Desde Coclé, el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, anunció al país el pasado 21 de julio que para hacer frente a los nuevos compromisos adquiridos en materia presupuestaria, en respuesta a la crisis social que vive el país, se efectuarían medidas de austeridad por parte del Estado.
Habló de “sacrificios” y aseguró que los mismos se cumplirían. No anunció medidas puntuales para acabar con el “despilfarro” de los recursos del Estado ni cambios en el Gabinete ni medidas anticorrupción, como lo exige la ciudadanía.
No fue más allá de lo que llamó el “plan de austeridad”, que son las medidas que anunció el pasado 12 de julio cuando, entre otras cosas, prometió “dar inicio al proceso de reducción del 10% de la planilla estatal”.
Si bien prometió derogar las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022, normas que han estado en el ojo de la tormenta porque otorgan millonarios créditos fiscales a los inversionistas de proyectos desarrollados por un grupo de empresarios allegados al poder, no hizo referencia a otras demandas de la población en materia anticorrupción y para disminuir el gasto público.
Una lista
La sociedad civil organizada ha puesto sobre la mesa decenas de propuestas. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, apunta a un programa de contención del gasto en este momento. De la promesa de derogar las normas de incentivos turísticos, asegura que si bien se trata de “un paso positivo”, la medida “no reemplaza ni incide directamente en la contención urgente de gasto”.
Mientras que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, gremio que preside Marcela Galindo, junto a la Federación de Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio de Colón, y otros grupos, pidió que el contralor Gerardo Solís cumpla con su papel fiscalizador de los tres órganos del Estado e incluso solicitaron la renuncia de Etelvina de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, centro de estudios al que recientemente se le aprobó un crédito adicional de $9.4 millones para homologar salarios.
El Movimiento Independiente (Movin) sugiere eliminar todas las planillas eventuales, así como a los ministros consejeros y los contratos de asesoría. El gobierno de Cortizo tiene tres ministros consejeros: José Alejandro Rojas, ministro consejero de facilitación para la inversión privada, quien devenga $6 mil mensuales (salario y gastos de representación); Eyra Ruiz, ministra consejera de salud, que gana $7 mil 885, y Carlos Salcedo, ministro consejero para asuntos agropecuarios, quien recibe $6 mil.
Además, Movin propone reducir los salarios de todos los funcionarios que ganen más que el presidente de la República ($7 mil al mes), lo cual incluye a rectores de universidades públicas. Por ejemplo, la rectora de la Unachi recibe $13 mil 891 mensuales. También propone eliminar los aumentos de salarios del último año y los gastos de representación de las autoridades locales, alcaldes y representantes.
En cuanto a medidas macro, hace un llamado a que se imparta justicia en casos de corrupción de alto perfil, particularmente en el caso Odebrecht, para que pueda así el Estado panameño recuperar los dineros malversados. Movin también propone renegociar el contrato de Panamá Ports y la concesión de NG Power.
Los partidos
El partido Cambio Democrático, que preside Rómulo Roux, hizo un llamado a que el costo de los compromisos adquiridos y soluciones propuestas no sean atendidos “con más deuda”. En junio de 2019, antes de que Cortizo asumiera el poder, la deuda pública era de $26 mil 612.4 millones, pero un reciente reporte del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta que la misma ahora es de $43 mil 175.3 millones. Es decir, que el salto de la deuda pública es de $16 mil 562.9 millones.
El Partido Panameñista, que preside José Isabel Blandón, también tiene una lista de propuestas. Por ejemplo, apuesta por la reducción del presupuesto de la Asamblea Nacional, órgano del Estado que en 2022 trabaja con más de $135 millones. Sugiere eliminar o reducir los gastos de representación en el Ejecutivo y la planilla en general. El gasto de la planilla del sector público aumentó 30.7% en los últimos cuatro años: de $3 mil 627 millones que se destinaban al gasto anual de funcionamiento en diciembre de 2017 a $4 mil 739 millones en 2021. El año pasado cerró con 261 mil funcionarios.
La bancada independiente de la Asamblea también tiene propuestas: la salida de los ministros consejeros y una reestructuración del Gabinete. Le apuestan a la discusión de al menos 10 proyectos anticorrupción en el Legislativo, órgano que controla el oficialista Partido Revolucionario Democrático, y que están engavetados. En junio pasado, el presidente vetó el proyecto 329 que buscaba castigar el conflicto de interés.
Apagar el fuego
El pasado domingo 17 de julio, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, llegó a un acuerdo con uno de los grupos manifestantes para congelar el precio del galón de combustible en $3.25. El pasado 18 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 80 de 2022, mediante la cual se aportarán $200 millones a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad Marítima de Panamá, para estabilizar el precio de los combustibles en $3.25 el galón.
Fundación, destrucción y traslado de la ciudad de Panamá 1519-1688 
Historias Breves. Panamá, siglos XVI a XIX 
Compás financiero personal: Descubre las finanzas desde lo básico e intuitivo hasta su sorprendente lado humano y pon los números a tu favor 
Lámpara extractor 