Los intereses y las presiones de Benicio Robinson quedan al descubierto

“No puede ser posible que se esté usando la imagen de uno solamente [para] querer dañar”.

Así reaccionó Benicio Robinson, diputado y presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), a la decisión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) de multar a La Prensa por utilizar una fotografía suya, sin su permiso, para ilustrar una nota periodística que reporta sus negocios relacionados con las concesionarias del transporte público.

La Antai, a través de la jefa de la Dirección de Protección de Datos, Yelenis Ortiz de Mariscal, sancionó a Corprensa el pasado 24 de marzo de 2023, alegando que la fotografía de Robinson es un dato biométrico “sensible” y el mal uso del mismo puede poner en “riesgo grave” al dueño de la imagen.

“No fui yo quien sacó eso. Eso es de hace más de un mes”, dijo Robinson sobre la decisión de Antai.

Sus declaraciones se dieron este martes 25 de abril, al ser abordado en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, donde se discutía un proyecto ley que obliga a las plataformas digitales de transporte a pertenecer a una prestataria de transporte público selectivo. ¿Qué hacía Robinson ahí si no es miembro de esta comisión?

“Soy transportista... Soy prestatario del servicio de transporte”, espetó Robinson, cuando TVN le preguntó.

Su faceta como transportista era precisamente el contenido de la nota titulada “Ruta de los cupos llega hasta el diputado Benicio Robinson”, publicada el 24 de febrero de 2022 por La Prensa, objeto de la sanción de la Antai. Toda la información utilizada por la periodista Mary Triny Zea para escribir ese reportaje, fue suministrado por entidades públicas, conforme está consignado en la Ley 6 de 2002, sobre transparencia y acceso a la información pública.

Robinson, que además es dirigente del béisbol y desde hace años preside la influyente Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, dijo a la televisora que antes de ser diputado era transportista y todavía se mantiene en el negocio. Recordó que tiene intereses en las los servicios de transporte de Panamá-Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas del Toro.

Todo eso a pesar de que el artículo 158 de la Constitución señala que los diputados no podrán hacer por sí mismos ni por interpuestas personas contratos con órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este.

Robinson también mostró su molestia porque en la nota periodística de La Prensa se mencionara a sus familiares. Esto es así, porque en la nota se informa sobre las actividades de la sociedad Transporte y Turismo Teribe, S.A., en la cual Robinson aparece como tesorero, tiene a varios familiares suyos en la directiva: su esposa Mirza Gutiérrez y sus hijos Benicio Robinson Jr. y Mirbenis Robinson. La referida sociedad es presidida por Abel Obando.

Pero en el negocio del trasporte no todos están contentos con Robinson. Los conductores de plataformas digitales convocaron este miércoles a una conferencia de prensa para denunciar que el proyecto aprobado en la Asamblea solo busca beneficiar “al grupo de Robinson” y el resto de las concesionarios de cupos de transporte público.

Omar Jaén, uno de sus voceros, dijo que los dueños de cupos y concesionarias del transporte enviaron a la Asamblea “al general Benicio” para imponer la ley a favor de aquellos que siempre han dominado el transporte público en Panamá y en contra de unos 8 mil conductores de plataformas digitales. Llamó la atención que el proyecto se aprobara con la presencia de Robinson, pese a que en dos ocasiones anteriores no había habido quórum en la Comisión de Transporte que lidera el también perredista, Víctor Castillo.

Esto, casualmente, ocurrió en momentos en que la sesión de otra comisión legislativa, la de Presupuesto, que preside Robinson, era suspendida.

La plataforma Uber, una empresa de capital estadounidense, también expresó su inquietud de que el proyecto de ley 985 intente frenar todo lo que se ha avanzado en innovación y la tecnología en favor de un mejor servicio al usuario. Uber ha operado en Panamá los últimos nueve años. En un encuentro con la embajada estadounidense en Panamá, la empresa informó que tiene 7 mil conductores afiliados y ha prestado el servicio a unos 279 mil pasajeros.

El patrón

Lo de la sanción contra La Prensa no es novedad para Robinson, que suele proceder legalmente contra periodistas y medios. Solo el año pasado presentó dos acciones contra Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y sus periodistas.

Por ejemplo, contra Corprensa y la periodista Zea procedió un reclamó que está, desde el 9 de marzo de 2022, en el Juzgado Segundo de Circuito Civil.

Adicional, el 18 de abril de 2022, ingresó al Juzgado Decimosexto de Circuito Civil otra demanda promovida por Robinson contra Corprensa y los periodistas Eliana Morales Gil, Olmedo Rodríguez y Leonardo Grinspan. Este proceso ordinario (al igual que el anterior) podría conllevar un secuestro “cuya cuantía supere un millón de balboas”.

La última demanda surgió luego de que el 6 y 7 de marzo de ese año, La Prensa publicara un reportaje y un seguimiento noticioso titulado “Bagatrac: la sospechosa venta de finca a Benicio Robinson”, en el cual se detalla que uno de los principales contratistas del Estado le vendió a Robinson, a través de una triangulación, una finca donde se construyó una casa. Justo en esa área, la Dirección de Asistencia Social (DAS) —adscrita al Ministerio de la Presidencia— llevó a cabo actos públicos —adjudicados a Bagatrac— para dotar de agua y caminos asfaltados la zona de la finca de Robinson.

El diputado de Bocas del Toro también demandó por calumnia e injuria al reportero radial Ronald Acosta de Chiriquí, a raíz de unos comentarios que este hizo en su programa Proyección Social. De hecho, logró imponerle un secuestro judicial por 121 mil dólares al periodista. Un juzgado ordenó a la Alcaldía de Boquete retener los emolumentos de Acosta provenientes de un contrato de servicios profesionales por $600 mensuales.

Gremios repudian decisión de Antai

Diversos gremios periodísticos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil mostraron su repudio a la decisión de la Antai.

Gricelda Melo, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), aseguró que es la segunda vez que un medio recibe una multa por supuestamente violar la Ley 81 de 2019 de protección de datos personales: el año pasado, la Antai multó a La Verdad Panamá por publicar un certificado de matrimonio que había sido suministrado al sitio digital por uno de los cónyuges.

“Esto se convierte en una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los periodistas y los medios de comunicación, los periodistas no deben dejarse amedrentar frente a este tipo acciones”, aseguró Melo.

También explicó que se trata de una situación crítica en la que todos los medios de comunicación deben cerrar filas, ya que está en peligro el libre ejercicio del periodismo y la democracia.

En tanto, la presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, Alejandra Araúz, recalcó que resulta incomprensible que la Antai, siendo la entidad que debe garantizar la transparencia y el acceso a la información, malinterprete la Ley 81, imponiendo mecanismos de censura.

Estimó que lo grave de estas acciones es que se pueden extender a otros medios de comunicación, tan solo por el hecho de que se publique una foto o video de un funcionario.

Araúz explicó lo preocupante de la situación es que se acerca una campaña electoral en donde el país debe estar informado y que el promotor de la multa a Corprensa sea precisamente un dirigente del mayor partido político del país, que para más señas es actualmente el gobernante.

Diego Quijano, presidente de Corprensa, enfatizó que con las multas a La Prensa y La Verdad Panamá, la Antai está sentando una jurisprudencia en la interpretación de la Ley 81, ignorando preceptos constitucionales y convenios internacionales que Panamá ha firmado sobre derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información.

En tanto, Carlos Herrera Morán, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, dijo que la Antai pasó por alto que la propia Ley 81 de 2019 y la Ley 6 de 2002 dejan claro que todos los funcionarios con mando y jurisdicción y de elección popular están sujetos al escrutinio público.

El Caso de La Verdad Panamá

En el año 2022, la Dirección Nacional de Datos Personales, entonces dirigida por Krisna Núñez, multó al medio digital La Verdad Panamá y a la periodista Amanda Alvarado con $ 1,000, por una noticia publicada el 26 de junio del 2021, en la que se hizo público un certificado de matrimonio expedido por la Dirección Nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral que fuera aportado por una de las partes afectadas y fuente de la noticia de manera libre y voluntaria.

Sin embargo, a un año de haber presentado el recurso de reconsideración contra la decisión, el recurso no ha sido resuelto. Así lo confirmó Edmundo Dante Dolphy, director de La Verdad Panamá, quien explicó que su abogado acudió esta semana a la Antai para conocer el resultado de la reconsideración y se le dijo que aún se encontraba en el despacho superior.

Dolphy dijo desconocer porqué el escrito de reconsideración se encuentra en el despacho superior y no en la Dirección Nacional de Protección de Datos, que es la instancia que debe resolver la reconsideración.

Explicó que esta situación le impide gestionar otros recursos legales ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, ya que si administrativamente no se resuelve el recurso de reconsideración, no puede acudir a otra instancia.

Para Dolphy, las sanciones a La Verdad y La Prensa son peligrosas, ya que puede hacerse extensiva a otros medios de comunicación y crear una situación de censura generalizada.

“Estoy aterrado con la decisión asumida por la Antai, ya que la materia prima del periodista es documentar el contenido de la información, con fotos, imágenes y documentos,” detalló.

Agregó que ello violenta la libertad de prensa y la libertad de información, porque se aplica una censura al uso de imágenes en las noticias y reportajes.

Piden intervención de la Defensoría del Pueblo

El abogado Ernesto Cedeño solicitó ayer miércoles la intervención de la Defensoría del Pueblo, tras asegurar que la Antai viola los derechos humanos. Le pidió que inste a la Antai a honrar la Convención Americana de Derechos Humanos.

La denuncia de Cedeño sostiene que la sanción impuesta por la Antai a Corprensa establece una censura a la información, que es una garantía fundamental consagrada dentro de lo que se conoce como libertad de pensamiento y expresión de la Convención Americana de los Derechos Humanos de la que Panamá es parte.

Además, calificó el fallo como “absurdo” y un atentado a la libertad pensamiento y de expresión de los ciudadanos.

Juan Manuel Díaz

Reportero de Judiciales

Juan Luis Batista

Editor