“Ningún dueño de medio, ningún periodista ni comentarista, nadie puede decir que, como presidente, he llamado alguna vez para reclamar la publicación de una noticia o cuestionar una línea editorial, tuvieran o no la razón. En esto no he tenido duda ni vacilación”.
Este tema relacionado con la libertad de expresión en el país fue abordado en el informe a la nación del presidente panameño Laurentino Cortizo el 2 de enero de 2024, que marcó su último discurso al país, ya que su mandato de cinco años finaliza el 30 de junio próximo.
Desde el pleno legislativo ese día, Cortizo aseguró que “ha respetado plenamente el ejercicio de la libertad de expresión de todos los actores de la vida nacional”.
Sin embargo, el mandatario omitió episodios relacionados con este asunto y tampoco mencionó la selectividad que ha existido en la actual administración al distribuir la pauta estatal.
Uno de estos cuestionamientos recurrentes ocurrió a mediados de septiembre pasado, cuando el ministro de la Presidencia, José Simpson, solicitó un crédito adicional de $5 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sufragar parte del plan de comunicación del gobierno. Simpson explicó en ese momento que con el dinero se costearía la publicidad correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre de este año, es decir, $1 millón 250 mil por mes.
A pesar de la aprobación sin inconvenientes de dicho crédito por parte de esa comisión legislativa, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, miembro de la Comisión de Presupuesto, cuestionó el monto aprobado y se refirió a la selectividad en la compra de pauta en medios de comunicación y otras empresas.
Dentro de esa cifra, se destacó el pago de $1.2 millón a Sky Com Group Inc., la empresa encargada de contratar a 180 comentaristas radiales que divulgan programas del gobierno.
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Vásquez hizo una consulta dirigida a la Presidencia de la República: “¿En qué bandas, frecuencias y horarios se transmiten los programas por los que se les paga a los 180 comentaristas?”. Resultó que no eran 180 comentaristas contratados por Sky Com, sino 226. En la lista figuraban personas allegadas al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Informe de la SIP
Durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 9 al 12 de noviembre de 2023 en la ciudad de México, la SIP elaboró un informe sobre Panamá en el que advirtió: “La mayor amenaza a la libertad de prensa en este período se dio en materia de acceso a la información pública. Varias agencias e instituciones del Estado siguen rechazando proveer datos que se les solicitan, rehúyen responder cuestionarios de los periodistas e incumplen con la obligación de publicar información pública en su sitio web”.
El informe de la SIP sobre Panamá mencionó un proyecto de ley para derogar la ley de transparencia de 2002 (que al final fue retirado), impulsado por el Ministerio de la Presidencia y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Respecto a la Antai, la SIP también se refirió a las multas impuestas por esa entidad a Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) por publicar una fotografía del diputado Benicio Robinson sin su autorización, y contra el medio digital La Verdad Panamá por publicar información contenida en un documento público, como lo es un certificado de matrimonio. Estas multas fueron apeladas y se encuentran suspendidas. Según la Anati, Corprensa y La Verdad Panamá violaron la Ley de Protección de Datos Personales de 2019.
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Índice Chapultepec
El 21 de octubre de 2020, Cortizo firmó la Declaración de Chapultepec durante el acto inaugural de la Asamblea General de la SIP que, en ese momento, se desarrollaba bajo la modalidad virtual debido a la pandemia. Desde una transmisión en el Palacio de las Garzas, Cortizo reafirmó su compromiso con la libertad de prensa y expresión.
Asimismo, el mandatario firmó la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
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En el periodo del 2 de agosto de 2022 al 1 de agosto de 2023, Panamá se ubicó en el sexto lugar del índice Chapultepec con 65.24 puntos, mejorando tres posiciones en relación con el periodo anterior, cuando obtuvo 65.15. Este informe advierte sobre “restricciones para el acceso a la información pública y el comportamiento de algunos funcionarios públicos al respecto”.
En dicho informe, el país se encuentra ubicado en la franja con “baja restricción” de libertad de expresión y prensa.
Inspección sorpresiva
Otro incidente durante la era Cortizo se relaciona con la inspección que funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizaron a Corprensa, que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, el 7 de octubre de 2022.
Según explicaron en ese entonces, se trató de una “diligencia ocular” en la cual inspectores del Mitradel recorrieron la planta, la sala de redacción, el departamento de contabilidad y las oficinas de recursos humanos, verificando los pagos de planilla y que no hubiera ningún trabajador con contrato suspendido. También entrevistaron al personal, seleccionando a los trabajadores al azar.
Fue llamativo que un equipo periodístico del estatal Canal 11 se presentara en las instalaciones de Corprensa para hacer una cobertura de la inspección, antes de que llegara el personal del Mitradel que llevaría a cabo la misma.
El Mitradel luego emitió un comunicado en el que dijo que la visita a Corprensa se enmarca en una “jornada de inspección en los medios de comunicación, con la finalidad de promover el trabajo decente y la generación de oportunidades...”. Sin embargo, eso no fue lo que indicaron los inspectores que se presentaron en La Prensa y Mi Diario. Ni uno de ellos (y eran 11) aludió a la referida “jornada” de la que habló el Mitradel en su nota de prensa.
La inspección a Corprensa se realizó un día después de la puesta en marcha de una campaña de intimidación y amenazas contra el periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, por enviar un cuestionario de 22 preguntas al vicepresidente de la República y actual candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo.
Ese mismo día, pero en horas de la tarde, Roger Tejada, quien entonces ejercía el cargo de viceministro de Trabajo, recorrió el diario La Estrella de Panamá, “debido a denuncias que se han recibido de colaboradores de algunos medios”. Se desconoce cuándo se llevó a cabo esa visita.
Cuatro días después de estas diligencias, la Presidencia de la República informó de la designación de Tejada como ministro de Gobierno, en remplazo de Janaina Tewaney Mencomo, quien fue anunciada como nueva canciller de Panamá.
Tejada no guarda mucho afecto a La Prensa. En julio de 2020, cuando se enteró que Ernesto Pérez Balladares secuestró activos de Corprensa (medida que se mantiene a la fecha), aplaudió la acción y exclamó en un mensaje en su cuenta en X que el expresidente estaba ejerciendo un “derecho constitucional como ciudadano afectado”, utilizando el hashtag #JusticiaEnTiemposdeCovid.
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