Con 105 millones de dólares, el gobierno ecuatoriano puede garantizar por casi un año el Bono Joaquín Gallegos Lara, que se otorga a personas con discapacidades graves o enfermedades catastróficas y a menores de 18 de años con VIH-Sida en situación crítica. Son casi 40,000 personas las que reciben esa subvención de 240 dólares mensuales.
Esos 105 millones de dólares es el monto que, hasta el momento, la justicia ecuatoriana ha determinado que fue el perjuicio económico del caso Odebrecht. Así lo establecen cuatro sentencias penales, tres de ellas ya ejecutoriadas. Los condenados llegan a 15, quienes deberían pagar ese millonario valor como reparación.
Sin embargo, a cinco años de que el escándalo de corrupción saliera a la luz, ni un centavo de la reparación ha entrado al fisco. Los sobornos han sido difíciles de recobrar, pues fueron entregados en efectivo o en cuentas bancarias de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Otro problema es que la Ley no pone un plazo para que las sentencias se ejecuten y el Estado pueda apropiarse de lo poco que los sentenciados dejaron en Ecuador. Además, la muerte de dos de ellos ha enredado más los procesos judiciales.
EL UNIVERSO analizó caso por caso cuáles han sido las trabas para que la reparación no se ejecute y revisó qué bienes podrían ser incautados en Ecuador.
En la lista de condenados están cinco exfuncionarios públicos: Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de la República; Carlos Pólit Faggioni, excontralor general; Alecksey Mosquera Rodríguez, exministro de Electricidad; Ramiro Carrillo Campaña, exgerente de Transporte de Petroecuador; y Carlos Villamarín Córdova, exgerente de Proyectos de la Empresa Pública del Agua (anteriormente Secretaría del Agua, adjunta a la Presidencia). El resto son familiares, empresarios o empleados privados que ayudaron a entregar y a esconder los sobornos.
Además, la justicia aún busca a cinco prófugos, que fueron llamados a juicio, pero el proceso judicial está suspendido hasta su captura. Ellos son los empresarios ecuatorianos Ricky Dávalos Oviedo y Santiago Játiva Ordóñez, y el excontralor Carlos Pólit, quien ya fue sentenciado por concusión en otro juicio relacionado a la misma red de corrupción; así como los venezolanos Alexis Arellano Meléndez y Freddy Salas Neuman, quienes dirigieron la Refinería del Pacífico, un proyecto conjunto entre Petroecuador y PDVSA (de Venezuela).
Aunque en Estados Unidos la constructora declaró haber pagado 33,5 millones de dólares desde 2007 a 2016 para lograr beneficios equivalentes a unos 116 millones, la suma de las coimas confesadas por el director de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos Filho, llegó a 50,7 millones, principalmente entre 2010 y 2015.
A ese monto se deben sumar 14,1 millones de dólares pagados entre 2006 y 2011, que aparecen con códigos en las colaboraciones que investigó la justicia brasileña, entre ellas la que realizó Marcelo Odebrecht.
Adicionalmente, una investigación periodística del ICIJ en la que participó EL UNIVERSO reveló que la constructora había pagado 230 mil dólares a una empresa de pantalla del exministro de Recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizalde Pavón, quien no ha sido procesado judicialmente.
La investigación también descubrió que Odebrecht había desviado siete millones de dólares de los contratos de la carretera Ruta Viva y del Metro de Quito, que se dieron entre 2014 y 2016, pero no se conoce si ese monto fue usado para pagar sobornos en Ecuador.
Odebrecht llegó a Ecuador en 1987 y desde entonces obtuvo 16 contratos para obras de infraestructura. En 2008, el entonces presidente Rafael Correa la expulsó del país por problemas con la hidroeléctrica San Francisco, pero regresó en 2010. Entre 2007 y 2016 Odebrecht declaró ingresos por 1.969 millones de dólares, con una utilidad gravable de 34 millones de dólares, según el Servicio de Rentas Internas.
La Fiscalía ecuatoriana arrancó con sus investigaciones en 2017. Desde entonces se han tramitado seis procesos judiciales. En dos de estos, todos los procesados fueron declarados inocentes. Además, la Fiscalía mantiene bajo reserva otras 48 indagaciones. Estas investigaciones no se han cerrado porque son necesarias varias asistencias penales de otros países, afirmó la Fiscalía en una contestación escrita enviada a EL UNIVERSO.
Entre las pesquisas confidenciales hay una que atañe a Santos Filho. No se sabe si existen investigaciones contra otros directivos brasileños como Ricardo Vieira, Claudemir Simoes Dos Passos y Mauricio Grossi Neves, también mencionados en el caso.
Tampoco se conoce si hay una indagación contra Odebrecht. Una sentencia ejecutoriada ordenó que la Fiscalía investigue a la constructora, pero en el escrito enviado a este Diario, esta institución sostuvo que cuando se entregaron los sobornos las personas jurídicas no tenían responsabilidad penal según la legislación ecuatoriana de esa época.
De su parte, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado multó hace pocas semanas a Odebrecht con 56,7 millones de dólares por haberse coludido con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para obtener dos contratos públicos relacionados con las hidroeléctricas Manduriacu y Pucará. Los contratos iniciales tuvieron un costo total de 133,5 millones de dólares; sin embargo, el Estado terminó pagando casi el doble, 263,5 millones.
La sentencia de Jorge Glas, entrampada
La muerte de dos personas tiene estancado el cobro de 33,4 millones de dólares al exvicepresidente Jorge Glas Espinel y otros siete condenados por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
A la justicia le tomó casi cinco años entre iniciar el proceso y ordenar el cumplimiento de la sentencia. El caso comenzó en junio de 2017; la sentencia se expidió en diciembre de ese mismo año, pero entró en vigor a inicios de 2020. Y recién en enero de 2022, casi dos años después de la sentencia en firme, se emitió la orden de ejecución, que permite recuperar el dinero.
En este caso hubo ocho sentenciados. Cinco fueron condenados a seis años de cárcel: Jorge Glas; su tío Ricardo Rivera Arauz; los exfuncionarios Carlos Villamarín y Ramiro Carrillo; y el empresario Édgar Arias Quiroz. Mientras que tres empresarios que colaboraron con la justicia fueron condenados a 14 meses: Gustavo Massuh Isaías, José Terán Naranjo y Képler Verduga Aguilera.
El Tribunal fijó el monto de la reparación en 33,4 millones de dólares, sin especificar cuánto le correspondía a cada uno. El exasambleísta César Montúfar, que participó en el proceso como acusador, pidió una aclaración al respecto a ese Tribunal, pero se la negaron.
“La cifra quedó flotando en el aire”, se queja hasta hoy Montúfar, pues la considera una falla grave que ahora está impidiendo la correcta ejecución de la reparación. Para él, también hay una falla en las leyes, que no le otorgan a la Procuraduría General del Estado las herramientas necesarias para concretar esos cobros.
Los 33,4 millones de dólares se fijaron porque la Fiscalía sí detalló lo que cada procesado recibió de los sobornos. Por ello pidió la reparación dividida de la siguiente manera: 14,1 millones para Jorge Glas y Ricardo Rivera; 10 millones para Édgar Arias; 6 millones para Carlos Villamarín; 1,5 millones para Képler Verduga; 861 mil para Gustavo Massuh; 750 mil para José Terán; y 200 mil para Ramiro Carrillo.
Sin embargo, la orden de ejecución emitida por el Tribunal a inicios de 2022 no especificó si el detalle del listado de la Fiscalía era el que debía aplicarse.
No es el único atolladero. Dos de los sentenciados -Ricardo Rivera y Édgar Arias- fallecieron con síntomas de COVID-19. El Tribunal que tramita la ejecución dictaminó la extinción de la pena en contra de ellos, pero aclaró que eso no implica que el Estado deje de cobrar la reparación pendiente.
La Procuraduría pidió que el Tribunal declarara que los sancionados no habían cumplido la orden de ejecución, lo que agilizaría el cobro. El tribunal respondió, en mayo pasado, que para hacerlo se debía primero establecer si los familiares de Arias ya habían recibido la herencia para dirigir la reparación hacia ellos.
El Tribunal también dispuso que se verifique si se han cumplido las medidas cautelares que se impusieron a los activos de Rivera, es decir, si aún están en firme la prohibición de enajenar sus bienes y la congelación de sus cuentas.
Hasta que la situación de Arias y Rivera no se aclare, no se podrá cobrar la reparación a los otros sentenciados. Aún hay un largo camino judicial por recorrer, pues la ley no dispone plazos para estos trámites.
Luego, las autoridades tendrán que ir tras los bienes de los sentenciados, lo que significa otro entrampamiento. EL UNIVERSO revisó varios repositorios públicos y ubicó estas propiedades.
Jorge Glas declaró en 2018 ante la Contraloría que era dueño de dos departamentos en Quito, que en realidad es un departamento dúplex ubicado en Monteserrín, en el norte de la ciudad; un departamento en Tonsupa, en el edificio Diamond Beach, con garaje y bodega; una camioneta; menaje de casa; y cinco cuentas bancarias en Ecuador. Los inmuebles están valorados en 205 mil dólares, según los catastros municipales.
Dentro de los trámites para la reparación, no se ha determinado qué inmuebles quedaron a nombre de Rivera. En la Superintendencia de Compañías aún registra acciones y participaciones en cinco empresas. Una está activa y las demás en proceso de liquidación. La activa es la Inmobiliaria Sansun C.A., que en su último balance registró un patrimonio de 98.300 dólares. La cuarta parte de las acciones de esa compañía está a nombre de Rivera.
Entre Glas y Rivera deben pagar, según el pedido de la Fiscalía, una reparación de 14,1 millones de dólares. Es el valor que recibió Rivera bajo la protección de Glas, según la sentencia. Una parte se entregó en efectivo y otra se transfirió a la empresa Glory International Industry Co. Ltd., domiciliada en China.
Con respecto a Édgar Arias, su nombre aún se mantiene como beneficiario del Fideicomiso EDAR. Él también sigue constando como propietario de tres parqueaderos y una bodega en dos edificios del norte Quito, que según el catastro municipal tienen un valor total de 27 mil dólares. Y aún se mantienen a su nombre las acciones en cinco empresas activas y en una que está en liquidación.
Arias tiene pendiente una reparación de 10 millones de dólares. Según la sentencia, ese es el valor del que se benefició por ayudar a Odebrecht a obtener efectivo para entregar los sobornos. El dinero quedó en la panameña Columbia Management Inc., que era de su propiedad. Esta empresa también habría servido para pagar coimas en otros países.
Se desconocen las propiedades que pertenecen a Carlos Villamarín, quien tiene pendiente una reparación de 6 millones de dólares. En el juicio, él presentó el certificado de una cuenta bancaria en Ecuador y el pago de las alícuotas de una casa ubicada en una urbanización de Daule (Guayas).
Según la sentencia, él recibió una parte del soborno en efectivo y otra a través de la compañía Sentinel Mandate & Scrow Ltd., domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa, que formaba parte del grupo Biscayne Capital, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, también fue usada para transferir sobornos de Petroecuador.
Para el analista Santiago Basabe, “recuperar la plata es casi imposible en Ecuador, primero porque hay que superar un entramado jurídico casi inexpugnable y segundo, por la falta de decisión política”. Consideró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no trabaja lo suficiente para hacer un control efectivo de la corrupción, con miras a descubrir cómo se esconden activos a nombre de familiares o de compañías.
Carlos Pólit dejó ‘migajas’ en Ecuador
Como en el caso anterior, la justicia tardó casi cinco años en emitir el mandato para ejecutar la sentencia contra Carlos Pólit, de 71 años, orden que difícilmente se podrá cumplir. Él fue condenado a seis años de cárcel y a pagar 40,4 millones de dólares al Estado como reparación, por concusión, es decir, por pedir sobornos a cambio de favores.
Ese monto corresponde al cuádruplo de lo que, según la sentencia, Pólit había recibido de Odebrecht: 10,1 millones de dólares. Pidió esas coimas para desvanecer varias glosas por los problemas en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco y para no emitir otras sanciones económicas relacionadas a los proyectos Manduriacu, Daule Vince, el poliducto Pascuales Cuenca y la refinería del Pacífico.
El proceso judicial comenzó en agosto de 2017, cuando Pólit ya se encontraba en Estados Unidos. La sentencia de primera instancia se dictó en julio de 2018 y entró en vigor tres años después, luego de que se despacharon todos los recursos y pedidos. Y recién en mayo de este año, un Tribunal emitió el mandato para que la sentencia se ejecute, dándole cinco días a Pólit para que pague los 40,4 millones de dólares, orden que no se cumplió.
Ahora, las autoridades están determinando qué bienes tiene Pólit en Ecuador para incautarlos. Al momento, la Procuraduría ha identificado una suite, un parqueadero y una bodega en el Swissotel, de Quito. Según el catastro municipal, esos bienes tienen un valor de 81.740 dólares. En esa suite, Pólit recibió 6 millones de dólares en efectivo de parte de Santos Filho, según la sentencia. El resto de los sobornos se entregaron a través de transferencias internacionales.
En la última declaración juramentada que presentó como funcionario público, en 2017, Pólit registró esa suite, un terreno en Guayas, dos cuentas bancarias en Ecuador y una deuda por cobrar. Estos activos sumaban 175 mil dólares, una minucia frente a lo que tiene que reparar al Estado.
Pólit no declaró ninguna propiedad en el exterior. Sin embargo, cuando la Fiscalía lo acusó, dejó sentado que Pólit tenía un departamento en Miami, acciones en la empresa Tecnocarga Express and Travel, Inc., de Florida (Estados Unidos), y cinco cuentas bancarias en ese mismo país.
La situación es diferente en el proceso judicial que Pólit tiene en curso en Estado Unidos. Fue detenido el 28 de marzo de este año, acusado de lavado de activos producto de sobornos que alcanzaron los 8 millones de dólares, la mayor parte provenientes de Odebrecht.
Para recuperar la libertad, los hijos de Pólit entregaron como fianza trece propiedades valoradas en un total de 11,7 millones de dólares. Además, quince familiares del excontralor firmaron una garantía por 14 millones de dólares.
Esto no se podría dar en Ecuador, en un caso judicial de esa magnitud. En las leyes ecuatorianas hay una figura similar a la fianza que se denomina caución, pero solo puede ser aplicada en delitos cuya pena máxima no supere los cinco años de cárcel, explica Homero Cepeda, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Las Américas. Es decir, no se puede aplicar en casos de peculado, lavado de activos o asociación ilícita.
“Entendería que lo que busca (la Ley) es más un tema de represión, entonces en la Corte Constitucional yo creo que podría ser muy revisable esto”, opinó Cepeda.
Alecksey Mosquera ofreció un carro como reparación
El caso del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera es el que más rápido se ha tramitado. El proceso inició en abril de 2017, la sentencia se emitió casi un año después y el mandato para su ejecución se resolvió en noviembre de 2020. Dos años y medio de trámites.
Mosquera fue condenado a cinco años de cárcel; mientras que su padre, Antonio Mosquera Salcedo, y su tío político, Marcelo Endara Montenegro, recibieron tres años. En tanto que el juicio en contra de Santiago Játiva, socio de Antonio Mosquera, está suspendido pues se encuentra prófugo.
A los tres sentenciados se les impuso una multa de 2 millones de dólares como reparación al Estado, que corresponde al doble de lo que Alecksey Mosquera recibió de Odebrecht como soborno a cambio de que garantizara el financiamiento público para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón.
Según la sentencia, Odebrecht transfirió la coima de un millón de dólares a una cuenta bancaria en Andorra, un paraíso fiscal europeo, que estaba a nombre de la panameña Tokyo Traders S. A. Desde ahí se pasó a otra cuenta, también abierta en Andorra, a nombre de otra empresa panameña, Percy Trading Inc. Estas operaciones se hicieron con ayuda de Marcelo Endara.
Parte de ese dinero sirvió para comprar maquinaria para las empresas ecuatorianas Autoservicios S. A. (de Alecksey Mosquera) y Truenergy S. A. (de Antonio Mosquera y Santiago Játiva). Con el dinero de la coima también se hicieron transferencias bancarias a favor de estas dos compañías nacionales, pero el capital volvió a salir a otra empresa panameña, Marviland Investments S. A., que controlaba Endara.
La orden de ejecución de la sentencia estableció que los 2 millones de dólares de reparación debían ser divididos en tres partes iguales entre Alecksey Mosquera, su padre y su tío político.
Alecksey Mosquera ofreció entregar un automóvil del año 2010 y propuso llegar a un acuerdo para que, cuando tenga trabajo, él entregue el 25 % de su salario hasta cubrir la reparación en un plazo máximo de 15 años.
Antonio Mosquera, en cambio, declaró en el proceso que es un octogenario sin bienes y con tres juicios por insolvencia, y que no tiene con qué cubrir la obligación.
En el expediente no hay una contestación de Endara a la orden de ejecución. En el catastro del Municipio de Quito consta como propietario de un departamento en un conjunto habitacional ubicado en el sector de El Inca, en el norte de la ciudad, avaluado en 51.400 dólares. Un periodista de EL UNIVERSO visitó ese lugar y preguntó por Endara. El guardia lo contactó por el conmutador del condominio y atendió una señora que aseguró: “Marcelo está mal y no puede hablar del tema”.
Una sentencia aún no está en firme
Junto con el juicio por asociación ilícita, en el que fueron procesados la mayoría de quienes participaron en esta red de corrupción, la Fiscalía abrió tres casos por lavado de dinero en contra de algunos de ellos. En dos, los señalados quedaron libres de responsabilidad. Solo un caso prosperó hasta la sentencia.
Este proceso se centró en la participación de las empresas ecuatorianas Diacelec S. A. y Conacero S. A., que según las investigaciones judiciales ayudaron a Odebrecht a obtener efectivo para pagar los sobornos.
Un tribunal emitió una sentencia, que luego fue modificada en la apelación. Al momento, se ha dispuesto siete años de cárcel contra Édgar Arias (ya fallecido) y tres años y medio contra otros tres implicados: un socio y dos exempleadas de Diacelec.
En la apelación se concedió la suspensión condicional de la pena a estos tres sentenciados. Esto implica que, en lugar de cumplir cárcel, deben residir en sus domicilios, no salir del país sin permiso judicial y presentarse ante la autoridad judicial cada mes.
Además, en la sentencia se fijaron 29,2 millones de dólares como reparación, el doble de la cantidad lavada. La mayoría corresponde a los montos que ingresaron a las cuentas de Diacelec y Conacero, 23,4 millones de dólares en total. Estas empresas fueron declaradas como responsables en primera instancia, pero quedaron absueltas en la apelación. Ambas siguen activas.
La forma en que se aplicará la reparación se conocerá solo después de que la sentencia esté ejecutoriada y para eso falta un largo trecho judicial.
El edificio donde funcionaba Diacelec está valorado en 1,3 millones de dólares, según el catastro municipal de Quito. Como propietario consta el Fideicomiso EDAR, donde Édgar Arias aún está registrado como beneficiario. En el inmueble ahora funciona una funeraria.
Se desconoce si será posible recuperar los 105 millones de dólares de las reparaciones ni cuándo culminarán el resto de las investigaciones iniciadas. Hay mucho escepticismo al respecto. El caso Odebrecht marcó un quiebre en el país pues ha sido la primera vez que un vicepresidente de la República y otros funcionarios de alto rango pudieron ser juzgados por sobornos para la realización de obras públicas.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
