FAMILIA. Parece que Ana Matilde Gómez no es la única defenestrada. Rubén Elías Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, se ha encontrado con que su junta directiva no le hace caso. Todo empezó cuando Rodríguez opinó a este diario que le parecía inaudito que un fiscal sorprendido cobrando una coima (en referencia a Arquimedes Sáez) tuviera a la Procuradora separada de su puesto. Ese mismo día, el Colegio redactó un comunicado de prensa, para informar que, hasta ahora, no se ha emitido “concepto alguno” con el fallo que suspende a Gómez. El comunicado lleva la firma de varios miembros de su junta directiva, menos la de su presidente. Quien sí firma, y de primera, es la vicepresidente Julie Martinelli. Por el apellido, huelgan explicaciones... Otros firmantes del comunicado trabajan o tienen relación con el Gobierno. Poco a poco, las cosas empiezan a tener explicación.
FICHAS. Dicen que ahora que el Ejecutivo tomará el control del Ministerio Público, el ex fiscal ambiental Giovanni Olmos –y amigo de José Abel Almengor– podría regresar como secretario general o fiscal auxiliar. Bueno, al menos tiene nombre italiano, lo que en estos tiempos es muy útil. Otro que también quiere apoltronarse en esa institución es José Nelson Brandao, allegado del secretario de Comunicación, Alfredo Prieto. A ese ritmo, van a tener que cambiar el nombre a Ministerio Privado.
PRECAVIDA. La Procuradora, que el jueves tenía una cita con la Fundación de Ética y Civismo –para informar sobre los avances en el caso Cemis–, adelantó la reunión. Así evita que más adelante, cuando se haya ido, quieran cargarle la culpa, o le saquen un “informe” hecho por consultores.
