Durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada este jueves 6 de mayo, el ecuatoriano Jesús Vélez Loor aseguró que Panamá aún mantiene “la política de detención a migrantes en condiciones inhumanas”.
“Lo experiencia que viví en Panamá hoy se repite debido a los efectos que tiene la pandemia en estas personas. Lo tratos crueles, inhumanos y tortura que viví mientras estuve detenido por razones migratorias en Panamá continúan”, sostuvo.
Vélez Loor fue detenido en 2002 por Migración en Panamá y torturado tras ser acusado supuestamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2010, la CIDH falló contra el Estado, luego de que Vélez Loor acudiera a ese organismo con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“Esos tratos son experimentados por estos migrantes que ahora se encuentran detenidos con el riesgo adicional de la pandemia”, añadió Vélez Loor en la audiencia de este jueves.
Se trataba de la audiencia pública de supervisión de la implementación de las “Medidas Provisionales” adoptadas en el caso Vélez Loor vs. Panamá, dictada por la CIDH el pasado 29 de julio de 2020.
Y es que el año pasado, debido al incremento de migrantes que llegaban a Darién desde Colombia, y por el cierre de fronteras, se generó una crisis en las estaciones migratorias La Peñita y Lajas Blanca. A esto se sumó las malas condiciones de estos centros y la falta de atención básica.
La CIDH ordenó entonces al Estado adoptar todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encontraban en las estaciones de recepción migratoria La Peñita y Lajas Blancas en Darién. Igualmente solicitó al Estado que asegurara, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encontraban en estos centros.
Farah Diva Urrutia, en representación del Estado por parte de la Cancillería, dijo en la audiencia que se adecuaron los centros y se ordenó el cierre del recinto en La Peñita, el cual se concretó a inicios de este año.
Indicó que se creó una unidad de servicio unitario, donde hay miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y se capacitó a funcionarios y miembros de la Defensoría del Pueblo. Indicó que se establecieron giras médicas, y se mejoraran las carpas donde están albergados los migrantes.
Sostuvo que a cada migrante se le da seguimiento para detectar casos de Covid-19 y cada familia está en su “burbuja”. Durante su presentación se mostraron imágenes de las carpas nuevas instaladas así como la atención a las personas. Indicó que el Gobierno ha destinado unos $10 millones.
Sin embargo, representantes de la CEJIL presentes en la audiencia virtual señalaron que pese a lo ordenado por la CIDH se puede determinar que los migrantes están “detenidos”. Además, indicaron que siguen algunas falencias como el no funcionamientos de plantas para el acceso de agua potable, falta de personal médico en el sitio así como la falta de información detallada de los migrantes.
Señalaron que si bien se pudo observar que se mejoraron las condiciones de los albergues, los mismos están a su máxima capacidad.
Marcela Martino, de CEJIL, indicó que si bien reconocen avances, como el cierre del albergue en La Peñita, están recibiendo “hasta ahora” información nueva sobre el estado de los migrantes en Panamá. Según Martino, el Estado no proporcionó durante todos estos meses información detallada sobre las personas que están en estos lugares.
Añadió que tampoco ha entregado información sobre los menores de edad migrantes, sobre la atención de las mujeres embarazadas y sobre la violencia de género o sexual.
Indicó que es preocupante que estas personas son atendidas por miembros de Senafront, personas entrenadas “para la seguridad” y que están “fuertemente armadas”.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que las condiciones de las infraestructuras tuvieron arreglos pero hay cosas que deben mejorar, como la presencia de personal médico calificado para atender a los migrantes, entre otras cosas.
Por su lado, y antes de finalizar la audiencia, la presidenta jueza Elizabeth Odio Benito pidió al Estado que suministre información sobre las condiciones reales de las plantas de agua potable en estas estaciones migratorias, así como información sobre los niños que nacen en el país, con el propósito de saber si son registrados.
Igualmente solicitó información sobre si existe programa de atención para embrazadas y para mujeres víctimas de violencia sexual. Y si se han adoptados medidas para evitar hacinamientos en los albergues.
