Casi dos años después y a pocas semanas de un cambio de mando, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha tomado una decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, han solicitado reiteradamente que se falle en derecho el recurso presentado, al considerar que la normativa otorga una discrecionalidad excesiva al contralor.
De hecho, fue la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien interpuso inicialmente el recurso legal contra dicha normativa, el cual fue acumulado con una demanda presentada posteriormente por el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño.
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, resulta “muy decepcionante” que hayan transcurrido 20 meses desde abril de 2023, cuando se admitió el recurso de inconstitucionalidad, sin que exista una resolución.
De Obaldía recordó que en agosto pasado se envió una carta abierta a la CSJ, firmada por juristas y ciudadanos, exigiendo una decisión sobre este tema, pero parece haber sido ignorada.
Mientras tanto, señaló que la Contraloría sigue derrochando recursos en campañas de relaciones públicas y autobombo, pese a que hay indicios de que cientos de millones de fondos públicos fueron desviados o malversados durante la administración 2019-2024.
Además, afirmó que la función principal de control y fiscalización de la Contraloría fue desvirtuada por la Ley 351, que otorgó poderes discrecionales y fueros fuera del mandato constitucional.
“El rol de la justicia como poder de contrapeso, como defensor del Estado de Derecho frente a los otros poderes, está suspendido por la aparente inacción ante esta Ley 351 de 2022, sobre la que el procurador de la Administración [Rigoberto González] emitió un concepto afirmando su inconstitucionalidad”, apuntó De Obaldía.
Sector empresarial
Por su parte, Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, subrayó la importancia de que la CSJ comprenda el rol esencial de la Contraloría en la transparencia.
“Lo que hace esta ley es reducir la transparencia”, afirmó Arias, quien recordó que un nuevo contralor asumirá el cargo en menos de un mes.
“¿Por qué no otorgarle las herramientas que la ciudadanía necesita y solicita para que este nuevo contralor pueda comenzar su gestión con el pie derecho?”, puntualizó el empresario.
Ante este escenario, fuentes del Órgano Judicial indicaron a La Prensa que el proyecto de fallo ha recibido múltiples observaciones de los magistrados. Aunque existe consenso sobre la necesidad de declarar inconstitucionales varios artículos de la ley, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre cuántos de ellos violan la Constitución.
La polémica
La Corte Suprema admitió el recurso de inconstitucionalidad en abril de 2023 y recibió en mayo de ese año la opinión del procurador de la Administración, quien determinó la inconstitucionalidad de la ley.
El recurso presentado impugna los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32 y 46 de la Ley 351, argumentando que otorgan una excesiva discrecionalidad al contralor de la República. La normativa fue impulsada por el contralor saliente, Gerardo Solís, cuya gestión ha sido ampliamente cuestionada.
Este expediente fue asignado al despacho del magistrado ponente Olmedo Arrocha.
