Sin haber entregado el informe final de la auditoría interna que inició tras la suspensión de la app, el Tribunal Electoral (TE) reactivó esa herramienta tecnológica para que los aspirantes a una candidatura por libre postulación puedan recolectar las firmas necesarias.
Sin embargo, la aplicación solo está habilitada para aquellos que no tengan más de una firma bajo investigación por parte de la Dirección de Auditoría Interna del TE. En un comunicado, el TE explicó que la herramienta se habilitó desde el 22 de noviembre pasado para los activistas que han un hecho un “uso correcto” de la misma, de acuerdo con la auditoría de la entidad. Añadió que una vez ese informe esté validado por la Universidad Tecnológica de Panamá (el 29 de noviembre próximo), los precandidatos inhabilitados podrán ver los videos que explican por qué les anularon las firmas y, por ende, les cancelaron los permisos para usar la app.
Aunque los magistrados del TE defienden la herramienta con uñas y dientes, argumentando que no tiene vulnerabilidades y responsabilizan a los activistas de los precandidatos de usar mal el sistema, las voces contra la app siguen multiplicándose. Hay críticas por la falta de información del TE sobre las conclusiones de la auditoría interna y reclaman que se reanudara el uso de la aplicación sin antes explicarle a los inhabilitados por qué tienen firmas anuladas.
En ese grupo están Ana Matilde Gómez y Samantha Acrich, quienes aspiran a una curul por el circuito 8-3, y Serena Vamvas, precandidata a representante de corregimiento de San Francisco, en la capital.
Gómez, quien ya fue diputada por el circuito 8-7 (que a partir de 2014 será el 8-3), se enteró que no podía usar la herramienta porque recibió un correo del Tribunal Electoral con la lista de todos los que están inhabilitados. Aseguró que la entidad se niega a asumir su responsabilidad y admitir que el desarrollo de la app tuvo fallas. Recordó, por ejemplo, que la aplicación permitía avanzar con el registro de la firma, en lugar de suspender el procedimiento al cometer algún error. Cuestionó que el TE no pueda discernir o discriminar entre posibles errores accidentales y una actuación indebida por parte de quien registra el apoyo y omite algún paso o falta a la verdad, lo que consideró “un error gravísimo”.
“Si ellos no tienen eso, ¿cómo van a poder discriminar entonces? Es una injusticia muy grande que el tratamiento administrativo sea para todos de la misma manera”, manifestó Gómez.
‘Todo al revés’
Vamvas, otra de las que no puede usar la aplicación, sostuvo que se está “poniendo a todo el mundo en una misma canasta y eso es injusto”. Recordó que había precandidatos que “estaban usando la vulnerabilidad del sistema para hacer las cosas mal”, mientras que otros han cometido alguna falta sin querer, como grabar al ciudadano firmante en una habitación sin la luz correcta o que este ha pronunciado mal su apellido o cédula. “Eso crea desconfianza en la ciudadanía”, añadió.
Según Vamvas, pareciera que el TE “está improvisando” y “haciendo todo al revés”. A su juicio, primero tenían que terminar la auditoría interna para determinar si alguien había obtenido las firmas de manera incorrecta o hasta “con dolo”.
“En mi caso, nunca me anularon ninguna firma. Fui inhabilitada, me inventaron otra figura, porque no estoy ni siquiera suspendida”, dijo. También contó que “inhabilitaron a una activista mía que nunca buscó firmas. Ni siquiera fue a recoger sus credenciales”.
La precandidata recalcó que ella misma se ha encargado de buscar el 98% de sus firmas.
¿Medida cautelar?
Acrich, precandidata a diputada por el circuito 8-3, dijo que el TE ha impuesto una especie de “medida cautelar”, a aquellos activistas de precandidatos que buscaron firmas a través de la app y tendrían firmas bajo investigación.
“En el TE, hay una lista de más de mil 600 personas, que al parecer han sido inhabilitadas para recoger firmas a través de la app. Según los funcionarios del TE, hay instrucciones de arriba de enviarle a los precandidatos un correo que incluya el Decreto Número 60 y una lista de todos los activistas inactivos. Específicamente, aquellos que han recogido videos que pudiesen tener algún tipo de problemas. El TE inventó una figura que no está legalmente regulada en ningún decreto: los activistas inactivos”, contó.
La abogada añadió que no están formalmente suspendidos, ya que sobre ellos no hay acusaciones ni procesos para demostrar que han grabado videos que no cumplen con los estándares o que están en blanco. “Nos pusieron como figura una medida cautelar”, aseguró.
Contexto
La aplicación fue reactivada el pasado 22 de noviembre, luego de que el 25 de octubre fuera suspendida en medio de denuncias presentadas ante la Fiscalía General Electoral sobre rúbricas que se habían recolectado sin la presencia física del firmante. En un comunicado del pasado 17 de noviembre, el TE informó que hasta el 14 de noviembre, habían revisado 183 mil 899 firmas de las 286 mil 644 obtenidas con la app, es decir, el 64%. De esas, 153 mil 206 son válidas. Las mismas están agrupadas así: 28 mil 811 corresponden a aspirantes al cargo de presidente (18.8%); 63 mil 885, al cargo de diputado (41.7%); 27 mil 116, de alcalde (17.7%), y 33 mil 394, de representante (21.8%).
En tanto que 28 mil 836, el 16% del total, son firmas anulables, es decir, aquellas que no cumplían con los requisitos para ser validadas y que se encuentran bajo investigación. Mientras que 1,857 son impugnables, el 1%. Se trata de aquellas que fueron inscritas con cédulas vencidas, entre otras anomalías.
