Aproximadamente una de cada dos licitaciones realizadas por instituciones del Estado es impugnada en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas por empresas que se consideran perjudicadas, afectándose las finanzas públicas y los beneficiarios de las obras.
De 107 licitaciones analizadas los dos últimos años en el citado Tribunal, unas 50 (47%) fueron otorgadas a las empresas que presentaron la queja.
El magistrado presidente del Tribunal de Contrataciones Públicas, José Antonio Carrasco, informó que durante 2008 y 2009 han revisado más de 100 casos. En la mitad de ellos, han tenido que anular el proceso de licitación o cambiar la decisión original. La mayoría de estos casos se produce por fallas en el procedimiento de compra.
En 2007, por ejemplo, la empresa francesa SAGEM logró que se revirtiera una decisión del Tribunal Electoral relacionada con la contratación de un nuevo sistema de expedición de cédulas. La empresa había presentado la oferta más baja, pero no fue favorecida con la decisión inicial.
“A veces hay propuestas que no están claras y nosotros tratamos de ver cuál es la que mejor cumple con el pliego de cargos. Yo no sé si se trata de corrupción, pero sí observamos que en algunas instituciones los funcionarios no verifican bien la información que debe ser lo más apegada a la ley”, comentó el magistrado.
Esta entidad está formada por tres magistrados y 35 funcionarios que atienden un aproximado de 52 casos anuales. Su función es decidir en los conflictos surgidos durante los procesos de selección de contratistas del Estado.
Desde el sector privado, la conclusión es clara: el Estado –que somos todos– es quien pierde cuando se cometen estos errores en las licitaciones.
El ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) Roberto Alfaro explicó que los errores que se cometen en los pliegos de cargos de una licitación causan pérdidas millonarias al Estado y retraso en los proyectos.
Mientras se produce el fallo final que aclare la situación, agrega Alfaro, se registran pérdidas millonarias y aumenta el costo de lo que se desea contratar. “En muchos casos las licitaciones son millonarias y toma años que se emita una decisión”, añadió.
Además, el atraso en el proceso hace que la obra en cuestión no se haga, perjudicando a la comunidad y los contribuyentes.
