“En Panamá, donde impera la democracia y, por lo tanto, el respeto a la libertad de expresión, es posible que algunos opinen que en este informe, estoy hablando de otro país....”
Esta afirmación es parte del séptimo informe a la nación del presidente Laurentino Nito Cortizo, a propósito de la instalación de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.
El pasado lunes 2 de enero, el mandatario habló durante 1 hora y 48 minutos en el pleno legislativo. Buena parte de ese tiempo lo dedicó a mencionar una larga lista de proyectos, desde Punta Burica a Cabo Tiburón, que se han gestionado en su administración.
Migración
Sin embargo, en su extenso informe al país, Cortizo omitió mencionar temas de mucha relevancia. Por ejemplo, no abordó la situación de los migrantes que atraviesan Panamá por la selva de Darién, para llegar a Estados Unidos. El último informe del Servicio Nacional de Migración da cuenta de que la migración irregular creció un 86% entre 2021 y 2022. En total, el año pasado ingresaron 248 mil 284 migrantes por Darién, una cifra sin precedentes y que supera el registro del año 2021, cuando se reportó un flujo migratorio irregular de 133 mil 726 personas.
¿Qué acciones ha tomado el país para garantizar los derechos de estas personas? ¿Qué pasa con aquellos que se han quedado varados en el país, tras las reformas migratorias dictadas por Estados Unidos? ¿Cómo se combate a los criminales dedicados a la trata de personas en la frontera de Panamá con Colombia? Fueron asuntos que no mencionó.
Tampoco dijo nada sobre la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Este proyecto fue adjudicado en el gobierno pasado, pero puesto en pausa luego de que la administración de Cortizo decidiera separar la tercera línea del metro del cuarto puente. La obra originalmente fue adjudicada en 2018 a las constructoras estatales China Communication Construction Company (CCCC) y China Harbour Engineering, que en cinco años debían levantar la obra, por un precio de $1,420 millones.
Minería
Sobre uno de los temas que agita a la opinión pública, la renegociación del contrato con Minera Panamá, dijo poco.”La posición de nuestro gobierno es firme, en el sentido de hacer respetar lo que establece la Constitución Política, que a continuación cito: Las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo (…) se inspirarán en el bienestar social y el interés público”, fue la única referencia al asunto.
Tampoco profundizó sobre otro de los grandes desafíos del país: el futuro del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS). El breve tiempo que dedicó al tema fue para apelar a la mesa de diálogo habilitada para este único propósito, pero esta instancia no se reúne desde hace un año. Por un tiempo, la excusa para no hacerlo es que estaban a la espera de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe ya llegó (pero igual siguen sin reunirse) y fue demoledor: advirtió sobre la reducción progresiva de los cotizantes activos y, por tanto, de los ingresos por contribuciones, el agotamiento de la reserva total en 2024 y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones, lo cual creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto del subsistema.
El diálogo por Panamá
Otro diálogo, pero esta vez el denominado “diálogo único por Panamá”, quedó completamente fuera del discurso presidencial. Cortizo no le dedicó ni un minuto, lo cual es muy extraño tomando en cuenta que las conversaciones surgieron de una de las peores crisis que le ha tocado sortear a su administración y tuvo sentados en esa mesa, por casi dos meses, a muchos miembros de su Gabinete. Todo fue transmitido por Sertv.
La mesa tuvo su origen en julio pasado, cuando miles de personas, lideradas por varios grupos sociales, salieron a las calles y trancaron las vías en protesta por la creciente corrupción y el alto costo de los alimentos, el combustible y los medicamentos, entre otros temas. La respuesta de Cortizo fue convocar a un diálogo en Penonomé, con la mediación de la Iglesia católica. Después de alcanzar acuerdos, las conversaciones se pausaron con la promesa de empezar una nueva fase, pero hasta el momento se desconoce si esas conversaciones se retomarán.
Cortizo, quien en campaña se comprometió con grupos de la sociedad civil a impulsar una agenda anticorrupción, tampoco hizo referencia a los cuestionamientos existentes por la falta de transparencia en su gobierno. Por ejemplo, no hubo reflexiones sobre recientes escándalos como el del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), luego de que saliera a relucir la asignación de auxilios económicos a allegados de políticos del Partido Revolucionario Democrático, entre otros. Tampoco hablo del estado y reducción de los subsidios, en un país en donde el gasto en subsidio supera a los aportes del Canal. Por ejemplo, en 2021, los aportes del Canal fueron de $2,080 millones, en tanto que los subsidios sumaron $2,881 millones.
En el informe presidencial tampoco hubo señales de medidas para la contención del gastos, sobre todo con la planilla estatal. En noviembre pasado, La Prensa reportó que desde julio de 2019, cuando se inició la administración del presidente Laurentino Cortizo, hasta julio de 2022, se nombraron unos 16 mil 936 funcionarios en la planilla y el gasto en salario mensual aumentó $62.5 millones, según datos registrados por la Contraloría General de la República.
