Aunque no sobresalen aspectos novedosos o proyectos enfocados directamente en el combate a la corrupción, el Plan Estratégico del gobierno de José Raúl Mulino contiene algunas promesas vinculadas a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
El documento, hecho público el pasado viernes, propone promover el uso de datos abiertos en temas como contratistas, beneficiarios de subsidios y becas, planilla estatal y actas del Consejo de Gabinete.
Sin embargo, varios sitios de datos abiertos de instituciones del Estado están desactualizados. Por ejemplo, el portal de datos abiertos de la Caja de Seguro Social aún presenta la planilla de 2020 en lugar de la de 2024. Los últimos detalles de subsidios por incapacidad temporal corresponden al periodo 2019-2020, mientras que el inventario de medicamentos solo llega a agosto y septiembre de 2022.
Un aspecto positivo en términos de transparencia es la publicación de las actas del Gabinete por parte de la Presidencia de la República, que inició el 30 de julio de este año. Esto se dio tras una promesa de Mulino de derogar la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021, emitida durante el gobierno de Laurentino Cortizo, que restringía estas actas por diez años. La resolución había sido firmada por José Gabriel Carrizo, entonces ministro de la Presidencia, y avalada por Carlos García, viceministro de la época.
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Gobierno digital
El Plan Estratégico también destaca la promoción de la innovación tecnológica y la digitalización de los servicios públicos. Entre las propuestas está la modernización de trámites como permisos de ocupación, firma electrónica, traspasos de vehículos, estudios de impacto ambiental, titulación de tierras y permisos laborales para migrantes.
Uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de un portal único del ciudadano con inteligencia artificial, que pretende reducir el uso de papel y facilitar trámites. Esto incluye la integración del Tribunal Electoral para la identidad digital y el récord policivo en línea.
Además, se contempla la modernización de la gestión municipal a través de la digitalización de procesos. Aunque la mayoría de los municipios aún operan de forma manual, muchos ya cuentan con páginas web que cumplen con los estándares mínimos de transparencia establecidos por la Ley 6 de 2002.
El gobierno también planea modernizar la Contraloría General de la República. Este jueves 2 de enero, Anel Bolo Flores asumirá como nuevo contralor, reemplazando a Gerardo Solís, cuya gestión fue duramente criticada por la poca fiscalización de los fondos públicos.
Justicia y seguridad
En seguridad, el plan incluye reactivar la policía comunitaria y el programa Vecinos Vigilantes. Ricardo Rodríguez, jefe del Servicio de Integración y Participación Ciudadana de la Policía Nacional, en una reciente entrevista con este medio, subrayó la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito. “La comunidad no solo es espectadora, sino protagonista en la prevención del delito”, manifestó Rodríguez.
El agente de la policía aseguró que los principales retos de seguridad están relacionados con robos a transeúntes, fraudes electrónicos y hurtos en zonas comerciales concurridas.
Otras de las medidas que se menciona para reforzar la seguridad es la de “respaldar a las fuerzas de seguridad” con el objetivo de incentivar su moral y eficiencia. En octubre pasado, el Ministerio de Seguridad Pública, entidad a cargo de Frank Ábrego, dio a conocer un ambicioso plan para incrementar en 3,000 agentes el número de integrantes de los distintos estamentos de seguridad del país.
“Es un proyecto que estamos trabajando y elaborando para desarrollar a partir del próximo año”, manifestó el ministro en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Estos nuevos agentes se unirían a los casi 30,000 miembros de los organismos de la fuerza pública del país que conforman la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, entre otros.
Para 2025, el Ministerio de Seguridad Pública contará con un presupuesto de $971.5 millones. En 2024, a esta entidad se le asignaron $946.1 millones, es decir, que el próximo año dispondrá de $25.4 millones adicionales.
También hay promesas para reformar el sistema carcelario, y fortalecer el sistema judicial “velando por la independencia”. Pero no dicen cómo, cuándo y a través de qué mecanismos.
Reformas, pero ¿cuáles?
Otro de los aspectos que resaltan es el de “cambiar y mejorar la ley de justicia”. No detalla cuál de las leyes vinculadas a la justicia.
Además prometen “emprender reformas legislativas y constitucionales que lleven a la modernización del marco legal vigente”. Tampoco afirman cuáles serían esos proyectos de ley que impulsarían. En el Legislativo hay un extenso paquete de leyes, que promueven la transparencia en la administración pública. Buena parte de esos proyectos han sido presentados por los diputados de la bancada independiente Vanos.
Por otro lado, el gobierno de Mulino tiene entre sus planes una constituyente y la reducción del Estado. El asesor para temas constitucionales, el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, será el coordinador de una comisión que recomendará cuál sería el “tamaño del Gobierno” que necesita el Estado panameño.
Hace pocos días Bernal destacó en la red social X que el 2025 será el año de la alfabetización constitucional del proceso constituyente originario”.
— Miguel Antonio BERNAL Villalaz (@MiguelABernalV) December 29, 2024
