Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, abogado que asumirá las riendas de la Procuraduría General de la Nación a partir del 2 de enero de 2025, llegará al puesto con una larga lista de retos y desafíos para la institución que, por Constitución, es la encargada de perseguir los delitos. Este mandato lleva implícita la obligación de investigar con toda la capacidad del Estado, para llevar a juicio a los implicados, respetando en todo momento las reglas del debido proceso.
Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), afirmó que el nuevo procurador general de la Nación deberá “realizar investigaciones oportunas y correctas de los delitos”, garantizando imparcialidad en el proceso y efectividad ante los tribunales de justicia. Asimismo, señaló que “es fundamental” que el nuevo procurador asegure que no habrá sensación de impunidad y que toda persona que cometa un delito enfrente las consecuencias ante la justicia.
Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), manifestó que el primer desafío del nuevo procurador general es “demostrar su independencia”. Agregó que “luego, debe fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público para recuperar la confianza ciudadana en la certeza del castigo. Finalmente, es crucial mejorar sustancialmente las investigaciones de los casos de alto perfil, de modo que se traduzcan en condenas efectivas para los responsables de los delitos”.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, emitió un comunicado en el que advirtió que, al provenir del círculo de confianza del presidente José Raúl Mulino, Gómez deberá “demostrar con sus acciones una de las cualidades más importantes para el ejercicio de la administración de justicia: la independencia”.
El pasado 1 de octubre, la Presidencia de la República dio a conocer que Mulino y su gabinete habían aprobado la designación de Gómez Rudy para la Procuraduría General de la Nación y a Grettel Villalaz de Alen para la Procuraduría de la Administración. Gómez Rudy reemplazará a Javier Caraballo, mientras que Villalaz de Alen sustituirá a Rigoberto González Montenegro.
En el Ministerio Público, según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hay mucho por hacer. La organización mencionó, por ejemplo, la necesidad de lograr la estabilidad de carrera de los fiscales, elevar las capacidades de los funcionarios para investigaciones efectivas y enrumbar una institución que ha tenido tres procuradores en 10 años: Kenia Porcell, Eduardo Ulloa y Javier Caraballo.
El abogado del Presidente
Gómez Rudy fue abogado de Mulino cuando este fue investigado por la presunta comisión del delito de peculado, por irregularidades en la compra de 19 radares a la empresa italiana Selex, filial del conglomerado Finmeccanica. Por este caso, Mulino fue detenido el 28 de octubre de 2015, pero gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia de la magistrada Ángela Russo, su caso fue anulado bajo el argumento de que la entonces fiscal anticorrupción Zuleyka Moore había practicado diligencias fuera de término sin contar con la autorización judicial correspondiente. Mulino nunca fue declarado ni culpable ni inocente.
Este vínculo con el mandatario ha provocado algunas reacciones. Sin embargo, Mulino lo defendió de manera rotunda. En tono molesto, el pasado jueves aseguró: “No voy a nombrar a un enemigo mío, es absurdo. Son personas que no pertenecieron, sobre todo el procurador de la Nación, ni a la taquilla ni fueron parte de la procuraduría paralela”.
Le puede interesar: Mulino defiende a Gómez Rudy y recrimina a Varela, a Porcell y a ‘ese periódico que me inculpó’
En la conferencia de prensa del pasado jueves, el presidente de la República recordó que Gómez Rudy estuvo a su lado en su “peor momento personal, político y jurídico: cuando estaba preso”.
Entre otras cosas, anunció que Gómez Rudy “limpiará” el Ministerio Público una vez tome posesión en enero de 2025 (aunque antes deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional) y “botará a los que tenga que botar”.
La exprocuradora Ana Matilde Gómez manifestó que “esperaría que Luis Gómez tenga la capacidad de entender que no ha aceptado un cargo público, sino un cambio rotundo de estilo de vida. En la medida que él comprenda los límites que debe poner y los sacrificios que implica ese cargo, lo podrá desempeñar mejor”.
“Ojalá su ejercicio de la defensa no sesgue las reformas que va a proponer para que se hagan las reformas necesarias sin retroceder en el Sistema Penal Acusatorio”, dijo la exprocuradora en el programa Radar de TVN.
Las investigaciones
En lo que respecta a los casos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público tiene abiertos varios expedientes sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).
Entre ellos se encuentran el caso de las planillas cashback, las supuestas anomalías en el alquiler de tierras del Estado en Colón relacionadas con la concesión para la explotación comercial del aeropuerto de esa ciudad, y la denuncia presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sobre los auxilios económicos otorgados a personas que no los necesitaban. También está la investigación sobre la desaparición de 38 vehículos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Municipio de Colón, y el seguimiento de la desaparición de 600 vigas que estaban en un depósito del Ministerio de Obras Públicas en Farfán, entre otros.
Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, advierte que “es importante” que se dé el seguimiento y la investigación oportuna a los casos de corrupción revelados recientemente. “Los ciudadanos esperamos que se haga justicia frente a la sensación de impunidad que han dejado estos escándalos”, puntualizó.
