El último proceso de designación del Procurador General de la Nación, mecanismo que se concretó en octubre pasado, cumplió con los requisitos legales, pero expuso notorias debilidades en cuanto a transparencia y percepción de independencia. Aunque Luis Carlos Gómez Rudy, el abogado designado por el presidente José Raúl Mulino para el cargo, fue ratificado por unanimidad en la Asamblea Nacional, se generaron críticas sobre su cercanía al Presidente y la falta de participación ciudadana en el proceso.
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Estas son algunas de las conclusiones de un informe de veeduría ciudadana sobre los procesos de nombramiento del Procurador General de la Nación y el de la Administración, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI). El documento fue presentado este martes 10 de diciembre.
Simón Tejeira, coordinador de proyectos de FDLC-TI, destacó, entre otras cosas, que la participación ciudadana es la “pata floja” del mecanismo de designación de los procuradores. Recordó que el proceso comenzó el pasado 2 de octubre y concluyó el 24 de ese mes.
En efecto, Mulino nombró a Gómez Rudy y a Grettel Villalaz de Allen para la Procuraduría de la Administración el pasado 1 de octubre. Gómez Rudy fue ratificado por el Legislativo el 22 de octubre, mientras que Villalaz de Allen recibió el visto bueno de los diputados dos días después, el 24 de octubre.
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“La participación ciudadana fue reducida”, señaló Tejeira. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta el mecanismo ideado por la Comisión de Estado por la Justicia, también conocida como Pacto de Estado por la Justicia, en la que participan distintos actores de la sociedad civil.
“Deshacernos de ese mecanismo merma la confianza en el proceso de estos nombramientos”, añadió.
También hizo referencia a la manera en que el presidente Mulino se refirió al Pacto de Estado: “ni es pacto, ni es justicia”. Por aquellos días, el mandatario defendió sus designaciones, sobre todo la de Gómez Rudy para el Ministerio Público, pues se le cuestionó que fue su abogado personal y había trabajado como asesor en la Presidencia de la República, donde devengó un salario de $6,500.
“No voy a nombrar a un enemigo mío, es absurdo. Son personas que no pertenecieron, sobre todo el Procurador de la Nación, ni a la taquilla ni fueron parte de la Procuraduría paralela”, aseguró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Gómez Rudy defendió a Mulino cuando fue investigado por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con las irregularidades en la compra de 19 radares a la italiana Selex, una filial del conglomerado Finmeccanica.
Como parte de ese proceso, Mulino fue detenido el 28 de octubre de 2015, pero gracias a un fallo con la ponencia de la magistrada Ángela Russo, su caso fue anulado con el argumento de que la entonces fiscal anticorrupción Zuleyka Moore había practicado diligencias fuera de término sin contar con la autorización judicial correspondiente.
Resultados
La veeduría ciudadana también destaca lo siguiente:
Cumplimiento formal vs. percepción ciudadana: Aunque se siguieron los pasos legales, quedaron claras las falencias institucionales en el proceso de nombramiento, que requieren reformas profundas. “Queda clara, por sus acciones y declaraciones, la discrecionalidad del Presidente para escoger al Procurador de la Nación, especialmente si cuenta con una mayoría en la Asamblea. Las oportunidades de incidencia ciudadana se reducen al momento en que el designado es entrevistado en la Comisión de Credenciales en la Asamblea Nacional. Es por ello que la percepción pública evidencia una demanda creciente por mayor transparencia y mecanismos que garanticen la independencia de los designados”.
Participación ciudadana limitada: La sociedad civil tuvo escaso protagonismo. Su intervención se redujo a reacciones posteriores, sin espacios formales de consulta previa.
Relevancia de los perfiles: Si bien Gómez Rudy cumple con los requisitos y cuenta con experiencia, su historial como abogado defensor del Presidente genera dudas sobre su imparcialidad, dado el contexto histórico de estos nombramientos.
Recomendaciones
Mientras que entre las recomendaciones figuran:
Reformas al proceso de designación: Incorporar criterios objetivos de selección basados en mérito y profesionalismo, siguiendo modelos similares al proceso de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema.
Fortalecimiento legal: Crear leyes que regulen el proceso en la Asamblea Nacional, incluyendo evaluaciones específicas sobre méritos, antecedentes éticos y profesionales.
Mayor participación ciudadana: Establecer audiencias públicas y consultas abiertas para incluir a la sociedad civil, gremios y académicos en el análisis de méritos de los candidatos.
Transparencia del proceso: Publicar criterios y resultados de evaluaciones en cada etapa, asegurando acceso a información clara.
Rendición de cuentas: Implementar informes periódicos de los procuradores y crear observatorios independientes que evalúen su desempeño.
Protección de la independencia: Garantizar la autonomía del Ministerio Público mediante mecanismos que eviten destituciones arbitrarias de fiscales.
Compatibilidad internacional: Asegurar que los procesos cumplan con estándares internacionales de derechos humanos y justicia.
El evento abrió con la participación de Olga de Obaldía, directora ejecutiva de FDLC-TI; Katie Taylor, directora ejecutiva del Panamerican Development Foundation; y Benjamín McIntosh, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Farah Urrutia, exsecretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, habló sobre la importancia de generar instituciones fuertes. “La discrecionalidad genera desconfianza”, señaló al referirse al mecanismo actual de designar a los procuradores.
Recordó que entre 1906 y 2024, en Panamá han habido 30 procuradores, un cargo que, según afirmó, “ha mostrado mucha inestabilidad”. En promedio, quienes han ocupado el puesto han durado tres años y nueve meses.
Entre 1943 y 2024, Panamá ha tenido 15 procuradores de la Administración.
El evento finalizó con el panel Nombramientos e Independencia: Impactos en la justicia y en los derechos humanos, con la participación del diputado independiente Luis Duke, la exprocuradora Ana Matilde Gómez y el periodista Rolando Rodríguez de La Prensa. El moderador fue Alfonso Grimaldo de Nueva Nación.
