Tres figuras clave en el sistema de control y fiscalización del Estado panameño asumen sus funciones a partir de este jueves 2 de enero. Anel Bolo Flores, como contralor general; Luis Carlos Gómez, como procurador general de la Nación; y Grettel Villalaz de Allen, como procuradora de la Administración, liderarán instituciones fundamentales en la lucha contra la corrupción y la promoción de la rendición de cuentas.
En el país existe una gran expectativa, ya que su trabajo conjunto será crucial para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, perseguir con rigor los delitos y asegurar que las acciones del gobierno se mantengan dentro del marco legal.
El primero de ellos es Gómez, un abogado que asumirá el puesto con una larga lista de desafíos para la institución que, por Constitución, es la encargada de perseguir los delitos. Este mandato conlleva la obligación de investigar con toda la capacidad del Estado para llevar a juicio a los implicados, respetando en todo momento las reglas del debido proceso.
La exprocuradora y exdiputada, Ana Matilde Gómez, reflexionó sobre los retos que enfrenta el nuevo procurador de la Nación, destacando tanto los desafíos personales como institucionales. En cuanto al primero, señaló que el principal obstáculo radica en superar el estigma asociado a su anterior rol como abogado del presidente de la República, José Raúl Mulino, un factor que podría generar suspicacias entre aquellos que no lo conocen. Aunque aclaró que esto no es necesariamente negativo, subrayó la importancia de gestionar la percepción pública para preservar su independencia.
En el ámbito institucional, mencionó la necesidad de generar estabilidad dentro del Ministerio Público, resolviendo problemas de favoritismo y falta de oportunidades, que han sido señalados por algunos funcionarios. También destacó la importancia de establecer un clima de respeto y meritocracia en la institución.
Hacia el exterior, dijo que el desafío será consolidar la confianza pública, no solo en los casos de alto perfil, sino también en los procedimientos de casos comunes. Se trata de mantener un equilibrio entre la efectividad en la persecución criminal y la protección de los derechos humanos, asegurando que todos los expedientes sean tramitados correctamente y que los fiscales estén adecuadamente preparados para ofrecer resultados contundentes en los casos más relevantes.
El personal
Mientras que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ha señalado importantes retos pendientes en el Ministerio Público, destacando la urgencia de estabilizar la carrera de los fiscales y fortalecer las capacidades del personal para llevar a cabo investigaciones efectivas.
Estos desafíos surgen en un contexto de inestabilidad institucional, reflejada en el nombramiento de tres procuradores en la última década: Kenia Porcell, Eduardo Ulloa y Javier Caraballo.
De hecho, la organización subrayó la necesidad de reorientar la institución hacia un modelo más sólido y eficiente, capaz de responder con mayor eficacia a las demandas de justicia en el país.
En cuanto a las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público mantiene abiertos varios expedientes relacionados con presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
Entre los casos investigados destaca el escándalo de las planillas cashback, así como las supuestas anomalías en la concesión para la explotación comercial del aeropuerto de Colón, específicamente en el alquiler de tierras estatales. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también presentó una denuncia sobre auxilios económicos otorgados a personas que no cumplían con los requisitos para recibir estos beneficios.
Otra investigación relevante se centra en la desaparición de 38 vehículos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Municipio de Colón, así como en el caso de 600 vigas extraviadas de un depósito del Ministerio de Obras Públicas en Farfán.
Nuevo contralor
Tras la designación de Anel Bolo Flores como contralor de la República, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) emitió un llamado enfático para que la Contraloría recupere su papel como fiscalizador independiente y eficaz de los recursos públicos.
La organización destacó la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión estatal, recordando que el correcto manejo de los fondos públicos es esencial para garantizar la confianza ciudadana y el buen funcionamiento de las instituciones.
La organización empresarial subrayó que los escándalos relacionados con el otorgamiento de auxilios económicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, las partidas de la Asamblea Nacional y la descentralización paralela son ejemplos claros de cómo la falta de una fiscalización adecuada puede derivar en graves perjuicios para el país.
Uno de los principales desafíos de Flores es la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría. Dicha normativa, la cual fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, otorga gran discrecionalidad al contralor en cuanto a la realización de las auditorías.
Por su parte, Flores mencionó que sí se van a investigar los casos, pero no permitirán que se utilice una investigación para dañar reputaciones sin que la persona investigada tenga la oportunidad de presentar su defensa ante los cargos que le puedan imputar.
“Tengan la seguridad de que aquí no servimos para tapar a nadie. Se harán las investigaciones y auditorías necesarias para tener un caso real y no mediático”, apuntó Flores durante el proceso de transición.
En lo referente a la reforma a la ley de la Contraloría, dijo que habrá que esperar a ver qué decide la Corte.
Procuraduría de la Administración
Grettel Villalaz de Allen, procuradora de la Administración, deberá continuar con la importante labor de fiscalizar las conductas de los funcionarios públicos, una responsabilidad que venía desempeñando el exprocurador Rigoberto González.
Villalaz de Allen asume el cargo en un contexto de creciente exigencia de mayor transparencia por parte del país.
Con respecto a los retos que le esperan en el puesto, dijo durante el proceso de ratificación en la Asamblea Nacional que está comprometida a impulsar el proyecto que le da vida el código de procedimiento contencioso administrativo. Catalogó el tema como “sumamente beneficioso para el país”, pues le permite a la ciudadanía acceder a los servicios públicos.
Respecto a la profesionalización de los servidores, afirmó que lo importante es que ellos sepan que las herramientas de rendición de cuentas y de transparencia son “importantísimas” para evitar la corrupción.
Flores, Gómez y Villalaz de Allen tienen por delante la tarea de asegurar que la justicia y la transparencia prevalezcan en la gestión pública. Su trabajo conjunto, acompañado de la vigilancia de la sociedad civil, será clave para garantizar dicho objetivo.
