Olmedo Arrocha, magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer que se solicitó por insistencia el aumento salarial de 4 mil dólares mensuales para los magistrados, una medida que fue aprobada inicialmente el pasado 8 de enero por el pleno del Órgano Judicial.
A través de sus declaraciones a los medios de comunicación, Arrocha dejó claro que, a pesar de la controversia generada por esta solicitud, la Corte se mantiene firme en su posición y continuará con los trámites necesarios para hacer efectiva la petición.
El magistrado destacó que, desde el punto de vista jurídico, la Corte únicamente cumple con lo que establece la ley y la Constitución. “Nosotros solo podemos ver este tema desde el punto de vista jurídico. La Corte Suprema de Justicia aplica la ley y la Constitución. Los temas de conveniencia los respetamos, pero nuestra labor está estrictamente regida por el marco legal”, afirmó.
Arrocha explicó que, según la ley y la Constitución, las gestiones administrativas relacionadas con el aumento salarial se encuentran dentro del presupuesto general del Estado, un espacio en el cual se realizan los filtros pertinentes. De hecho, subrayó que es en este punto donde pueden surgir reparos y ajustes, pero que la Constitución y la ley permiten avanzar en este tipo de trámites.
“La ley de la Contraloría es muy clara en el artículo 77. Si nosotros insistimos, se tiene que refrendar, y esa es la oportunidad para comentar lo siguiente”, destacó el magistrado.
Además, Arrocha subrayó la importancia de que cada institución pública tenga claro cuál es el límite de sus funciones. En este sentido, explicó que la Contraloría, como órgano fiscalizador, tiene la facultad de controlar tanto de forma previa como posterior, pero no de coadministrar. Este punto fue enfatizado con un tono firme, sugiriendo que el trabajo de la Corte se ajusta a los parámetros establecidos sin interferencias externas. “Nosotros cumplimos tanto económica y financieramente como legalmente”, aseveró.
Sobre las preguntas acerca de si los magistrados insistirían en su solicitud de aumento, Arrocha fue tajante. Aseguró que el proceso ya había avanzado y que la Corte había enviado informes detallados al contralor, donde se explicó técnicamente la justificación del aumento. “¿Van a insistir? Sí, ya se insistió”, concluyó el magistrado, dejando claro que el tema está en manos de las autoridades pertinentes para su revisión final.
Posición del contralor
Esta semana, el contralor de la República, Anel Bolo Flores, abordó públicamente el tema del aumento salarial solicitado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En su intervención, Flores dejó claro que, aunque el aumento, que elevaría el salario de los magistrados a más de 14,000 dólares mensuales, aún no ha sido refrendado, existe la posibilidad de que, si lo envían nuevamente, sea aprobado por insistencia, ya que así lo establece la normativa.
No obstante, el contralor no dejó pasar la oportunidad de hacer un llamado a la reflexión, solicitando empatía con la delicada situación económica que atraviesa el país, que actualmente enfrenta una serie de desafíos fiscales y sociales.
Flores también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a los funcionarios públicos que han solicitado aumentos salariales en este contexto económico. Subrayó que, tras varios años de derroche, este no es el momento adecuado para nuevas demandas salariales.
El rechazo
El pasado lunes 20 de enero, varios diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su rotundo rechazo ante el aumento salarial aprobado para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Consideraron el beneficio como una “cachetada” al pueblo panameño y lo calificaron de “extraordinario” y completamente alejado de la realidad económica que atraviesa el país.
La medida, acordada por los magistrados en una sesión del pleno el 8 de enero, contemplaba un aumento salarial del 66.7%, que elevaría significativamente sus ingresos, lo que generó un profundo malestar en varios sectores políticos.
El incremento, que los magistrados pretendían hacer efectivo a partir de febrero, fue justificado como un esfuerzo para equiparar los salarios de los jueces panameños con los de sus colegas en la región. Sin embargo, este argumento no convenció a muchos, especialmente a los miembros de la Asamblea, que cuestionaron la oportunidad de aplicar un ajuste de esa magnitud en un momento donde las finanzas públicas atraviesan una difícil situación.
El diputado Jhonathan Vega, en particular, no ocultó su sorpresa y descontento al señalar que el aumento de más de 4 mil dólares representaba un “incremento extraordinario” y un privilegio que solo beneficia a una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población panameña enfrenta restricciones económicas.
“Me sorprende que los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hayan incrementado nada más y nada menos que más de $4 mil. Un incremento definitivamente extraordinario. Prácticamente se incrementaron la mitad de su salario, pero esto no es nada nuevo, es algo que pasa comúnmente en nuestro país, pero al pueblo se le exige que se le incremente la edad de jubilación. El pueblo siempre paga los platos rotos”, añadió.
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