La Ley 407 de 2023, que establece una moratoria indefinida para la minería metálica en el país, aplacó los ánimos de los que durante varios días protestaron masivamente en el centro de la ciudad contra el contrato a favor de Minera Panamá, S.A. Sin embargo, los cierres de calles continúan en algunas zonas de la capital y a lo largo de la vía Panamericana que comunica a Panamá con Centroamérica.

La Corte Suprema de Justicia, en tanto, debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Por un lado, hay quienes plantean la necesidad de mantenerse “al pie de cañón” con protestas pacíficas y dando espacio a los derechos de los demás, como el libre tránsito. Por el otro, están los que insisten en los bloqueos de calles y vías importantes. Las consecuencias más impactantes de esta estrategia la viven en Chiriquí y Bocas del Toro, donde las comunidades se han quedado aisladas: no tienen combustible, alimentos, medicinas, y han perdido citas médicas importantes. Los productores, en tanto, tienen dificultades para trasladar sus cosechas a la capital. Pérdidas por todos lados.

Los cierres de calle han ocasionado duros enfrentamientos entre pobladores y manifestantes. Pueblo contra pueblo. Ya hay víctimas fatales: por atropellos en medio de las manifestaciones, murieron dos hombres, uno en Colón y otro en Chiriquí. Mientras que un hombre armado asesinó a dos personas que protestaban en la vía Interamericana, en Chame. Este hecho ocurrió el pasado martes 7 de noviembre.

‘Se está generando un caos’

Para la exdiputada Ana Matilde Gómez, no es válido seguir cerrando las vías cuando las demandas contra la Ley 406, que fue el detonante de las manifestaciones, avanzan en la Corte Suprema de Justicia. A su juicio, se está generando un “caos en las calles”.

La abogada, que también participó de las protestas contra la Ley 406, considera que “cerrar y bloquear el país es un acto extremo que lleva a la anarquía’.

“Si de verdad somos una sociedad democrática debe haber espacio para todos. Entonces, no es viable, aceptable, que se use la fuerza, la intimidación a través de quemar llantas, tirar objetos, palos, piedras, bloquear las vías. Eso no conduce a ningún propósito sano a los que estamos en teoría unidos persiguiendo la no minería metálica a cielo abierto”, sustentó.

Planteó que ya hubo un logro: la suspensión indefinidamente de las 103 solicitudes de concesiones mineras. Dijo, sin precisar nombres de grupos, que a aquellos que cierran las calles exigiendo la derogatoria de la Ley 406 no les importa el país. “Tienen una agenda distinta”, añadió.

Al presidente Laurentino Cortizo le pidió gobernar. “El Gobierno tiene que gobernar para los que están a favor y en contra de su gobierno. Eso significa, mantener el orden público y el orden público significa que todas las garantías se deben tutelar, pero también permitir que se ejerzan”, manifestó.

También dijo: “Esa desgracia del martes era evitable en la medida que hubiera seguridad en las calles, que le corresponde a la Policía Nacional, no para amedrentar a quienes protestan, sino para permitir que los que quieran manifestar y los que van a trabajar puedan hacerlo. Los que están buscando la anarquía total, solamente están buscando un cambio de sistema sin ir a las urnas y eso es inaceptable en esta democracia”.

‘Tolerancia’

El abogado Ernesto Cedeño, que al igual que Gómez considera que las protestas son un derecho siempre que no se afecten las garantías de otros, indicó que, sin demeritar el derecho legítimo de las personas a protestar, es hora de “promover el valor de la tolerancia”.

“Si tu decisión es cerrar calle, debieras humanizarte y que tus cierres no afecten a los demás. Promover, si esa es la decisión de las personas, un corredor humanitario, que tienda a fortalecer la vida y la seguridad de los pobladores, porque algunos se pueden sentir secuestrados”, añadió.

En conclusión, expresó que “lo prudente es mantenerse en un bastión de lucha, pero esperar el fallo de la Corte, que es menos traumático para la población y los efectos de un proceso a futuro”.

Planteó que no se está calculando o valorando el costo y el riesgo para el país de los cierres de calles. “Hay que esperar el fallo, actuemos de tal manera que no afectemos a la población , al inversionista y por supuesto que debemos mantener las protestas”, precisó.

Suspender a Petaquilla Minera Panamá

La ambientalista Raisa Banfield reconoce que el tema es complejo. Explicó que hay un objetivo común que es erradicar la minería metálica del territorio nacional. Recordó que para que el contrato con Minera Panamá esté en manos de la Corte y se cuente con una ley de moratoria minera, fue necesario “salir a las calles”.

Contó que llevan años “luchando, enviando notas, pronunciándose en foros, debates, haciendo llamados de atención”, hasta que el pueblo “reventó” y miles de personas salieron a las calles.

Para ella está claro que existe una ley de moratoria indefinida que es muy válida, pero asegura que la “población ha perdido la confianza absoluta en quienes gobiernan, porque nos han traicionado no una, sino varias veces. Ellos y muchos no creen que la inconstitucionalidad pueda ser efectiva hasta que no lo vean suceder y no tengan algo cierto”.

Es por eso, dijo, “que muchos grupos siguen en las calles, porque se han planteado que si ya pasó cuando la Corte lo declaró inconstitucional [en 2017] y el Gobierno hizo caso omiso , ¿por qué ahora va hacer diferente?”

Banfield se responde la pregunta señalando que ahora será diferente, “porque antes eran pocos abogados y pequeños grupos dándole seguimiento a la inconstitucionalidad del contrato. Hoy son cuatro millones de personas o más, la mayoría rechazándola amplia y abiertamente, con acciones públicas en la calle y acciones legales, que tienen los ojos puesto a cómo están actuando el Legislativo, Ejecutivo y Judicial que no van a permitir que la historia se vuelva a repetir”.

“La situación es totalmente diferente. Ya no es el clamor ambientalista sino una exigencia ciudadana”, acotó.

Sin embargo, ¿cómo evitar que personas que aún desconfían del proceso salgan de las calles? Eso, dijo le toca responder al Gobierno con acciones concretas, por ejemplo, suspendiendo las operaciones de Petaquilla Minera Panamá hasta tanto la Corte falle y eso daría una paz a la sociedad. Además, que la Corte agilice el proceso.

Banfield señaló que las protestas “no son centralizadas que se controlan desde una base”. Dijo que existe autodeterminación, incluso de pueblo y organizaciones que han sido desoídas, maltratadas y no atendidas.

El movimiento Sal de las Redes, que por un tiempo convocó a protestas y marchas pacíficas, ahora ha emprendido jornadas de vigilia en la Corte y encuentros educativos.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, que opinó que la Ley 406 es inconstitucional, calculó que la Corte Suprema puede dictar sentencia sobre alguna de las demandas de inconstitucionalidad ya admitidas, antes de que termine el año 2023.

Aminta Bustamante

Reportera Política.