Global Bank, para verificar la trazabilidad de los fondos usados para adquirir Epasa y si se había realizado algún reporte de actividad sospechosa. El último peritaje solicitado buscaba verificar las acciones nacionales o internacionales de autoridades y cuerpos policiales, con respecto a las transacciones y operaciones bancarias.
Las estrategias
En todo proceso judicial, las pruebas solicitadas revelan las estrategias de las partes. Como el caso New Business es un proceso penal por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, la carga de la prueba se invierte, por lo que los acusados tienen mayor responsabilidad de probar su inocencia que en un caso normal. El MP debe demostrar que se cometió el delito y que los acusados tuvieron un rol en el mismo.
Según el listado de pruebas aducidas, el fiscal Márquez descansa todo su caso sobre un grupo de empresarios que participaron en la compra de Epasa presuntamente con fondos públicos y que llegaron a acuerdos de colaboración con el MP. Esto significa que estos testigos y sus acuerdos de colaboración deberían ser suficientes para probar la acusación de blanqueo de capitales.
Por otra parte, la lista de pruebas de la defensa de Martinelli evidencia una estrategia de varios frentes. Por una parte, se encuentra el carril de los argumentos procesales como el principio de especialidad, el fuero electoral penal y el cargo de diputado del Parlacen. En paralelo, hay una segunda estrategia dirigida a cuestionar la investigación realizada desde el punto de vista del mandato de los auditores, hasta el silencio de las autoridades bancarias sobre las transacciones realizadas. Un tercer carril pretende ampliar el radio de responsabilidad a un gran número de líderes empresariales vinculados al sector bancario panameño, en especial a los entes que participaron de la transacción. Además, es clave entender que la inclusión de una larga lista de testigos y pericias dentro de este proceso penal, tiene el efecto de extenderlo en el tiempo y de crear oportunidades para diversos recursos judiciales y otras prácticas que bien podrían retardar el resultado del caso.
La decisión
En lo referente a Martinelli, la jueza Marquínez aceptó todas las pruebas solicitadas por el fiscal. En cuanto a la defensa, la juzgadora rechazó 51 de los 67 testigos por una multiplicidad de razones: algunos testigos son imputados en el mismo caso y no pueden ser obligados a declarar por razones constitucionales, y otros fueron considerados como inconducentes o dilatorios, ya que la información que podían aportar no era relevante para el caso. En particular, los testigos vinculados al principio de especialidad fueron descartados porque ese tema ya había sido resuelto por el Órgano Judicial.
En cuanto a los peritajes contables, la jueza Marquínez los negó calificándolos como “dilatorios”, y los peritajes sobre las actuaciones de los bancos en materia de cumplimiento o denuncia de transacciones sospechosas los rechazó por “inconducentes”. Respecto a las pruebas documentales, también rechazó 12 de las mismas por razones similares a lo anteriormente expuesto.
El fallo de la jueza puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Causas Penales. Si ese tribunal se confirma la decisión adoptada por Marquínez, en las próximas semanas se efectuará el juicio del caso New Business.
Los imputados enfrentan la acusación de haber cometido blanqueo de capitales, delito que tiene una pena máxima de 12 años de prisión. Por prohibición constitucional, esto significa que si alguno de los imputados es hallado culpable y condenado, seguramente no podrá ocupar un cargo de elección pública. El resultado del caso New Business bien puede cambiar el futuro de Panamá.
